#ProyectoCOCA | El gabinete de Iván Duque no se pone de acuerdo en cuál es la mejor manera de enfrentar el problema de la coca.
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Un mes después de llegar a la Casa de Nariño, el gobierno de Iván Duque aún no ha fijado su estrategia para salir de la coca y –como ha contado Proyecto Coca– él mismo ha sido muy ambiguo sobre cómo resolver el problema.
Hasta el momento, él y su gobierno se han enfocado en el diagnóstico: los cultivos de coca, que venían en picada en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, se dispararon a su pico más alto en el segundo. En los próximos días, Naciones Unidas hará público el último censo anual de coca en el país, que muestra la foto de los cultivos de uso ilícito hasta diciembre de 2017 y que evidenciará un aumento hasta, por lo menos, unas 177.000 hectáreas en el país
¿Cómo proponen los duquistas que se debería enfrentar –en palabras de sus funcionarios y aliados políticos- “el mar de coca” que heredó?
Revisamos lo que han dicho las personas de los círculos alrededor de Duque en estos últimos dos meses y encontramos que no solamente no tienen una visión similar del problema o de sus soluciones, sino que incluso se contradicen y refuerzan la esquizofrenia que ya era visible en los discursos de posesión del 7 de agosto.
Mientras unos jalan hacia la sustitución, otros a la erradicación forzada fumigando con glifosato. Y, aunque estas dos estrategias podrían convivir si se enfocara la primera en los campesinos más pobres y la segunda en los narcos con cultivos grandes, hasta ahora ninguno ha abordado las dos opciones como una estrategia coordinada, sino que cada uno se centra en una sola.
El Comisionado de Paz quiere sustituir
Miguel Ceballos, el nuevo Alto Comisionado de Paz que estuvo en la renegociación del Acuerdo de paz de la mano de Marta Lucía Ramírez, en principio no estará a cargo de la sustitución de coca (ese sería el Consejero para la Estabilización Emilio José Archila) pero ha dado algunas puntadas de qué rumbo tomarán.
En entrevista con María Isabel Rueda, el ex viceministro de justicia dio un parte de tranquilidad a los campesinos que arrancaron la coca y que –como ha contado Proyecto Coca– están asustados ante la incertidumbre de qué va a suceder con los procesos de sustitución que ya iniciaron. “Se van a respetar los acuerdos de sustitución voluntaria que hasta el inicio del gobierno estaban pactados”, dijo.
Pero también dejó la puerta abierta, sin elaborar, para retornar a la aspersión aérea. “Habrá política de erradicación respetuosa de los protocolos establecidos por la Corte Constitucional”, dijo.
El MinDefensa quiere fumigar
Guillermo Botero, el nuevo ministro de Defensa y encargado de la seguridad nacional, ha sido el miembro del gabinete que ha defendido ideas más contradictorias, reflejando la esquizofrenia de Duque frente a qué hacer con la coca.
Ha sido el principal expositor de la falacia de que “se acaba la erradicación voluntaria y se vuelve a la forzosa” (porque, como hemos contado, con el Acuerdo de paz era mano a mano con las comunidades mas nunca opcional) y ha insistido en público en que “ha vuelto la lucha contra los cultivos ilícitos”. Ha dicho, ya en el cargo, que el Gobierno estudiará si retoma la fumigación aérea y defendió el glifosato porque a él le funcionó en su finca. “Uno tiene que reconocer que el glifosato es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Yo como agricultor que he sido lo he usado con resultados estupendos y sin que causara daños en las personas que lo aplican”, dijo en La W.
Pero también ha dejado la puerta abierta a que haya un enfoque más social para salir de la coca, al que llama –usando un término en desuso en el mundo del desarrollo- ‘asistencialismo’. “Hay que entrar con todas las entidades asistenciales: Prosperidad Social, Sena, ICBF, Familias en Acción, para tratar de darle todo el asistencialismo posible a esas personas que están dedicadas a los cultivos ilícitos. Una vez entren esas entidades procederemos a la erradicación, que ya no será voluntaria sino obligatoria”, dijo recién posesionado. Sobre soluciones puntuales para sacar a los campesinos de ese cultivo y ayudarlos a pasar a actividades legales, Botero no ha dicho nada.
El MinAgricultura quiere sustituir
Andrés Valencia, el exlíder gremial avícola que ahora dirige el ministerio clave para los proyectos legales de los campesinos que sustituyen coca, ha hablado poco de sustitución de coca hasta ahora, pero mucho de los temas que más necesitan para que sean viables: bienes públicos rurales como vías y centros de acopio, titulación para los que tienen tierra pero no escrituras (y, por ende, no pueden pedir préstamos en el Banco Agrario) o acceso a mercados externos.
“No siempre el productor de coca busca rentabilidad, también busca una situación donde no haya violencia, que haya presencia del Estado y bienes públicos, de tal manera que lo que cultiven puedan sacarlo al mercado”, le dijo a La FM tras posesionarse.
Desde que entró ha puesto como ejemplo los modelos asociativos con empresarios grandes como el de palmicultores en Tibú, que pueden funcionar en algunas regiones pero difícilmente darle empleo a unos 100.000 cocaleros que podría haber en el país (si se creen las cifras del programa de sustitución de Santos). También ha hablado de cacao y frutales amazónicos.
El embajador ante Trump quiere fumigar
Pacho Santos, el nuevo embajador en Estados Unidos que no tiene experiencia en política de drogas pero fue clave en las relaciones con los gringos cuando fue vicepresidente de Álvaro Uribe, ha emergido en la última semana como el gran defensor de fumigar con glifosato.
“La Corte Constitucional tiene que entender que debe volver, pues estamos ante una emergencia social, económica y de seguridad nacional. Tiene que volver, entendiendo las restricciones”, dijo en una entrevista esta semana y subrayó que “no hay otro producto que sea así de efectivo como el glifosato”.
Aunque Pacho se ha cuidado de subrayar que es necesario tener en cuenta las restricciones sobre el glifosato, está abogando por volver rápidamente a usarlo y está insistiendo en que esa es una visión que comparte el gobierno de Trump. De hecho, para respaldar su argumento Pacho usa la cifra de 209.000 hectáreas de coca del Departamento de Estado gringo (que solamente muestrea un 13% de los cultivos del país), en vez de la cifra más rigurosa –y de todas maneras alta- de 177.000 que maneja el último censo anual de coca de Naciones Unidas, que sale en estos días pero que el Gobierno ya conoce.
“Obvio hay que buscar mecanismos donde se haga más abajo, con helicópteros, con un tema perimetral más cerrado”, dijo, sin explicar todavía cómo se cumplirían los requisitos que fijó la Corte Constitucional cuando prohibió el uso del glifosato después de que la Organización Mundial de la Salud elevara su categoría a ‘probablemente cancerígeno’.
En todo caso, el nuevo embajador se está cuidando de decir que el glifosato se usaría contra los cultivos industriales ligados a las redes criminales internacionales (“prefiero estar del lado de Estados unidos que del Cartel de Sinaloa”). Y no ha hablado de soluciones para sacar a los campesinos de ese cultivo, pese a que Estados Unidos ha sido el mayor aliado externo de los programas de sustitución de cultivos en el pasado y podría jugar un rol importante hoy de nuevo.
Marta Lucía, sola en hablar de enfoque integral
La vice de Duque juega un papel clave porque dos de los altos funcionarios centrales en lo que se haga por salir de la coca llegaron al Gobierno por ser cercanos a ella: el Comisionado de Paz Miguel Ceballos y el Consejero para el Posconflicto Emilio José Archila (que no se ha pronunciado públicamente sobre un programa -el de sustitución- que estará bajo su ala).
Ramírez aún no ha hablado mucho de coca, aunque conoce el problema de primera mano porque fue Ministra de Defensa el primer año del gobierno Uribe (bajo su mandato la coca bajó levemente de 100.000 a 90.000 hectáreas).
“No vamos a ahorrar ningún esfuerzo para hacer una guerra sin cuartel al narcotráfico pero también atacaremos con programas sociales”, le dijo a El Mundo español. Es un mensaje parecido al que había mandado una semana antes de posesionarse, cuando defendió que “vamos a dedicarnos de fondo a terminar el cultivo de coca, a impedir que siga creciendo, erradicar y sustituir cuanto antes. Para esto hay que tener programas de desarrollo alternativo, para que los campesinos puedan tener una fuente de ingresos diferente de la coca”.
Ha sido la más vocal en subrayar que cualquier solución de erradicación debe cumplir protocolos de salud. “La lucha contra la coca hay que darla con toda la capacidad técnica, los químicos que se utilicen deben ser los que no afecten a la salud”, dijo en julio.
La MinJusticia no quiere tirar línea
Aunque la nueva ministra de Justicia Gloria María Borrero no ha hablado mucho del tema, ha dejado claro que el Gobierno está analizando si se regresa a la aspersión aérea y que está estudiando con cuidado el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema.
En ese sentido, ha mantenido una línea parecida a la de Duque, que hace dos días dijo que “en la política integral que estamos desarrollando queremos que esos protocolos [de política de drogas] vean reflejados de tal manera que cualquier acción que nosotros vayamos a emprender este soportada en el fehaciente cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional [sobre el riesgo del glifosato]”.
En todo caso, Borrero ha aclarado que “aún no está tomada la decisión de volver al glifosato”.
