El jueves empieza una nueva ronda de negociaciones en La Habana. La creación de un modelo de justicia transicional que satisfaga a las víctimas, a las partes y a la comunidad internacional, está en el centro de la agenda.
El tema va y viene sin que parezca haber puntos de acuerdo. Para las Farc, hacer justicia por medio de la reclusión de sus hombres en las cárceles oficiales es una opción que ni siquiera consideran. El Gobierno, prudente, no profundiza mucho en el mecanismo, pero insiste en la necesidad de ser creativos en materia de penas para los máximos responsables de todos los actores y blindar el proceso de una eventual intervención de una corte internacional.
Lo mismo dicen algunos analistas que consideran que la reclusión es el único mecanismo para evitar que luego se asuma que la justicia colombiana no funcionó y se pongan en jaque los acuerdos. Incluso, desde la oposición se han planteado fórmulas como la concentración en centros de reclusión alternativos al mejor estilo del proceso de sometimiento con los paramilitares.
Sin embargo, cualquier idea es por ahora especulación. El ciclo 40 del proceso de diálogo, que se inicia este jueves, empieza reforzado por la presencia de los asesores jurídicos de las Farc y el Gobierno para abordar ese tema y por la llegada de los delegados de la ONU y Unasur para avanzar en la discusión técnica sobre el cese al fuego bilateral definitivo y la dejación de las armas por parte de la guerrilla.
Al mismo tiempo, está ambientado por las más recientes declaraciones de Rodrigo Granda. El negociador insurgente dijo en una entrevista a un medio radial que todos los integrantes de las Farc que se encuentren presos deben salir de las cárceles si se pretende que un acuerdo de paz sea “estable y duradero”.
“En este momento el gobierno colombiano tiene que entrar a estudiar y a revisar estos casos de la gente que pertenece a las Farc y que han sido condenadas, procesadas por rebelión o por cualquier otro delito conexo con el delito político”, dijo el negociador.
Y en esa misma línea volvió a aparecer el tema de alias Simón Trinidad, el comandante de las Farc que permanece preso en una cárcel de Estados Unidos y cuya imagen, o por lo menos una fotografía suya en tamaño gigante, ha sido el caballo de batalla de la guerrilla para dar cuenta de su posición sobre la extradición y, en particular, exigir que Trinidad sea liberado para que se sume a la mesa de diálogo.
Lobby por lo alto
El tema de la justicia no se agota en los micrófonos. El lunes se conoció que varios negociadores de las Farc, encabezados por Iván Márquez, se reunieron durante el fin de semana con Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional.
Según Caracol Radio, medio que conoció los detalles de la reunión, el propósito de la conversación giró en torno a los mecanismos para que no existan contradicciones entre los eventuales acuerdos que surjan de La Habana y el derecho internacional.
Si bien Moreno Ocampo aclaró que asistió a Cuba gracias a la gestión del líder espiritual Sri Sri Ravi Shankar y no en representación de un organismo de justicia internacional, la reunión da cuenta del interés de las Farc por aclarar sus posturas pero, al tiempo, exponer por sus propios medios su forma de entender la justicia transicional en el escenario internacional.
La reunión no es de poca importancia pues, en octubre del año anterior, Moreno afirmó que la reclusión para los máximos responsables de las Farc y del Estado sería un mecanismo necesario para garantizar la reparación de las víctimas.
El encuentro de este fin de semana habría servido entonces para que las Farc aclararan algunas de sus dudas sobre el tema y, por lo poco que se conoce, también habría sido últil para reconocer los matices de las advertencias previas, toda vez que Moreno aseguró que la posición de la CPI busca establecer una hoja de ruta y que la posibilidad de encontrar penas alternativas está abierta.
El martes, también en diálogo con Caracol, el exfiscal precisó su postura y, en referencia a anteriores declaraciones de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que “ha manifestado claramente que se acepta penas alternativas. Es muy simple y no debería causar confusión. Los líderes de las Farc están condenados, lo único que hay que discutir son las penas a pagar. No necesariamente tienen que ser reclusiones en celdas”
En definitiva, sobre el tema de la justicia, que hace parte del punto de la agenda general sobre víctimas, se centrarían los mayores esfuerzos en el ciclo que comienza. La motivación es tal que, desde el propio Gobierno, se ha dicho que un acuerdo en ese sentido facilitaría la tregua bilateral que tanto han reclamado las Farc y sectores de la sociedad civil desde el inicio mismo de los diálogos.
Las consultas de alto nivel y el apoyo de los expertos ambientarán la discusión que de conducir a un acuerdo en el corto plazo representaría superar uno de los mayores nudos que ha sufrido el proceso de negociación.
