‘El apoyo al proceso de paz le está costando la vida a los líderes sociales y políticos’: MOE

En su primer informe sobre el plebiscito, la entidad aseguró que 11 líderes sociales han sido víctimas.

En su primer informe sobre la campaña del plebiscito, con el que se refrendará o rechazará el Acuerdo Final alcanzado en La Habana, la Misión de Observación Electoral (MOE) se declaró “preocupada” por la violencia política que ha desatado el debate en torno a lo pactado entre el Gobierno y las Farc.

De acuerdo con la entidad, la polarización ha afectado negativamente a líderes, alcaldes, concejales y miembros de juntas de acción comunal. En lo corrido de 2016, según la Misión, 15 colombianos con esas características han sido asesinados o amenazados en los lugares donde se instalarán las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios en los que las Farc dejarán las armas e iniciarán su proceso de reincorporación [1].

Esas 15 personas representan el 6.7% del total de víctimas de violencia social y política que la MOE ha registrado entre enero y septiembre de 2016. Son siete amenazas, una desaparición, dos atentados y cinco asesinatos que hacen parte de los 223 hechos que se han presentado a la fecha. De esa última cifra, 150 casos son amenazas y 43 son asesinatos, todos contra funcionarios elegidos popularmente y líderes políticos y sociales.

Los 15 crímenes que alertaron a la Misión ocurrieron en Tumaco (Nariño), Fonseca (La Guajira), Planadas (Tolima), Puerto Asís (Putumayo), Arauquita y Tame (Arauca), Buenos Aires y Corinto (Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). En cuanto a la filiación partidista de las víctimas, la MOE asegura que “la violencia política y social en Colombia no se ejerce contra una filiación política en particular, sino que es un recurso de acción política empleado contra líderes de todas las vertientes”.

Sin embargo, los datos arrojados por esa organización dan cuenta de que ese tipo de violencia se ha ejercido particularmente contra integrantes de movimientos de izquierda o de partidos de la coalición de Gobierno, que respaldan el proceso de paz. Así, el Partido Liberal reportó dos víctimas; la Alianza Social Independiente (ASI), dos; el Partido de la U, una; Marcha Patriótica, una, y la Alianza Verde, una. Las excepciones son Opción Ciudadana —antiguo PIN— y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), ambos de derecha y cada uno con una víctima de amenazas. Las otras siete víctimas, de las cuales cinco son de asesinato, fueron reportadas sin filiación partidista.

Según la MOE, los más afectados por la violencia política en las Zonas y Puntos han sido los dirigentes sociales, que “han terminado asesinados presuntamente por razones vinculadas a la promoción de la opción del ‘SÍ’ en el próximo plebiscito, como ocurrió en el caso de los tres indígenas Awá en el municipio de San Andrés de Tumaco o el asesinato de la líder Cecilia Coicué, que era propietaria de uno de los predios donde se ubicará un punto campamentario en Corinto, Cauca”.

Fue justamente la muerte de Coicué, ocurrida el pasado 7 de septiembre, la que prendió las alarmas sobre las garantías de seguridad con las que cuentan los líderes y los habitantes de las zonas donde se instalarán los campamentos guerrilleros. En su finca, ubicada en la vereda La Cominera, se concentrarán entre 300 y 400 hombres de la columna Gabriel Galvis y del frente Sexto de las Farc. Allí viven indígenas Nasa y agricultores que decretaron de facto una Zona de Reserva Campesina.

Cecilia es la tercera integrante de Marcha Patriótica y de la Asociación Pro-Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Corinto que asesinan este año.

Pese a que Cecilia Coicué era la dueña de esas tierras y a que militaba en Marcha Patriótica, en la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, el Ministerio de Defensa y la Policía del Cauca declararon que su homicidio no estaba relacionado con su militancia ni con su condición de propietaria de una de las fincas donde se ubicarán las Farc. Ambas entidades sugirieron que el crimen obedeció a “problemas” familiares o vecinales.

Pese a ello, Cristian Delgado, coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, asegura que “Cecilia es la tercera integrante de Marcha Patriótica y de la Asociación Pro-Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Corinto que asesinan este año, en un área donde hay bandas criminales al servicio del narcotráfico, bandas herederas del paramilitarismo y fuerte presencia del Ejército”. También dijo que “de momento no hay ningún protocolo de seguridad o de protección para los dueños de los predios de las Zonas Veredales”.

Jorge Dicué, gobernador indígena del Resguardo de Corinto, dice a propósito del crimen que “nosotros nos declaramos vulnerables. Ahora que las Farc —que eran el talón de Aquiles del Gobierno— están en su etapa final, las organizaciones campesinas, las comunidades afro y el movimiento indígena, que tenemos otra forma de gobernar, quedamos expuestos a señalamientos y amenazas”. El gobernador asegura que este año han circulado dos panfletos en Corinto firmados por las Águilas Negras, en los que se califica a los indígenas como guerrilleros.

De acuerdo con la MOE, en lo corrido de 2016 también se han registrado 13 hechos de violencia política relacionados directamente con el plebiscito, 11 de los cuales fueron dirigidos contra líderes sociales —ocho fueron asesinados; dos, amenazados, y uno fue víctima de un atentado—. Para la entidad, la cifra “resulta preocupante, porque evidencia la vulnerabilidad de la sociedad civil en la participación activa para la refrendación del proceso de paz”.

Este miércoles, los ministros de Defensa y del Interior dirigieron una reunión de alto nivel para “analizar el tema de seguridad de defensores de derechos humanos”. Ambos funcionarios entregaron un balance según el cual ocho casos ocurridos entre enero y mayo ya “fueron esclarecidos o están con sólidas hipótesis para resolverlos, y hay personas judicializadas y capturadas”. En cuanto a los asesinatos ocurridos recientemente en Nariño y Cauca, declararon que “están siendo investigados”.

Los ministros también informaron que se han reforzado los dispositivos de seguridad en Zonas y Puntos, particularmente con la llegada a esas áreas de hombres y mujeres de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep).  Asimismo, aseguraron que Cauca y Nariño están siendo objeto medidas adicionales, que incluyen una mayor militarización de los territorios.

La MOE también denunció que, a la fecha, no es posible consultar los ingresos y los gastos de los comités que se inscribieron para participar en el campaña del plebiscito y pidió que se aclaren las funciones de los tribunales de Garantías y Vigilancia Electoral.

[1] La MOE incluye en su base de datos otros cuatro municipios que ya fueron descartados por el Gobierno, aunque no públicamente: Mapiripán (Meta), Cumaribo (Vichada) y Tame (Arauca), así como Calamar (Guaviare). Este último nunca fue anunciado por el Ministerio de Defensa como parte de las áreas de concentración, pero según la MOE “hizo parte de las visitas realizadas por el mecanismo tripartito para inspeccionar los requerimientos técnicos” de Zonas y Puntos.