Sostener la tregua entre el Estado y la guerrilla será particularmente difícil en aquellos lugares donde subsisten los cultivos ilícitos y las disputas con bandas criminales.
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Combatientes del ELN desmovilizados en 2013. Foto: Christian Escobar Mora/EPA.
La tregua transitoria entre la guerrilla del Eln y el Ejército puede ser un respiro para miles de familias acostumbradas a desplazamientos masivos, asesinatos, combates y atentados contra la infraestructura. Cuando se estudia el impacto de esta guerrilla por regiones, Chocó aparece como el departamento que ha padecido todos los males mencionados. Basta recordar lo que sucedió el pasado 25 de marzo en la vereda el Carrá, al sur de Chocó. Ese día, según la Defensoría del Pueblo, el Eln asesinó a cinco personas y desplazó a 14 familias.
Detrás de este tipo de escenas existe una compleja disputa por el control territorial que el Eln ha extendido, con diferentes grados de intensidad, en cinco departamentos del país. La presencia histórica de esta guerrilla en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó se ha caracterizado por combates intensos. En algunos casos con el Ejército, como sucedió en Tumaco, en otros, como Catatumbo, con organizaciones vinculadas al narcotráfico y, recientemente, con los grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. En estos lugares seguramente los lugareños esperan con ansías el 1º de octubre, día en el que comienza oficialmente el cese bilateral.
El estudio No estamos condenados a la guerra: hacia una estrategia de cierre de conflicto con el Eln, publicado por Odecofi, el Cinep y el Cerac, devela que esta guerrilla se ha sostenido en algunas regiones como Norte de Santander por la vinculación con economías ilegales, en su mayoría asociadas al narcotráfico. Por el contrario, en Arauca la organización armada ha predominado por “cumplir funciones de intermediación armada en relación con los pobladores y el Estado, realizando la tramitación de los conflictos sociales”, dice el estudio.
Los cultivos de coca son claves para entender la dinámica de este grupo armado en las regiones: “La inserción del ELN en la economía cocalera puede constituirse en un tránsito de una insurgencia armada, que produce violencia asociada a la maximización del control territorial insurgente con el objetivo de lograr un cambio del régimen político, a una insurgencia que produce violencia asociada principalmente a las disputas por las rentas de la economía cocalera. Esto es particularmente visible en ciertas zonas de Nariño”, señala el estudio. El impacto del cese al fuego en las regiones, como mostraremos, varía: en algunas el conflicto ha disminuido, en otras se ha acentuado y no aparecen las señales de paz.
Chocó, la prueba más difícil para la tregua
El pasado 31 de agosto llegó a manos de Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln en Quito, una petición firmada por 28 organizaciones civiles del Chocó. El texto comienza con el clamor urgente de un cese al fuego bilateral por las continuas violaciones de derechos humanos en la región. Las víctimas exigieron, además, el desmonte de estructuras criminales, la detención del reclutamiento, el respeto por la autonomía territorial y la ejecución de los planes de desminado.
A la voz de las víctimas se suma una fuerte presión mediática. Durante los últimos meses Chocó ha ocupado titulares de prensa tanto por la disputa territorial entre el Eln y el Clan del Golfo, como por el sonado asesinato del ruso Arsen Voskayan, secuestrado por la guerrilla en el Bajo Baudó desde noviembre pasado. Este tipo de acciones, así como el secuestro del exgobernador Odín Sánchez, han golpeado la credibilidad del frente Resistencia Cimarrón del ELN, al mando de ‘Fabián”.
En Chocó reciben el cese al fuego con optimismo e incertidumbre. Así lo explica Luis Abadía, exdefensor del Pueblo en el departamento: “La duda que está presente es si de verdad el frente que está en Chocó acogerá el anuncio del cese bilateral. Con el Eln no existe una unidad de mando como sucedía con las Farc. Es una guerrilla descentralizada. Por eso, aunque ordenaron la liberación de Odín desde Quito, en Chocó no hicieron caso”. Abadía, hoy secretario de Educación de Chocó, ve con preocupación la constante de reclutamiento de menores: “No ha bajado, no se lo puedo negar”.
Que el Eln rompa el cese al fuego en Chocó es poco probable. Por lo menos así lo considera Víctor de Currea-Lugo, escritor y catedrático de la Universidad Nacional: “No creo que esta guerrilla vaya a utilizar este periodo para cometer ofensivas. Tampoco es cierto que estén fracturados. De Chocó me preocupa una ofensiva paramilitar. Hay muchas zonas que están abandonadas por el retiro de las Farc. El Estado no llegó y ahora son vulnerables”. En posibles enfrentamientos con el Clan del Golfo, agrega De Currea-Lugo, se podrían presentar incidentes entre el ELN y las Fuerzas Armadas, lo que no debería considerarse una ruptura del cese al fuego.
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Frentes del ELN en Colombia. Cortesía de la Fundación Paz y Reconciliación.
Norte de Santander, la disputa por los cultivos ilícitos
En Norte de Santander, particularmente en la subregión del Catatumbo –que comprende los municipios de El Tarra, Tibú, Convención, Hacarí, Teorema y Sardinata– el Eln sostiene el poder con cerca de 400 integrantes. Después de la muerte de ‘Megateo’ en 2015, excomandante del grupo armado Epl, el Eln y dicha organización se replegaron en nuevas zonas, controlando cultivos de coca, realizando emboscadas y todo tipo de hostigamientos. El pasado 27 de abril, por ejemplo, la guerrilla atacó el oledeocuto Caño Limón-Coveñas, dejando cerca de 4.000 personas afectadas. Esta misma operación se repitió el 29 de agosto.
Para nadie en la zona es un secreto que la subregión del Catatumbo es codiciada por diferentes grupos armados por sus rutas de narcotráfico y la producción alta de Coca. La sustitución de cultivos en la zona marcha a paso lento. En marzo pasado, por ejemplo, el Comité local de cultivadores de coca, marihuana y amapola (Coccam) anunció un plan para sustituir 4.000 hectáreas de coca. Apenas se dio a conocer el proyecto, la Defensoría del Pueblo denunció presuntas amenazas provenientes del Clan Úsuga. Según el informe más recientes de Naciones Unidas, en Norte de Santander existen 11.527 hectáreas de coca.
De acuerdo con Wilfredo Cañizales, presidente de la ONG Progresar, el cese al fuego debe aplicarse de inmediato, teniendo en cuenta el alza del conflicto en la región. “En materia de secuestro estamos retomando unos niveles que solo se veían hace 20 años. El gran riesgo en Norte de Santander es el Epl, por el desarme de las Farc en varios territorios. Si el Epl desarrolla acciones contra el Eln antes del cese al fuego, se van a presentar varias dificultades. Es un paso importante que se firme la tregua, pero aquí está todo por hacerse. Este cese de hostilidades puede generar confianza”.
Vale la pena señalar que en el departamento fronterizo de Arauca también existe esperanza por la llegada del cese al fuego. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el transcurso de 2017 el ELN ha cometido 50 homicidios a civiles.
Antioquia, con los ojos puestos en Anorí
Actualmente, la guerrilla del ELN opera con cinco frentes en Antioquia: Héroes de Anorí, José Antonio Galán, Compañero Tomás, Capitán Mauricio y Resistencia Guamucó. De acuerdo con la Séptima División del Ejército, desde comienzo de 2016 el grupo armado fue golpeado con la pérdida de 165 hombres. Si bien se ha visto debilitada, la guerrilla continúa controlando algunas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la minería criminal.
Jaime Fajardo Landaeta, asesor de paz en Antioquia, observa con preocupación la posibilidad de que no se unifiquen las treguas en todos los frentes: “El Eln está haciendo una presencia fuerte en Anorí, en los límites con Chocó, donde no siempre atienden las directrices de los comandantes. Por ahora es poco probable que los integrantes del Eln pasen al Clan del Golfo, pues han tenido serias diferencias como organizaciones. Este cese debe servir para que avance la agenda de paz en Antioquia”.
Nariño, el punto fuerte del Eln
La guerrilla hace presencia en este departamento desde los años ochenta, cuando se expandió el movimiento rebelde en las regiones. Los frentes Comuneros del Sur, Héroes y Mártires de Barbacoas, Manuel Vásquez Castaño y Guerreros Sindagua han consolidado su operación en Tumaco, Barbacoas, Magüí Payan y Los Andes. El fuerte del Eln ha sido el Pacífico del departamento, donde han intercedido en la dinámica cocalera. Algunos frentes se han asociado con grupos paramilitares, quienes fortalecieron su presencia en la región desde la década pasada, con el Bloque Libertadores del Sur.
De acuerdo con el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, Simci, Nariño tiene 29.755 hectáreas de coca, ocupando el primer lugar en la lista de departamentos con más cultivos ilícitos (le sigue Putumayo, con 20.086 hectáreas). De acuerdo con información del Ejército, la guerrilla también está operando en municipios de Putumayo como Puerto Asís y Orito, controlando rutas de narcotráfico que se dirigen hacia México.
Teniendo en cuenta posibles enfrentamientos con grupos paramilitares, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, advierte que “se pueden presentar situaciones complejas, principalmente en Tumaco y Barbacoas. Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba hacer el cese al fuego. Confío plenamente en la verificación que hace la ONU. Las zonas son delicadas, pero está claro que el ELN se comprometió a no realizar ofensivas”.
Cauca, el mismo dilema por los espacios que dejó las Farc
En este departamento, los cabildos indígenas han venido denunciando la presencia del ELN en territorios que antes fueron controlados por las Farc. En los últimos meses se ha agudizado la tensión entre el grupo armado y la Fuerza Pública por capturas como la de alias Leny, cabecilla de esta guerrilla en el departamento. Además, este mismo año también fue capturado Rodrigo Nené Chepe, alias ‘el Zorro”, cabecilla del frente Manuel Vásquez Castaño.
El avance del Ejército en la zona preocupa a la población por posibles represalias. A entidades como la Defensoría del Pueblo también les inquieta que en municipios como Toribío y Corinto se recrudezcan los ataques de la guerrilla a la guardia indígena. La razón de fondo: la apropiación de la tierra.
