El agarrón entre afros que tiene frenada la reparación de Palenque

Las comunidades se enfrentan para constituir un consejo comunitario. Mientras no lo tengan el Estado no puede iniciar la ruta de reparación.

POR DANIEL MONTOYA 

La gente de la vereda La Bonga, en San Basilio de Palenque, se vio obligada a salir desplazada por el conflicto el 16 de abril de 2001. Quince años después, luego de haber sido declarados por la Unidad de Víctimas (UV) sujeto de reparación colectiva, los bongueros siguen luchando por una reparación que no llega. Más que por razones institucionales, el proceso en la UV está parado por agarrones entre la misma comunidad, pues hoy no logra establecer un Consejo Comunitario que le dé permiso a las instituciones de seguir adelante.

Lo que se conoce de Palenque es casi un estereotipo: sonrisas largas de dientes enormes en una comunidad sin acceso al agua; personas afro con ropa de colores fuertes y llamativos; una habilidad para bailar envidiable; ritmos africanos y cubanos mezclados con sonidos modernos a todo volumen y un rico pasado que lo señala como el primer pueblo libre de América, ya que en 1961 se independizaron de los españoles.

San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mahates, ubicado a tan solo una hora de Cartagena. Está justo en las faldas de los Montes de María. El pueblo es más bien citadino, cartagenero, y sus veredas, como La Bonga, son más bien campesinas, montemarianas.

La historia colorida de Palenque contrasta con la estela de violencia que trajo el conflicto armado: en 2001, tras el incesante hostigamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cientos de campesinos de la Bonga dejaron sus tierras para llegar casco urbano de Palenque. La acción de los paramilitares obligó a bongueros y palenqueros a vivir juntos. A compaginar sus dos mundos.

Los bongueros llegaron con lo que pudieron agarrar. Los ubicaron en la Institución Técnico Agropecuaria Benkos Biohó. Durante seis meses vivieron allí hombres, mujeres, niños, un par de animales que se trajeron de sus fincas y lo que lograron recoger de cultivos para sobrevivir un tiempo. En total se desplazaron 57 familias. El hacinamiento era inclemente.

Cuando llegaron a Palenque, los bongueros no recibieron el apoyo que esperaban. Por el contrario, se sintieron discriminados porque los palenqueros decían y repetían: “si los desplazaron, por algo será”, o “algo malo tenían que estar haciendo”.

En diciembre de 2001, la Unión Europea y la Pastoral Social les consiguieron 57 casas en un asentamiento conocido como San Rafael de La Bonga, en el Barrio Arriba, más conocido como ‘La Bonguita’. Una casa por cada familia que había llegado desplazada.

Los dos mundos se quedaron a vivir en el mismo pueblo, entre las mismas cuadras y entre el consejo comunitario que rige en San Basilio de Palenque por ser considerada comunidad afrodescendiente. La tensión entre lo rural y lo urbano se volvió tan fuerte que cada uno creó un consejo comunitario, y a la final, se anularon entre sí. En 2007, los agarrones desencadenaron en que la gente de Palenque perdiera su representante legal.

Al ritmo de la política

En 2007, los bongueros, afanados porque no se les incluía en los planes que el consejo comunitario adelantaba, decidieron crear uno propio. Parte del pueblo estaba a favor de ellos, pero otra parte, la mayoría, seguía apoyando al consejo existente.

La diferencia entre los dos consejos comunitarios era clara: uno, el de los desplazados, tenía luchas  propias de las asociaciones de víctimas; y el otro, el de los “urbanos”, se enfocaba en salvaguardar la cultura palenquera. Se demandaron entre ellos, una y otra vez, hasta que ambos perdieron el reconocimiento legal, de tal forma que hoy ninguno de los dos es reconocido por las agencias del Estado.

Sin una representación legal, ni los palenqueros ni los bongueros tienen cómo recibir algún tipo de cooperación nacional o internacional. Para Primitivo Pérez, que fue líder del consejo integrado por víctimas, “la principal afectada es la comunidad porque no hay forma de gestionar proyectos y recursos a tiempo”.

Y tiene razón. En 2012, tras la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, la vereda de La Bonga fue priorizada por la UV para recibir reparación por el asesinato de Julián Herrera, Dílson Miranda, Senen Miranda y Manuel Valdez Fruto el 3 de febrero de 2001. Pero como no hay un consejo comunitario reconocido, la reparación se congeló. El Estado, en sus papeleos, no tuvo con quién sentarse a discutir cuál es la mejor forma de repararlos.

La soberanía que le otorga a Palenque ser una comunidad afrodescendiente es una bendición y una tortura: por un lado se respetan sus tradiciones y por otro, al estar tan fragmentados entre guardianes de la cultura y representantes de las víctimas, son incapaces de encontrarse en la mitad. El Estado no se mete, y ellos no resuelven.

Ambos grupos han obtenido medianos beneficios por la situación. La comunidad de La Bonga ha recibido mayor visibilidad por parte de organizaciones internacionales, fundaciones y oenegés atraídas por el reconocimiento cultural que tiene Palenque tras haber sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2005. De igual manera, la gente del casco urbano ha disfrutado de la llegada de la Fundación Semana, Carvajal y Saldarriaga Concha, así como del Plan Palenque 2015 de la Gobernación de Bolívar. Todas, iniciativas destinadas en un principio a las víctimas pero que, con el paso del tiempo, han encontrado un objetivo en mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

La mayoría de ayudas que han llegado a Palenque son ‘acaparadas’ por las personas del casco urbano. Según Yaneth Santana, líder de la comunidad de La Bonga, “en Palenque se hicieron 150 casas nuevas, 60 mejoramientos de vivienda y cerca de 100 baños y cocinas, y el bonguero no recibió nada. Hay viviendas de ‘La Bonguita’ (el barrio) que, como no tienen baño ni cocina, tampoco les construyeron alcantarillado”.

A los bongueros, por su parte, les han llegado proyectos productivos que tienen un muy bajo impacto.  Para Ignacio Herrera, campesino de La Bonga, “da lo mismo los proyectos que recibimos. Nos dan unas semillitas y una capacitación, pero eso no me da para comer”. Y es que esos proyectos los entregan para realizarlos en la vereda, de donde fueron desplazados. Todos los días, para trabajar su tierra, la gente tiene que caminar cerca de 20 km y, así, no es posible generar nada sostenible, ni fomentar un retorno.

La lucha de las víctimas

Lo que busca la comunidad de La Bonga es sencillo: retorno. Volver a su tierra, a cultivarla, trabajarla, a dormir en ella, a pensar en ella. Que sean de nuevo una comunidad rural. Por eso se organizaron en 2007.

Yaneth Santana asegura que si no había un bonguero presente en las reuniones que sobre el municipio o la comunidad, nadie hablaba de víctimas. Según ella, “se hablaba de personas vulnerables, pero nunca hubo un plan específico para tratar a las víctimas”.

El 9 de marzo del año pasado, las víctimas se cansaron de sentirse silenciadas. Marcharon desde el puente de Turbaco hasta la Gobernación de Bolívar, en el barrio Manga de Cartagena. Caminaron los 21 km completos que separan la entrada a la capital del departamento hasta su gobernación. Gritando “no venimos como palenqueros, venimos como víctimas”, pidieron una reparación integral.

La Bonga recibió el apoyo de varias comunidades rurales de los Montes de María, pero poco de los palenqueros. Salieron de Todosonrrisa, Paraíso y Catibal, veredas del municipio de Mahates; San Pablo y Boca San Juan, del corregimiento de María la Baja; y tan solo 11 de las 3500 personas que viven en el casco urbano de Palenque. En total eran cerca de 1000 marchantes.

Exigieron el retorno a sus veredas, la restitución legal de sus tierras, una mejor educación para sus hijos, la construcción o mejoramiento de vivienda, el arreglo de las vías que van hacia los corregimientos y municipios aledaños para poder comercializar sus productos y, especialmente, proyectos productivos para que su retorno sea sostenible.

En abril, tras la marcha, Palenque, en su conjunto, fue declarado sujeto de reparación colectiva  y pronto la UV llegó para levantar los testimonios de las víctimas y un plan de reparación colectiva. Según cuenta Yaneth Santana, “la reparación traerá proyectos productivos, un mejoramiento en la vía que comunica a Palenque con La Bonga, la escuela de la vereda y un lugar para la memoria”.

Con la declaratoria de ‘sujeto de reparación’ se creó un rumor en el pueblo: cada persona recibiría una reparación económica equivalente a 27 salarios mínimos. Entonces se conocieron decenas de testimonios de victimizaciones de muchos palenqueros, de los del casco urbano, los que no congenian muy bien con los bongueros. “La gente no marchó, no caminó con nosotros, pero ahora más de 150 se han acercado a declararse víctimas para recibir la reparación”, cuenta Yaneth.

Ahora, casi un año después de que se declaró a Palenque sujeto de reparación colectiva, la UV no ha vuelto a aparecer y todos los días a Yaneth le preguntan “¿cuándo va a llegar la plata?”.

Carolina Albornoz, subdirectora de la UV de reparación colectiva, explica que “desde junio de 2015 se entró en un proceso de quietud. Por ser una comunidad afrodescendiente se necesita una autoridad local reconocida por el Ministerio del Interior para seguir avanzando”. Pero no hay ningún consejo reconocido. La soberanía especial de Palenque obliga al Estado a hacer una consulta previa antes de iniciar la caracterización de las víctimas y, como no hay un solo consejo comunitario, tampoco hay reparación. El proceso sigue estancado.