La fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe que deja muy mal parada a la Registraduría.
Las elecciones democráticas en nuestro país han estado llenas de irregularidades. El historiador David Bushell describió que el fraude electoral ha sido una realidad en Colombia desde el siglo XIX, con presencia de papeletas falsas, bajo control en el escrutinio electoral, compra de votos y problemas desde el registro electoral. Para este académico, esto siempre estuvo relacionado con el clientelismo político.
Casos notables en la historia reciente en este tema han sido las elecciones presidenciales de 1970, en las que Misael Pastrana le ganó a Gustavo Rojas Pinilla en lo que se consideró un robo a gran escala y terminó dando origen a la guerrilla del M-19; el Proceso 8.000 de Ernesto Samper en 1994, que vinculó a su campaña presidencial con dineros provenientes del cartel de Cali; los nexos de políticos con grupos paramilitares que les ayudaron a obtener cargos públicos desde 2002; la presunta financiación de la empresa Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014 y fraude contra el partido Mira que le quitó sus curules en el Congreso en 2014 por un mal conteo de votos.
La fundación Paz y Reconciliación (Pares) elaboró un informe que se titula Así se roban las elecciones en Colombia, que describe prácticas y casos puntuales de fraude electoral en el país, tipificados en los últimos comicios del 11 de marzo. Además de los problemas conocidos como la compra de votos o la ausencia de tarjetones para las consultas interpartistas, el documento denuncia factores asociados a corrupción y a fallos de la Registraduría que podrían haber modificado entre el 10 y el 20 por ciento de los resultados de las votaciones al Congreso.
En ¡Pacifista! les presentamos cinco pruebas de fraude electoral, en miras a las elecciones presidenciales a realizarse en menos de dos semanas.
Falta de transparencia desde la época de campaña
Existen denuncias que exponen, como lo fue en el caso Samper o en el presunto caso Santos – Zuluaga, hechos de financiación de campañas por parte de terceros al margen de la ley, o subvención ilegal por parte de empresas que buscan obtener contratos en caso de que el candidato sea electo. A esto se le suma una red en toda la estructura electoral que prometería poner jurados de votación que favorezcan a un candidato particular o manipular las votaciones.
Según el documento, hay indicios de que se cobrarían hasta 2.500 millones de pesos por designar jurados de votación en las mesas –que supuestamente deberían ser escogidos de manera aleatoria– para aumentar los votos del candidato que pague. Si esto no era posible, habría otra opción en la los encargados del fraude simplemente acudían a los comicios y firmaban las actas personas diferentes a las designadas para jurado. El resto del “paquete” que ofrecía esta red desde antes elecciones era tener listo un servicio de acomodamiento de votos para amañar los resultados.
Pago para alcanzar curul
Este fraude es el llamado “colchón electoral” y consistiría en que ya el día de los comicios, pasadas las votaciones, exista la posibilidad de modificar la cantidad de votos obtenidos por un candidato para que llegara a alcanzar una curul. El reporte del informe es que para obtener los votos necesarios para un puesto en la Cámara de Representantes se cobraron hasta $ 1.200 millones, y para una curul en el Senado, hasta $ 1.800 millones. Si la diferencia del candidato con otro que sí alcanzó la curul era de más de 2.000 votos, el precio podía crecer a $ 2.000 o 3.000 millones de pesos.
Alteración de documentos electorales
Una vez termina el tiempo de las votaciones –a las 4 de la tarde– se empieza el proceso de preconteo y el de escrutinio. Para esto se utilizan los formularios E-14, en los que los jurados de las distintas mesas registran la cantidad de votos para cada candidato. Posteriormente los jurados deben llenar las actas escrutadoras, en las que reportan la actividad y cualquier novedad o error cometido en el conteo. Es aquí donde se presenta la mayor posibilidad de fraude, precedido por lo que el documento llama “una extensa red conformada por funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación” con acceso al sistema electoral o que han encontrado baches en este.
Uno de los métodos es el llamado “canguro”, que consiste en alterar las cifras de las votaciones en la digitalización de los formularios E-14, que los registradores y digitalizadores deben convertir en los E-24 en el sistema de la Registraduría. En esta práctica se cambian los valores de pocos votos para cada formulario, quitándole algunos a cierto candidato o sumándoselos a otro, y dando alguna justificación falsa de esto en las actas escrutadoras. Candidadtos como Olga Lucia Velásquez, del partido Liberal, y Felipe Ríos, de Cambio Radical, al parecer fueron víctimas de esta práctica.
El otro método notorio para alterar las votaciones es “anillo”, en el que quienes se encargan de alterar los resultados usan puntas de lapiceros o tinta oculta en sus manos para rayar los tarjetones con los votos hacia cierto candidato y así hacer anular estos votos. Esto, una vez más, se justifica en las actas escrutadoras.
No permitir reconteo
Una de las formas de asegurar la transparencia y evitar el fraude es el reconteo de votos, del que se pueden encargar los jurados de votación y los registradores luego de una cuenta inicial. El documento describe que en algunos casos las autoridades electorales no permitieron que esto se hiciera, impidiendo la verificación de las votaciones y preservando las irregularidades que pudieran existir en un conteo preliminar.
Para que esto sucediera, debía existir complicidad por parte de funcionarios de la Registraduría.
Irregularidades desde la Registraduría
Los formularios E-24, así como las actas de escrutinio, son documentos electorales de caracter público, por lo que deberían ser publicados en la página de la Registraduría con el fin de la consulta ciudadana y la vigilancia del escrutinio, para lo que son pruebas determinantes. Los documentos correspondientes a las elecciones del pasado 11 de marzo, sin embargo, no fueron publicados en su totalidad en la plataforma, con lo que el informe describe una vulneración al Artículo 209 de la Constitución, que se refiere a los principios de transparencia, moralidad y publicidad de la función administrativa.
Por otro lado, como en las pasadas elecciones se votó por consultas interpartidistas, la Registraduría usó los formularios E-11. Estos, que contienen la información de los votantes de la Gran Consulta por Colombia (de Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez) y de la consulta de la Inclusión Social para la Paz (de Gustavo Petro y Carlos Caicedo), fueron destruidos apenas la semana pasada (más de dos meses después de las votaciones), y eso por intervención de la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE). Esto, además de representar peligros para el votante, permite el uso de la información allí contenida y manipular futuras votaciones.
Ariel Ávila, uno de los autores del documento, dice que lo encontrado es “monstuoso” y que por tanto el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, debería renunciar.
