La solicitud fue presentada por el senador Alfredo Ramos.
- En septiembre pasado, el senador Alfredo Ramos le pidió al Consejo de Estado anular el decreto presidencial que convocó al plebiscito. Foto: Twitter-Alfredo Ramos Maya
El triunfo del No en el plebiscito sumió al país en la incertidumbre. La mayoría de votantes, aunque por muy poca diferencia, rechazó los acuerdos logrados en La Habana entre el Gobierno y las Farc; y ahora no sabemos qué sigue. ¿Qué va a pasar con los guerrilleros que ya manifestaron su disposición de dejar las armas? ¿Qué va a pasar con la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado? ¿Volverá la guerra? Para ir aclarando el panorama, decidimos hacer un seguimiento diario a todo lo que pasa entre La Habana y Bogotá en relación a los acuerdos. Esto fue lo que pasó hoy:
11 de noviembre
1.
Las Farc dieron a entender, vía Twitter, que la mesa de conversaciones de La Habana está cerca de concluir un nuevo acuerdo. “Iván Márquez”, jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, trinó que “el extraordinario esfuerzo desplegado por las partes en la mesa pronto será premiado con el acuerdo de paz definitivo”. Lo mismo hizo “Jesús Santrich”, integrante de esa delegación, quien dijo en esa red social que “posiblemente mañana las noticias sean muy agradables”.
2.
Varias organizaciones sociales que hacen parte de la red Común Acuerdo se reunieron en Bogotá para analizar las propuestas que entregaron los voceros del No para modificar el Acuerdo Final. Entre los participantes estuvieron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Misión de Observación Electoral (MOE), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Redprodepaz, la Corporación Región y Colombia Diversa.
Soraya Gutiérrez, integrante del Cajar, opinó que “bajo ningún argumento se puede aceptar que una renegociación disminuya los derechos de las víctimas ni baje el estándar de lo que había sido aprobado en el Acuerdo Final”. Por eso, dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad no deben modificarse para no afectar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Respecto al punto de participación política, Camilo Mancera, de la MOE, dijo que los desacuerdos del No en temas como la creación del estatuto de la oposición, la eliminación del umbral para la existencia de partidos políticos y la financiación de la nueva organización política que creen las Farc se pueden aclarar o renegociar fácilmente en La Habana. Sin embargo, aseguró que hay otros asuntos de difícil renegociación, como la elegibilidad política de los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad y los tiempos en que los insurgentes pueden empezar a participar en política.
Frente al enfoque de género incluido en el Acuerdo, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, declaró que no debería ser negociable “la perspectiva de género como categórica de análisis que muestra los impactos diferenciales de hombres y mujeres en el conflicto”. Asimismo, recalcó que “los temas de adopción y matrimonio para las parejas del mismo sexo nunca estuvieron en los acuerdos” y que, por tanto, no deberían ser objeto de discusión en la mesa de diálogos.
3.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos que corren los pobladores del Vaupés por el accionar militar de un grupo de disidentes de las Farc que, hasta julio pasado, pertenecían al frente primero o Armando Ríos de esa guerrilla. A finales de ese mes, los insurgentes anunciaron que no dejarían las armas como consecuencia de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, por supuestas discrepancias con los términos de la negociación.
Según la Defensoría, los exguerrilleros están vulnerando “los derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal de la población civil de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa”. Además, han generado riesgo de “desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, así como otros asociados a la instalación de minas antipersonal y a retenes ilegales, que “afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo”.
La entidad también señaló que “es factible la ocurrencia de homicidios selectivos, hostigamientos y ataques armados, el uso de medios y métodos para generar terror en la población como la intensificación de las intimidaciones y el control social para que las comunidades acaten las exigencias y pautas de conductas establecidas por este grupo armado ilegal”.
Por eso, le hizo un ” llamado urgente” al Gobierno para que proteja a los habitantes de ese departamento.
4.
El senador Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático (CD), le solicitó a la Agencia Nacional de Televisión que suspenda las autorizaciones para que el presidente Juan Manuel Santos pueda hablar del proceso de paz en canales públicos y privados. La razón de Ramos es que, en varias alocuciones, Santos ha señalado que algunos votantes del No estaban desinformados cuando acudieron a las urnas.
Por eso, el senador le pidió a la Agencia que le permita al CD “explicarle al país las razones por las cuales ha esgrimido las preocupaciones y diferencias que tanto le molestan al Gobierno” en el tema de la paz.
Más tarde, vía Twitter, Ramos comparó las intervenciones de Santos con el programa “Aló Presidente”, que dirigía el fallecido primer mandatario de Venezuela Hugo Chávez.
5.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) obligaron a los habitantes de Valdivia (Antioquia) a participar en una marcha por la paz en el vecino municipio de Caucasia para presionar al Gobierno a negociar la paz “con todos los guerreros”.
De acuerdo con la Comisión, “en varios buses contratados por los armados han obligado a subirse a los pobladores de Valdivia para que asistan al acto central en Caucasia. En cada uno de los buses se encuentra un neoparamilitar vestido de civil y portando armas de corto alcance”. La organización también denunció que “mototaxistas, transportistas, comerciantes y trabajadoras sexuales se han visto obligados a participar” en la movilización.
La comisión dice que las AGC amenazaron a las personas con cobrarles una multa de $500 mil si no asistían a la marcha.
En varias oportunidades, las AGC se han declarado actoras del conflicto armado y han pedido una mesa de negociación con el Gobierno. Sin embargo, el Estado no las considera como tal y, de momento, sólo les ofrece una política de sometimiento a la justicia.
