El norte de Antioquia esconde un entramado de extorsiones, narcotráfico y comercialización de oro. Los grupos armados siguen al acecho de las rentas ilegales.
Los geólogos Camilo Tirado, Henry Martínez y Laura Flórez estaban en el corregimiento de Ochalí de Yarumal, en Antioquia, haciendo estudios de campo para una incursión minera de la empresa canadiense Continental Gold. En la madrugada del pasado jueves 20 de septiembre, al menos 7 hombres armados que se identificaron como disidentes de las Farc irrumpieron en el campamento de los geólogos y los ejecutaron. Otros tres alcanzaron a huir, y uno más está desaparecido.
El hecho causó repudio e indignación nacional, tanto por la manera en la que se llevaron a cabo los asesinatos (asesinatos a sangre fría) como por la ausencia de protección para las víctimas. Ya el presidente Duque y sus fuerzas militares se comprometieron a dar con los responsables y cumplir con el lema de este gobierno, “el que la hace la paga”. Sin embargo, toda esta situación puede ser apenas la punta del iceberg de un gran conflicto que se está viviendo en esta zona de Antioquia, y cuyas muertos casi siempre son los civiles. Duque ya prometió dar con alias ‘Cabuyo’, el disidente al parecer responsable del atentado, pero la situación tiene un fondo mayor:
1. Proliferación de los grupos armados
La zona donde sucedieron los hechos está controlada por las disidencias, por el ELN y por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), no por el Estado. La presencia de estos grupos en esta zona no ha sido un secreto en los últimos años. En décadas pasadas, el Frente 36 de las Farc controló las rentas de la minería ilegal. Posteriormente, las bandas criminales entraron a disputarse el territorio.
Una fuente de la región que nos pidió mantener su nombre en reserva nos contó que estos territorios están “simplemente copados” por las estructuras criminales, no solo por los números de quienes pertenecen a ellas (pueden ser más de 200 hombres) sino también por el control estratégico que tienen en la región. El dominio de las zonas donde hay rentas ilegales es absoluto.
Ni siquiera un destacamento militar de 150 hombres que acompañaba a la expedición de los geólogos, y que estaban ubicados a un kilómetro y medio alrededor de su campamento, logró evitar que los hombres armados llegaran a él, pues entraron por una ruta que conocían bien y no tuvieron que enfrentarse a los miembros de la Fuerza Pública. Algo similar había sucedido en enero pasado, cuando siete personas fueron asesinadas por grupos armados armados que se estaban disputando las zona por el control de las rentas ilícitas.
2. Implementación raquítica de los Acuerdos de Paz
La explicación más lógica y quizás natural para entender el crecimiento de los grupos armados en zonas como el norte de Antioquia es la falta de una presencia efectiva del Estado en las zonas que dejaron vacías los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc.
Diversas fuentes que hemos consultado para este y otros temas coinciden en la misma idea: las zonas que dejaron las Farc, al no ser intervenidas de manera integral por el Estado, fueron ocupadas por otros grupos armados que se apoderaron de las economías ilegales y continuaron con el control de las dinámicas económicas de los territorios.
Aquí el Estado colombiano tuvo un fallo enorme, pues en el Acuerdo de paz que se firmó con las Farc se acordó una intervención plena por parte del Estado en las zonas que esta exguerrilla dejaría “vacías”, y habrían planes económicos, productivos y de educación en estos lugares, además de una presencia de la fuerza pública que garantizara la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, las promesas del Gobierno después de la firma del Acuerdo de Paz alcanzan un nivel de cumplimiento del 21%.
3.Economías ilegales
Según lo reveló El Tiempo, hay fuentes militares que sostienen que este atentado pudo ser producto de una alianza transitoria que se dio entre los disidentes del Frente 36 de las Farc y las AGC, también conocidas como Clan del Golfo. La razón de este pacto, entre dos facciones que normalmente están enemistadas es proteger sus intereses mutuos: las economías ilegales.
La visita de los geólogos a esta zona tenía por objetivo trazar un plan futuro para una posible explotación minera en la zona. Esto significaría, en un corto y mediano plazo, la presencia de una multinacional que estaría en una actividad legal ocupando zonas que ahora se usan para el narcotráfico y la minería ilegal.
Ya los grupos armados mencionados le habían “declarado la guerra” a la multinacional canadiense, pues les habían expresado estar en contra de su presencia en la zona por medio de amenazas y panfletos. Todo apunta a que la intención detrás de esto es la protección de sus rentas, en especial la que produce la minería.
4. El oro en disputa
A pesar de que el narcotráfico —en especial de cocaína— es una actividad que genera grandes ganancias para los grupos al margen de la ley, la minería asegura también un rédito económico importante, y también favorece a estos grupos porque el producto, aunque puede surgir de la minería conocida como informal, artesanal o ilegal, llega a un punto en el que es perfectamente legal para su comercialización.
Un solo lingote de oro puede llegar a valer hasta 150 millones de pesos y los grupos armados usan incluso las rutas del narcotráfico para sacarlos de los territorios y venderlos. Una multinacional minera canadiense representa una competencia directa para los grupos ilegales en materia económica, que pueden terminar por tomar represalias como los asesinatos para mantenerse con el monopolio de esta actividad.
Otra dimensión, según nos explicaron, es que los grupos armados también sacan dinero de la minería a través de extorsiones a los pequeños mineros, y es evidente que sería más difícil cobrársela a una multinacional que llega respaldada por el Estado colombiano.
5. Falta de prevención
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo en una entrevista que los geólogos no estaban de acuerdo con que los militares encargados de su protección estuvieran cerca de su área de trabajo, porque esto interrumpiría su trabajo y no los dejaría entablar relaciones con la comunidad de forma tranquila.
Con esta versión no está de acuerdo Continental Gold —la multinacional a la que pertenecían los geólogos—, pues nos explicaron que hicieron una evaluación de riesgo conjunta con la Fuerza Pública para que se ubicaran más cerca del campamento de Continental de lo que estaban en un inicio.
Esto de todas formas no dio resultado, pues los criminales pudieron llegar sin resistencia a la zona del campamento, donde alinearon a los geólogos y les dijeron que los iban a ejecutar con un “consejo de guerra” por no atender a las amenazas y advertencias que les habían lanzado sobre abandonar de inmediato el lugar.
Sobre esto, Continental Gold aclaró que en cuanto reciben amenazas directas retiran a su personal, pero que en este caso no recibieron amenazas sino “mensajes confusos y contradictorios”, y que decidieron retirar a los geólogos, pero decidieron esperar a no hacerlo de noche, y justo de noche fue que llegaron los criminales y atacaron. En todo caso, la falta de una planeación asertada, la presencia alejada de la Fuerza Pública y quizás el desconocimiento de las condiciones del terreno fueron factores que hicieron posible el atentado.
