#ProyectoCOCA | Las bondades que el Gobierno ha enunciado en este nuevo método suenan muy bien de ser ciertas, pero hasta ahora deja enormes dudas en el aire y pocas respuestas.
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Efectivo, menos riesgoso y con más capacidad de erradicación por hectárea. Esos son principales argumentos que tienen el Gobierno Nacional y la Policía para impulsar la nueva estrategia contra los cultivos de uso ilícito, que inició su plan piloto este martes en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Se trata del uso de 10 drones cargados con concentraciones de glifosato, un proyecto que desde hace meses viene cocinándose en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y que, para 2023, según sus cálculos, apunta a eliminar cerca de 90.000 hectáreas de hoja de coca en el país. Dicha meta, equivale a más del 60 % de la más reciente medición de las Naciones Unidas en Colombia, que cifra en 144.000 las hectáreas sembradas.
Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, este “innovador” método tiene una efectividad comprobada del 99 %, a la vez que representa “menos costos económicos y de personal”. Dice Villegas que solo se requieren ocho personas entrenadas para asegurar la operación de los drones, que la concentración de glifosato puro es de 2,5 litros por cada 10 y que el costo estimado por hora de cada uno es de $ 600.000. Además, dice, actuará sobre los cultivos posteriores a julio de 2016, es decir los nuevos cultivos, sobre las plantaciones de carácter industrial y en zonas en donde no se lograron acuerdos de sustitución voluntaria.
“Con estos drones se necesita la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los aviones que hacían aspersión aérea. Ese método necesitaba cerca del 45 % de glifosato puro mientras que aquí estamos hablando de menos del 25 % de la mezcla. Es la misma concentración de los métodos manuales que estamos usando como el fumigador de espalda y la guadaña”, aseguró el ministro.
El plan, según el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), es que cada uno de estos drones pueda eliminar de a 10 a 15 hectáreas por día y que el uso de esta tecnología facilite las aplicaciones en tierra, pueda reducir el riesgo sanitario y reduzca el riesgo de minas antipersonales y ataques por parte de grupos armados en medio de procesos de erradicación.
Pero detengámonos un momento. Las bondades que el Gobierno ha enunciado suenan muy bien de ser ciertas, pero hasta ahora deja enormes dudas en el aire y pocas respuestas. Veámos.
¿Otra vez glifosato? ¿En serio?
El agente químico que por años fue el caballito de batalla en las aspersiones aéreas lleva un buen tiempo cuestionado. En 2015, la Organización Mundial de la Salud catalogó al glifosato como una sustancia ‘potencialmente cancerígena’, conclusión a la que llegó después de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) –su brazo científico– identificara este riesgo luego de diversas pruebas y estudios científicos.
Después de este anuncio, fue el propio ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, quien le pidió al Gobierno reconsiderar su uso. El presidente Juan Manuel Santos resolvió suspender las aspersiones algunos meses después y en 2017 vino una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió el uso del agente químico en respuesta al pedido de protección de una comunidad indígena del Guaviare. El alto tribunal determinó que por encima de los métodos de las políticas antidrogas debería estar el cuidado de la salud de las comunidades y del medioambiente.
Sin embargo, la sentencia de la Corte abrió la puerta a la posibilidad del uso del glifosato condicionadamente, toda vez que la fumigación aérea carecía de un control en los niveles de concentración del químico. Es en esta especificación en la que hoy el ministro de Defensa asienta su argumentación, la misma que apoya el director del Programa de Sustitución de Cultivos del Gobierno, Eduardo Díaz Uribe, quien afirma que la nueva política está alineada con los estándares de la sentencia de 2017.
Además, dentro de la argumentación oficial, el uso de drones no es considerado ‘aspersión aérea’. De acuerdo con Díaz Uribe, los drones volarán a muy pocos metros del personal que estará encargado de su operación desde tierra (cerca de un metro sobre las plantaciones), lo que al menos en teoría, garantizará un control a favor de las comunidades y los cultivos aledaños a los de uso ilícito.
Más allá de lo anterior, retomar el glifosato suena por lo menos sorpresivo luego de que tanto la Policía, como la Fiscalía e incluso el presidente electo, Iván Duque, hayan hecho pública su intención de encontrar nuevas moléculas que desempeñen el rol del glifosato con un menor riesgo tóxico. Aunque todavía no existe un producto que pueda reemplazarlo, al menos parece contradictorio que ahora el país vuelva a potenciar el uso de un agente con tantos cuestionamientos.
¿A más fumigaciones menos coca?
Que el aumento de las fumigaciones y el retorno de las aspersiones aéreas hayan estado en el reciente debate de la política nacional de drogas evidencia que para un buen sector del establecimiento este es el método más efectivo. Sin embargo, llegar a la conclusión de que ‘a mayor cantidad de herbicida en el terreno menor será el número de hectáreas sembradas’ es apresurado.
Hay dos datos que cuestionan seriamente esta idea. El primero es de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, un grupo de 11 expertos colombianos que hicieron un informe con recomendaciones para la estrategia nacional: 2013 fue el año marcó el menor registro de hectáreas de coca recientemente, pero al mismo tiempo fue el año en el que menos fumigaciones tuvieron lugar.
El segundo dato importante, que también reportó la comisión –tomando los registros de Naciones Unidas– es que desde 2007, cuando se comenzó a registrar una caída progresiva en las áreas cultivadas, el Gobierno empezó a combinar estrategias: además de la fumigación, aumentó esfuerzos en las interdicciones de cargamentos de cocaína que tenían destino fuera de Colombia y en la destrucción de laboratorios clandestinos de procesamiento de pasta base.
Sin datos que mostrar, entonces, la propuesta de los drones se abre como una gran incógnita. Camilo González, presidente de Indepaz, afirma que esta nueva tecnología solo ha sido experimentada en agricultura de grandes extensiones, con monocultivos y en superficies planas. No en zonas y terrenos irregulares como es el caso de los cultivos de uso ilícito en Colombia: “Aquí hay cuerpos de agua, peces, animales domésticos, cultivos de pancoger mezclados con cultivos de coca, etc. No se pueden utilizar drones en zonas de ladera ni de cultivos entremezclados. Debe informarse de forma anticipada a la población, debe establecerse un margen de 50 metros de los cuerpos de agua y advertir que ni personas ni animales pueden estar en la zona durante 15 días. El glifosato no es una sustancia inocua, como han pretendido asegurar en muchas ocasiones”.
El factor humano
Otro punto que llama la atención dentro de esta nueva política de erradicación tiene que ver con el Acuerdo de Paz que firmaron las Farc y el Gobierno. Este prioriza una política de sustitución en la que las comunidades van de la mano con el Estado, a través de proyectos de sostenimiento para campesinos cocaleros y de facilidades para la comercialización de nuevos productos. De hecho, el acuerdo formula el Plan Integral Nacional de Sustitución (PNIS), al que a la fecha se han inscrito 77.659 familias.
Si la prioridad del gobierno Santos con el Acuerdo de Paz estaba en la cercanía con las comunidades, ¿por qué ahora pisarle el acelerador a un método que claramente pone en primer plano la erradicación forzada y no concertada?
Si bien es cierto que el problema de la coca viene aumentando en cantidad en los años recientes y que se trata de una preocupación legítima para el Estado, la historia ha demostrado que la fuerza sin articulación de planes para los cultivadores no tiene un alcance determinante. Muestra de ello, por ejemplo y según datos de Naciones Unidas, es que entre 2011 y 2012 el 50 % de las hectáreas de coca asperjadas en el país fueron resembradas en la siguiente temporada de lluvias.
Así que el problema es evidente: sin opciones reales de subsitencia para los cultivadores, los resultados de los planes de erradicación estarán condenados a resultados relativos. Esto sin tener en cuenta que las políticas forzosas deterioran la relación de confianza entre el Estado y las comunidades, lo que a la larga termina siendo una ventaja para quienes controlan el negocio del narcotráfico con armas y dinero.
“No tenemos prueba alguna de que el uso de drones vaya a funcionar. Solo tenemos antecedentes en uso de glifosato que han demostrado ese no es el camino. Lo que vemos es la voluntad de potenciar la erradicación forzada en detrimento de la sustitución voluntaria. Así ahora nos digan que se trata de una una tecnología distinta, en el fondo la raíz es la misma de la política de represión que ya habíamos superado”, asegura Adriana Muro, coordinadora jurídica de Elementa, una organización que trabaja en temas de políticas de drogas y derechos humanos.
Del lado de las comunidades, el mensaje es claro. En Proyecto Coca hemos contado historias exitosas de campesinos que lograron dejar atrás el los cultivos de uso ilícito. Una de las más recientes fue la Juan Antonio Urbano, un excocalero que sustituyó por cacao y hoy está al frente de Distrito Chocolate, una colorida tienda en el centro de Bogotá. Él resume el problema en una sentencia: “Mientras la erradicación sea forzada, la coca sencillamente se traslada”.
