Así se vivió la guerra en el pueblo de Rigo

En la tierra del subcampeón del Tour de Francia operaron las Farc y los paramilitares.

Rigoberto Urán es empresario, espontáneo y colombiano hasta los tuétanos, Urán es hijo de Urrao, uno de los 23 municipios del Suroeste antioqueño.

Pero, como a otros ocho millones de colombianos, el país que le legó la alegría y la frescura a Rigo también le dejó una herida difícil de sanar: a comienzos de la década del 2000, cuando él tenía 14 años, paramilitares asesinaron a su padre y convirtieron a su familia en víctima de la tragedia nacional que es nuestra guerra.

Urrao, donde creció Urán, hace parte de una de las cuatro zonas que componen el suroeste de Antioquia: la del río Sinifaná, conocida por su papel protagónico en la industria cafetera y en la producción de carbón. La subregión está apostada entre las cordilleras Central y Occidental, y limita con Chocó, Caldas y Risaralda.

Desde finales de los 80, como parte de su proceso de expansión territorial, las Farc llegaron a Urrao con su recién creado frente 34, que también operaba en Chocó. Entonces (y aún hoy), Urrao era un municipio de producción campesina, en el que había echado raíces la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Las Farc constituyeron allí una importante retaguardia, especialmente en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, en el que habitan campesinos e indígenas embera katío.

Las Farc ejercieron tal poder en Urrao que, en marzo de 2003, el frente 34 le envió una carta a los concejales del pueblo advirtiéndoles que si no renunciaban a sus cargos, serían “declarados objetivo de guerra”. La razón para esa amenaza era, según la guerrilla, que los concejales eran cómplices de una “estrategia paramilitar”. En julio de ese año, según un informe rendido por el entonces personero de Urrao, Juan Guillermo Escobar, la guerrilla asesinó al concejal Lisardo Álvarez y al hijo del presidente del concejo, Jairo Montoya, como retaliación por permanecer en sus cargos.

El nombre de Urrao se escribió para siempre en la historia del conflicto colombiano en mayo de 2003, cuando el frente 34 asesinó allí al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, al asesor de Paz de la Gobernación Gilberto Echeverri y a ocho militares. Todos habían sido secuestrados por esa estructura y, de acuerdo con la justicia, fueron asesinados por guerrilleros en medio de una operación de rescate realizada por el Ejército. En 2008, el Tribunal de Antioquia condenó a 40 años de prisión a todos los miembros del Secretariado de las Farc por la ejecución de ese crimen, que motivó el repudio de todo el país.

Pero Urrao también vivió la violencia de los paramilitares a finales de los años 90, cuando el frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó al municipio. En su sentencia de febrero de 2017 contra el exparamilitar Rodrigo Zapata Sierra, exjefe financiero de ese frente, el Tribunal de Medellín contó que esa estructura arribó a la subregión para proteger un centro de reuniones que había establecido en Angelópolis el jefe paramilitar Vicente Castaño.

Los ‘paras’ de Castaño se asentaron entre Amagá, Titiribí y Angelópolis, desde donde atacaron a personas señaladas de pertenecer a las Farc, a ladrones y a consumidores de drogas. De acuerdo con el Tribunal, se financiaron con aportes voluntarios y forzados de narcotraficantes, finqueros y ganaderos.

Entre 2003 y 2006, en medio de la política de Seguridad Democrática desarrollada por el gobierno de Álvaro Uribe, en Antioquia se presentaron 1.460 contactos armados entre la Fuerza Pública y las Farc, 959 de ellos en solo diez municipios, entre los que se encontraba Urrao. En ese mismo periodo, 4.523 personas fueron desplazadas del pueblo, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

Hoy, con las Farc y las Autodefensas desarmadas, el municipio está fuera del radar de los actores del conflicto. Según el recién lanzado informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, de la Fundación Ideas para la Paz, Urrao está libre de grupos armados ilegales.