OPINIÓN | Para las comunidades de Córdoba será complicado alcanzar la paz si siguen siendo víctimas de discriminación al no contar con cobertura de servicios básicos.
Por: Elkin J. Morales del Toro* y Álvaro Gaitán**
Según el informe de diciembre 2018 de Naciones Unidas sobre los avances que se han realizado en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible 2030, el problema de la escasez de agua afecta hoy en día a más del 40% de la población mundial y se prevé que ese porcentaje vaya en aumento en los próximos años. Tan solo en Colombia según los datos del Ministerio de Vivienda para febrero de 2019, cerca de 121 municipios reportaron afectaciones para acceder al suministro de agua potable, situación que se agrava más en las temporadas de sequía. Asimismo y según cifras del DANE cerca del 75% de las zonas rurales del país, no cuentan con cobertura de agua segura, lo que significa que no tienen acceso a un derecho fundamental, casi comparable con el derecho a la vida.
Uno de los departamento más afectados en Colombia por esta problemática es el departamento de Córdoba, que posee irónicamente una cuenca hidrográfica importante conformada principalmente por los ríos San Jorge y Sinú que proveen de agua a la mayoría de las poblaciones de la región. Es así como en lo que va del 2019, cerca de 11 municipios de este departamento (de los 30 que hay en total), han presentado dificultades para acceder a este derecho, situación que complica aún más las condiciones de vida para estas poblaciones rurales y apartadas que conviven día a día con la pobreza, las consecuencias de la violencia, el desplazamiento forzado, la deficiente cobertura en educación, la corrupción, entre otros, factores que no permiten que estas personas puedan tener una existencia en paz.
Esta realidad es evidente en municipios como Tierralta, en el que poblaciones como la del reasentamiento del Rosario, o la de las veredas Lorenzo Arriba, Lorenzo Abajo, las del barrio Virgilo Vargas, o en Puerto Libertador en el corregimiento de San Juan, en las veredas Minas del Alacrán o las Claritas, los índices de calidad de agua superficial con la que diariamente conviven sus pobladores, presenta niveles muy por encima del rango permitido en los parámetros microbiológicos de coliformes fecales. Esto significa que las personas de estas comunidades aún hoy tienen que convivir con agua de muy mala calidad, lo que sin duda tiene un impacto negativo en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, quienes presentan altos índices de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, y que según datos de la ONG Suiza Tdh (Terre Des Hommes – Lausanne) comprende al 58.8% de los niños y niñas menores de 5 años de estas poblaciones, quienes han sufrido una de esta enfermedades tan solo en el segundo semestre de 2018.
El problema del acceso al agua segura parece irreal cuando se habla de un departamento como este que es rico en tierras cultivables, que posee importantes extensiones de terrenos para la ganadería, que cuenta con importantes zonas de explotación de minerales y de recursos naturales, concentrando a una población que no supera el millón setecientos mil habitantes (en 2013). Este departamento como muchos otros en la actualidad, debe enfrentar los desafíos que supone el conflicto entre grupos armados que tienen presencia en la zona (clan del golfo, delincuencia común, disidencias de las farc y de paramilitares) y que se disputan los territorios principalmente con fines de narcotráfico. La minería ilegal es otro problema al que se enfrentan estas comunidades, incidiendo directamente en los procesos de contaminación indiscriminada de las fuentes hídricas con metales pesados, problemática generada principalmente por desconocimiento y falta de educación medio ambiental.
Es así como se plantean muchos retos para las regiones rurales en Colombia, quienes sin duda merecen que se les reconozca su derecho fundamental al acceso a agua segura y con esto a su derecho a la salud y la vida. Será muy complicado para estas comunidades alcanzar la paz, cuando aún hoy siguen siendo víctimas de la discriminación al no contar con cobertura de servicios básicos tan importante como lo es el acceso al agua segura. Estas poblaciones deben ser acompañadas por una mayor inversión en infraestructura que garantice la cobertura de sus servicios básicos como el alcantarillado y el acueducto, la educación, vías en buen estado, etc; condiciones dignas que les permitan a estas mismas comunidades su empoderamiento, asegurando el acceso a sus derechos plenos para cumplir cabalmente con lo que plantea la Organización de Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo 2030.
*Ingeniero Sanitario y Ambiental – Coordinador Programa de Agua de la Fundación Terre des hommes
**Oficial de comunicaciones en Terre des hommes Latinoamérica.
