La disputa entre grupos paramilitares y la guerrilla es una preocupación que parece no tener solución, por lo menos en un corto plazo.
Al proceso de paz con la guerrilla del ELN le llegó un segundo aire inesperado. El comando central del ELN cedió ante una petición reiterativa del Gobierno y decidió, como se lo habían solicitado diferentes organizaciones, implementar un cese el fuego unilateral. Aunque no es indefinido, el cese se llevará a cabo durante las elecciones legislativas, entre el 9 y 13 de marzo. “Ese es el tipo de gestos que nosotros estábamos pidiendo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando se enteró de la intención de tregua. Y tiene sentido: según la Defensoría del Pueblo, el 25 por ciento del país está en riesgo electoral y el ELN, particularmente en zonas como Arauca y Chocó, podría incidir en las votaciones.
La mesa de diálogos de paz en Quito entró en una fase de parálisis después de que las partes no acordaran la prolongación del primer cese el fuego, el cual terminó el pasado 9 de enero. Luego vinieron los atentados en Norte de Santander, los asesinatos de policías en Barranquilla y la respuesta del Ejército: bombardeos y capturas de integrantes de esa guerrilla. De hecho, hace 10 días todos los noticieros del país estaban concentrados en el paro armado del ELN, el cual duró tres días y dejó un saldo de dos integrantes de la Fuerza Pública y cuatro guerrilleros muertos, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
Después del cese también sufrió el medio ambiente: como suele hacerlo, la guerrilla atacó el oleoducto Caño Limón Coveñas, en Toledo, Norte de Santander, en dos ocasiones, generando derrames de crudo en las veredas aledañas. Las comunidades indígenas en Litoral de San Juan (Chocó), también resultaron damnificadas por los bombardeos que a finales de enero ejecutó el Ejército. Según la Defensoría del Pueblo, por los bombardeos se presentaron desplazamientos masivos y una menor de 16 años resultó gravemente herida.
De acuerdo con un documento de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, desde el 14 de febrero, al menos 111 personas (29 familias) de la comunidad Vivícora del Resguardo indígena Tahamí, en el municipio de Bagadó (Chocó), se desplazaron por “la presencia, amenazas y accionar permanente del ELN” y el riesgo de combates con la Fuerza Pública.
Chocó, donde opera el frente de Guerra Occidental, dividido en cuatro frentes y dos compañías móviles, ha sido uno de los departamentos donde durante el cese el fuego se siguió sintiendo el conflicto. Y es desde allí, donde incluso se encuentra una de las facciones más radicales –Resistencia Cimarrón– que la sociedad civil ha pedido una tregua bilateral definitiva. Desde el gobernador, Jhoany Palacio, quien pidió a comienzos de mes un cese definitivo, hasta las comunidades wounan y emberá, afectadas por las ofensivas militares, coinciden en que los que más necesita la región es un cese estable.
Modesto Serna, asesor de paz de la gobernación de Chocó, nos contó que la tregua unilateral era, en efecto, lo que la sociedad civil estaba esperando: “Ahora esperamos que se reanude la mesa de negociación, que las partes no se estanquen en el mismo punto. Lo que se espera es que se llegue definitivamente al fin del conflicto y para eso se debe surtir todo un camino”.
Con el cese bilateral anterior, agrega Serna, no hubo la tranquilidad que tanto se prometió, por lo que se necesita un compromiso mayor: “Tuvimos el asesinato Aulio Isarama, también la misma guerrilla sembró minas antipersonal y una de las víctimas fue el ciudadano Dionisio Domicó. En octubre, además, el Clan del Golfo asesinó a dos jóvenes en Riosucio. Esto nos lleva a una conclusión y es que la vía militar no puede ser una opción, sino que necesitamos que la negociación política avance”.
En efecto, durante el primer cese tuvieron lugar diferentes incidentes. De acuerdo con el Cerac, en los 100 días de la tregua “se presentaron 21 eventos violentos que ocurrieron en zonas donde el ELN opera y es altamente probable que puedan tener alguna responsabilidad”. De estos 21 eventos, en 12 las autoridades comprobaron que el ELN fue el responsable, como el asesinato de Rogelio Granada en la zona rural de Quibdó. Además, mientras esto sucedía, las delegaciones del ELN y el gobierno no lograron ponerse de acuerdo en el primer punto de la agenda: participación de la sociedad civil.
Ernesto Ramírez Flores, de la Asociación de Consejos y Organizaciones Comunitarias del Bajo Atrato (Ascoba), dijo que la sensación de un anuncio de la tregua en Bogotá es distinta a la que sienten ellos, en diferentes municipios de Chocó: “Acá siguen las Autodefensas Gaitanistas, el ELN, el Ejército. Aunque no existan combates con el ELN, ellos siguen interviniendo en la vida cotidiana de la gente. Hay familias desplazadas, mucha zozobra, mucho miedo. Allá en Bogotá hablan de cese y posconflicto, pero acá no sentimos eso. Las Autodefensas y el ELN igual se van a seguir dando plomo”.
En zonas como Bojayá, donde también tiene presencia el ELN, se ha sentido la tranquilidad desde que comenzó el primer cese. Así lo dijo Ángel Córdoba, personero del municipio: “Recibimos muy bien la noticia, pues todos queremos paz. Ahora le voy a decir la verdad: si el ELN está, lo cierto es que no se han sentido. Gracias a Dios”. Una persona cercana a la mesa de negociación en Quito que nos pidió mantener su nombre en reserva nos contó que “para que se diera la declaración nacional fue necesario llegar a diferentes acuerdos con todos los frentes, incluido el de Chocó. Todos están comprometidos y, si bien se presentaron incidentes durante el primer cese, lo cierto es que en la mayoría de compromisos de la tregua el ELN cumplió”, aseguró la fuente.
Del conflicto con el ELN han resultado afectadas en Chocó, principalmente, las comunidades indígenas, pues históricamente la guerrilla ha disputado territorios en donde existen resguardos. En febrero de 2017, por ejemplo, 106 personas fueron desplazadas de Chagpien Tordó a la cabecera de Litoral de San Juan. Otoniel Queragama, secretario general de la Asociación de Cabildo Indígena Orewa, nos dijo que si bien las dificultades continúan, “con el cese las cosas se pueden calmar un poquito. En Riosucio se ha puesto más duro, porque allá es donde el ELN está en guerra contra los paramilitares. Las comunidades indígenas muchas veces quedamos en medio de este conflicto y hasta ahora, pues el ELN no ha tratado de acercarse a nosotros a dar algún mensaje de calma. Nos da un poquito de tranquilidad, pero falta mucho todavía”.
En lo que coinciden la mayoría de asociaciones es que el cese debe ser superior a cuatro días, y debe incluir no solo una salida negociada con el ELN, sino presencia estatal para contrarrestar la avanzada del Clan del Golfo. Mario Luis Benítez, director de la emisora MarioEnTuRadio, una de las más populares en el departamento, lo dice de esta manera: “en Chocó, el 80 por ciento de la población es víctima de la violencia, otrora por las Farc y el ELN. No solo se requiere un cese del 9 al 13 de marzo, sino la terminación definitiva de la guerra que trae consigo desplazamientos masivos, menores reclutados, pobreza extrema, deserción escolar y un sin número de problemas que han contribuido a que Chocó hoy pida a gritos la paz”.
