El representante a la Cámara Gustavo Londoño se apropió de casi siete mil hectáreas de baldíos a través de un fallo judicial viciado.

Por: La Liga Contra el Silencio

El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa. Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán que desemboca allí mismo en el río Tomo. La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas.

Londoño obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés debido a su investidura como congresista.

Gustavo Londoño, nacido en Cartago, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada, pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del Vichada.

El representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a campesinos sin tierra.

Para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural. El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García.

En su fallo, la jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.

“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo. “Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes.

Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.

El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna. Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.

La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo.

El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra. “Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó.

El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

Un gran negocio

A Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos por hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.

“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada.

Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad.

Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos.

Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. “Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.

La acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones de Colombia. Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario.

El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República.

En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura (2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.

Hace un año la Contraloría remitió copia de la información sobre estos y otros casos a la Fiscalía General de la Nación, a la Agencia Nacional de Tierras y a las superintendencias de Sociedades y de Notariado y Registro. Sobre el congresista Londoño y su socio Laserna, hasta ahora, la justicia no tenía ninguna información.

En 2016, un funcionario del antiguo Incoder denunció la existencia de un “carrusel” de adjudicación de baldíos entre políticos del Vichada. El funcionario señaló a varios de sus superiores, incluida Nery Oros Ortiz, quien ocupaba entonces en el Congreso la misma silla que ahora ocupa Gustavo Londoño. El 28 de marzo del año pasado, en un hotel de Puerto Carreño, el funcionario fue asesinado con un balazo en un ojo. El hecho fue reseñado como una noticia de crónica roja, sin mención alguna a las amenazas de muerte que él mismo había advertido.

Una viaje ameno

Para sustentar su fallo, la jueza visitó la finca de Londoño y Laserna del 3 al 5 de mayo de 2017. Parte del viaje fue cubierto por los socios, quienes ofrecieron a la jueza una camioneta para su transporte. Además, según la versión de dos testigos, luego confirmada por Londoño, los funcionarios del juzgado fueron alojados en la casona, atendidos y alimentados durante varios días. En la cocina, sacrificaron un marrano para agasajar a la comitiva judicial.

“Nosotros cubrimos una parte del viaje y el Estado otra parte”, reconoció Londoño. “Si no le garantizábamos la dormida, la jueza no va”. La Liga intentó comunicarse con la jueza Vega Perdomo, pero no recibió respuesta.

Gustavo Londoño consiguió esta propiedad antes de ser elegido congresista, pero el cargo le ha servido para sumarle valor. Desde que asumió su curul, sus informes de gestión mensual muestran una constante promoción de la vía Puente Arimena-Puerto Carreño, un proyecto que conectará el Meta con la capital del Vichada.

Cuando impulsa esta vía, Londoño no menciona que su finca se beneficiará de forma directa. “La vía va a pasar como a unos 500 metros de Buenavista”, dijo un campesino de la zona. “Esa vía beneficia a todo el Vichada”, respondió Londoño sobre el aparente conflicto de intereses en el que estaría incurriendo. “En ese departamento no tengo ninguna intención personal, en lo más mínimo. Yo quiero que esa región salga adelante”, dijo.

A la Agencia Nacional de Tierras le corresponde recuperar las casi siete mil hectáreas de baldíos entregados a dos particulares que no son campesinos sin tierra. Aún si lo fueran, habría otra razón para investigarlos. Según el Ministerio de Agricultura, en La Primavera un campesino puede recibir máximo 1294 hectáreas de tierra baldía, que corresponden a la Unidad Agrícola Familiar. 

“En este caso la Agencia tendría que entutelar contra providencia judicial”, dijo un abogado de la ANT que revisó el fallo y pidió no ser identificado, pues no tiene autorización para hablar públicamente.

Colombia no tiene un inventario de sus tierras baldías. Esto ha facilitado la apropiación ilegal o irregular de estas tierras mediante fallos, en ocasiones mediados por actos de corrupción. Por ello, en 2014 la Corte Constitucional ordenó que ningún juez puede ordenar la prescripción de un baldío (sentencia t-488 de 2014).

Si la tierra de la finca “Buenavista” se hubiera entregado a los destinatarios legítimos, muchas familias campesinas habrían mejorado sus vidas en el Vichada. Ahora, quienes siguen esperando un pedazo de tierra allá puede que se pregunten a qué se refería Londoño en su campaña cuando decía que esa región es “de todos” .