Estamos ante un aumento de la deforestación y la contaminación, pero también podemos aprovechar el fin del conflicto armado con las Farc para fortalecer el campo y proteger los bosques.
Nuestro país se enfrenta a algo de lo que tal vez no hemos hablado lo suficiente, problemas que parecen exclusivos de otras partes del mundo: los cambios medioambientales. La particularidad que tiene Colombia en este escenario es que al ya renombrado cambio climático se le suma un profundo cambio político, un acuerdo de paz que termino con el desarme de las Farc, pero que dejó a varias de las regiones en las que hacía presencia a merced de transformaciones abruptas de ecosistemas, extinción de especies, tala de árboles y deforestación, entre otros problemas.
Recientemente, 19 investigadores de distintas universidades del mundo –incluyendo varias colombianas– se dieron a la tarea de aclarar el panorama medioambiental del país en esta etapa de posconflicto. El resultado fue un texto que publicó la Ecological Society of America. Se llamaThe ecology of peace: preparing Colombia for new political and planetary climates (Ecología de la paz: preparando a Colombia para nuevos cambios políticos y planetarios). Aquí les revelamos las cinco claves de la investigación:
Deforestación y biodiversidad
La presencia y las actividades subversivas de las Farc se concentraron en regiones rurales y con presencia de bosques. Una consecuencia negativa del desarme de este grupo es que se facilitó la tala de árboles en algunas regiones. Ya lo hemos advertido: en zonas como la Amazonía se intensificó la deforestación, sobre todo por apuestas económicas y tala ilegal. En los dos últimos años, el país perdió 219.973 hectáreas de bosque. El 90 por ciento de estas pérdidas se concentra en zonas de posconflicto (las abandonadas por las Farc).
La situación no implica solo la destrucción de bosques, también los ecosistemas dentro de ellos están amenazados. La biodiversidad colombiana, uno de los grandes tesoros nacionales, puede disminuir de forma dramática si se sigue acabando con los bosques. Muchos animales tendrían que migrar, adaptarse y tal vez morir en el proceso. Aquí el Estado tiene la obligación de cuidar el medio ambiente, y no permitir que las zonas de posconflicto se ferien.
Todo esto incluso está consignado en el texto final del Acuerdo de paz.
Cambios obligatorios y cómo combatirlos
En las próximas décadas nuestro país será más caliente, esto es un hecho ya irreversible. Y si además no se aplican políticas de mitigación a los problemas ambientales puede ser drástico: para 2050 la temperatura aumentaría 4 grados. Esto significa que en Valledupar, por ejemplo, podríamos esperar un calor potencialmente peligroso de 38 grados. También que zonas como La Guajira serían mucho más secas, y el acceso a agua se complicaría muchísimo.
La falta de atención a los problemas medioambientales también puede ocasionar una disminución sustancial en la lluvia. Se espera que para 2050, de seguir las cosas como van, las precipitaciones en el país disminuyan en muchas regiones como la Amazonía. Un efecto negativo es que esto bajaría la productividad económica, pero peor aún es que se captarían más gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Menos agua lluvia equivale a más contaminación y más temperatura de forma gradual.
El escenario más ambicioso, que requiere políticas efectivas y participación ciudadana, es el aumento de solo un grado en la temperatura para 2050.
Migración
Aquí hay dos escenarios. El primero consiste en que el Acuerdo de Paz va a reducir de manera considerable la migración forzosa. Incluso va a permitir que algunas personas afectadas por la violencia vuelvan a sus regiones. Esto por supuesto es positivo, pero hay otro escenario de migración posible, y no relacionado con el conflicto. Si nos empieza a faltar agua, como se dijo arriba que puede suceder, habrán familias que tendrán que migrar, también de manera forzosa, a buscarla.
Es evidente que la violencia en muchas zonas del país ha disminuido. Sin embargo, fenómenos como el desplazamiento forzado solo se van a acabar en tanto el Estado haga presencia en zonas vulnerables, provea oportunidades a las comunidades y ayude a conservar recursos como el agua. Y claro, que no haya más violencia.
También es importante y necesario que para decisiones cruciales sobre todos estos temas se tomen en cuenta las voces de las comunidades.
Políticas ambientales
En este momento Colombia tiene planes establecidos para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Dentro de los objetivos de estos planes están la disminución total de la deforestación en la Amazonía para 2020 (algo ambicioso) y una reducción del 20 por ciento en la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero para 2030. Conseguir estos objetivos dependerá en buena parte de la manera en la que los lugares rurales afectados por el conflicto se conserven y se desarrollen de cara al futuro.
Todo esto tendrá que acompañarse de un monitoreo en estas regiones por parte de las autoridades ambientales. Aunque hay zonas de difícil accceso, el Estado deberá invertir en este monitoreo . En la actualidad hay planes de monitereo pero no están todavía en ejecución. Es posible que para cuando lo estén sea muy tarde para documentar las transformaciones ambientales actuales.
Otra cosa importante es que el Estado debe tener en cuenta a la comunidad científica para tomar decisiones, incluso si estas involucran temas económicos.
La importancia del desarrollo rural
Los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz abordan temas de manejo de tierras y desarrollo para las áreas rurales de Colombia, y es preocupante que hasta ahora están apenas en pañales. La correcta y pronta implementación de estos puntos tendrá gran influencia en el futuro ambiental del país. Es muy posible que con las condiciones actuales de no-guerra en muchos territorios se mejoren las oportunidades económicas para las personas del campo. Pero, si esta realidad no está bien acompañada puede terminar por ocasionar efectos como tala ilegal de árboles. O que algunos habitantes de las regiones vuelvan a economías ilegales como los cultivos de uso ilícito o minería ilegal. Ambas cosas afectan al medio ambiente.
Para proteger los bosques y apoyar a habitantes de zonas del campo una gran opción política es priorizar el desarrollo rural en zonas no forestales. También entregar incentivos para plantar árboles, manejarlos y protegerlos. Si bien regular la deforestación significa un dilema para algunos políticos por las oportunidades económicas que la explotación puede dejar, no hacerlo incrementa los efectos negativos del cambio climático.
Y claro, esto traería consecuencias para la biodiversidad y para el bienestar de los colombianos.
