Así están las negociaciones entre el Gobierno y los presos de las Farc

Una huelga de hambre de casi un mes terminó en acuerdos entre los detenidos y el INPEC para mejorar la atención de los enfermos.

A medida que se acerca la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en La Habana, crecen los interrogantes en torno a la suerte inmediata que correrán los militantes de esa guerrilla que están recluidos en las distintas cárceles del país.

Ya se sabe que el acuerdo sobre justicia contempla el indulto de los acusados y condenados por rebelión y delitos conexos, así como la revisión de los casos y la sustitución de las condenas que se han impuesto en la justicia ordinaria a quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, aún se desconoce cuánto tomará la puesta en marcha de la compleja Jurisdicción Especial para la Paz.

Teniendo en cuenta los tiempos y el enorme volumen de trámites que requerirá la definición de la situación jurídica de los presos, el Gobierno anunció en noviembre de 2015 que adecuaría unos patios especiales dentro de las cárceles para facilitar el estudio de su condición “jurídica, personal y familiar”. En esa oportunidad, también se anunció la realización de brigadas para atender a 106 guerrilleros, cuyo estado de salud era preocupante.

No obstante, las Farc han dicho en múltiples ocasiones que ninguna de esas medidas se ha cumplido. Y aunque el Gobierno declaró que esas decisiones se tomaron “para construir confianza y desescalar el conflicto”, lo cierto es que el asunto ha terminado por agravar las fuertes tensiones que se viven en los penales.

Tanto así, que el pasado 19 de enero cientos de guerrilleros recluidos en La Picota entraron en huelga de hambre y cese de actividades para presionar la definición de los nuevos patios y el arribo de las brigadas. Entre el 8 y el 9 de febrero los internos de otros 14 penales se sumaron a la protesta, y no fue hasta una seguidilla de mediaciones de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) que la huelga se levantó este martes.

Según la columna Domingo Biohó, en la que están agrupados los presos de las Farc en La Picota, en esa cárcel hay 42 guerrilleras y guerrilleros discapacitados, de la tercera edad, con enfermedades terminales, y en estado de gestación y lactancia, que no reciben atención médica. Prueba de ello sería el caso de Jhon Jairo Moreno, quien murió a comienzos de febrero por cuenta de una enfermedad hepática que fue “tratada negligentemente”.

Otro caso es el de Edilson Martínez, que lleva más de tres años con un tutor en la pierna derecha. Según fuentes que conocen las historias clínicas de los guerrilleros, Martínez perdió parte de la tibia por un disparo de fusil y fue sometido a una costosa cirugía de reconstrucción con cemento óseo, cuyos resultados se echaron a perder por falta de controles médicos. Poco a poco, su pierna se ha ido descomponiendo y hoy está en riesgo de ser amputada. Preso desde 2013 por rebelión, Martínez no ha sido condenado.

Las mismas fuentes aseguran que el guerrillero José Ángel Parra, enfermo de leucemia crónica, lleva 25 días sin recibir su dosis diaria de Imatinib. La situación se ha repetido en múltiples ocasiones desde 2009 y el asunto es de tal gravedad que en enero de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. No obstante, el sábado pasado un hospital de Bogotá habría negado el ingreso de Parra a una cita médica por “no contar con los $3.000 del copago”.

Vea aquí el documento: Medidas cautelares José Ángel Parra

Daniel Millares, responsable del área de justicia transicional de la MAPP-OEA, quien ha participado en la mediación entre los presos y el INPEC, asegura que “algunos de los que se autodenominan prisioneros políticos y de guerra de las Farc y del Eln viven una situación de salud muy agravada y necesitan atención inmediata (…) El haber participado en una guerra ha hecho que hayan contraído enfermedades muy graves o que tengan lesiones que deben ser tratadas”.

La intervención de ese organismo ha permitido la celebración de tres reuniones en La Picota, en las que han participado voceros de los presos de las Farc, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, Medicina Legal, la Corporación Solidaridad Jurídica, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el INPEC.

Allí se acordó la atención prioritaria en salud de 274 guerrilleros a nivel nacional, 37 de los cuales serán valorados por Medicina Legal para determinar si su condición es compatible con su estadía en la cárcel. Según Millares, seis de esos 37 ya recibieron visitas por parte de médicos legistas.

El otro problema grave, según los reclusos, es la alimentación. El 3 de febrero unos tres mil presos sociales se declararon en “desobediencia civil” por supuestos “problemas de corrupción en el manejo y desabastecimiento de los productos del expendio, en los contratos y servicio de alimentación y la falta de atención médica”, de los que también se han quejado los presos de las Farc.

La huelga masiva desembocó en una reunión entre el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y los representantes de derechos humanos de los internos. Allí se trataron asuntos tan delicados como la existencia de presuntas redes de corrupción que acaparan los alimentos destinados al expendio de la cárcel, la venta de esos y otros productos en el mercado negro “con sobrecostos del 300%”, y lo que los presos califican como la “pésima calidad y deficiente cantidad del servicio de alimentación”.

Toda una sorpresa, porque, según el Sistema de Contratación Pública, la Uspec le paga $7.048 a la Unión Temporal Servialimentar por cada ración de alimentos que reciben los internos de La Picota. En diciembre de 2015, Servialimentar recibió un contrato por más de $21 mil millones para prestar el servicio de alimentación en las cárceles La Picota, La Mesa (Cundinamarca) y Leticia (Amazonas), durante 10 días de 2015 y los 12 meses de 2016. De ese monto, $20 mil millones se invierten en Bogotá.

Vea aquí el documento: Contrato Uspec – Servialimentar

Y aunque el contrato contiene un anexo con 18 detallados menús para desayunos, almuerzos y comidas, que incluyen frutas, carnes, sopas, cereales, verduras y harinas, los presos aseguran que esas especificaciones no se cumplen y que lo que les sirven se asemeja a la “comida para gatos”. Según Jhonier Martínez, uno de los voceros de las Farc en la cárcel, “también ha habido problemas con el gramaje de la comida, porque algunos prisioneros y funcionarios les venden los alimentos a la gente de los patios que tiene plata”. Una situación que deberá ser investigada.

El tema se ha agravado por el desabastecimiento de los expendios, teniendo en cuenta que los contratos para el suministro de bebidas, enlatados y cereales, entre otros productos, se encuentran en licitación.

Fuentes del INPEC aseguran que la Uspec está al frente del asunto y que, en cuanto a la atención médica, la lenta liquidación de Caprecom ha impedido mejorar el servicio mediante la contratación directa entre los penales y los hospitales. Recientemente, la Corte Constitucional emitió un duro fallo en el que le ordenó al Congreso y al Ejecutivo garantizar el respeto por los derechos humanos en las cárceles.