La FIP presentó su propuesta sobre la forma como debería estructurarse la desmovilización y reincorporación de los guerrilleros.
Qué es preferible: ¿qué una vez se desmovilicen las Farc todo aquello que unía a sus combatientes desaparezca?, ¿será mejor que se mantengan cohesionados mientras se crean entornos favorables para su reintegración a la sociedad?
Una propuesta alrededor de esa pregunta es lo que plantea el informe que acaba de presentar la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en relación con el proceso de transición que se viene para las Farc –y sus implicaciones para todo el país– cuando comience el proceso de desmonte de sus estructuras armadas, luego de la firma de un acuerdo final en La Habana.
El documento, titulado Primeros pasos para la transición: apuntes para la estabilización provisional de las Farc, aborda interrogantes sobre la seguridad de los excombatientes, los lugares donde se concentrarían y sobre aquellas zonas en las que la desmovilización dejaría un vacío de poder que podría ser utilizado por otros actores violentos.
(Vea también: Glosario ¡Pacifista!: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR))
Para ello, la FIP acoge la discusión sobre los conceptos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y Medidas de Estabilización Provisional (MEP), dos expresiones que si bien suenan bastante complejas, recogen la pregunta básica sobre si es conveniente promover una rápida transición a la vida civil –lo que se busca con el DDR–, o si en su lugar debería mantenerse la unidad de los grupos armados en cuerpos especiales “que permitan que la reintegración a la civilidad sea menos traumática y más efectiva a mediano y largo plazo”.
En otras palabras, la propuesta de Ideas para la Paz sugiere que en lugar de propiciar un proceso de desarme que permita a los antiguos combatientes quedar desperdigados por el territorio, sin garantías de seguridad para ellos y sus familias, mejor se contemple la posibilidad de mantenerlos unidos, preservando por un tiempo figuras de mando y control que eviten, además, su posible reincidencia en acciones violentas.
¿Seguridad para el campo con desmovilizados?
De acuerdo con la FIP, la experiencia internacional ha demostrado que en los procesos de DDR, que buscan desmantelar las estructuras armadas ilegales, “los resultados no siempre se han traducido en la eliminación de la violencia y mejores condiciones de seguridad y bienestar socioeconómico para la población”.
Según el informe, casos como los de Guatemala, Uganda, Sierra Leona, Sri Lanka, Camboya, Haití, Islas Salomón y Liberia han demostrado que “a pesar de la implementación de programas de DDR durante la etapa de postconflicto, los niveles de violencia se mantuvieron altos y en algunos casos aumentaron”.
Por ello, una de las alternativas que plantean las Medidas de Estabilización Provisional es la conformación de cuerpos de seguridad rurales con la participación de desmovilizados. Esa posibilidad, que ya ha despertado fuertes polémicas en el país, ha sido frecuente en números procesos de posconflicto en el mundo.
De hecho, en el informe de la FIP se habla de cinco posibles medidas de este tipo que han sido implementadas en varios países. Tres de ellas contemplan la vinculación de excombatientes a fuerzas de seguridad, ya sea mediante la creación de nuevos cuerpos de protección civil, integración al sector militar o en la creación de fuerzas transicionales de seguridad.
Las otras dos medidas, en cambio, son la creación programas de sensibilización o diálogo entre quienes dejen las armas y las comunidades, así como “formas de autonomía transicional” para los excombatientes, para evitar que sean marginados y estigmatizados.
Sin embargo, Ideas para la Paz aclara que, cualquiera que sea la elección, no debe olvidarse que son medidas temporales “que no buscan sustituir definitivamente la oferta institucional para el postconflicto, sino favorecer el entorno para la implementación de estrategias más estructuradas y de largo alcance”.
Las MEP son herramientas que pueden ayudar a complementar y reforzar la promoción convencional de la seguridad luego del conflicto
Por otra parte, el informe indica que no son medidas obligatorias ni un prerrequisito para implementar medidas de seguridad convencionales como las contempladas en los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, sino que “son herramientas que pueden ayudar a complementar y reforzar la promoción convencional de la seguridad luego del conflicto”.
Pero, además, dice el estudio, “no son un instrumento exclusivamente militar ni policial sino que parten de una visión integral que puede abarcar labores civiles (capacitaciones y orientación psicosocial de los excombatientes) o pueden tener componentes cívico-militares (atención de desastres naturales, reconstrucción de la infraestructura, entre otros)”.
Pero la FIP señala también los riesgos de este tipo de herramientas que, de acuerdo con el informe, podrían fracasar “si no se brindan los incentivos adecuados o si se diseñan fórmulas incoherentes con las particularidades de cada contexto, como lo demuestran algunas experiencias internacionales”.
Esos riesgos se encuentran, por ejemplo, en que las medidas se extiendan en el tiempo y no se logren los cambios institucionales que se requieren, o en la resistencia que algunas de esas medias podrían encontrar en las Fuerzas Militares.
Un crítica al DDR
A principios de febrero el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, formuló varias críticas a los modelos de DDR en el último de los cinco foros para recoger las propuestas ciudadanas para el proceso de paz.
(Vea también: La sociedad empieza a imaginar el “Fin del conflicto”)
De acuerdo con Medina Gallego, el modelo de Desarme, Desmovilización y Reincorporación, que se aplicó con paramilitares y guerrillas en procesos de negociación pasados, solo es viable en el escenario de que la fuerza en combate se encuentre sometida o derrotada. Según dijo, “ese no es el caso de las Farc”.
Por tanto, planteó un modelo que denomina Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP). Ese esquema consistiría en una “declaración política que hacen las partes de no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos”.
De esa forma, se evitaría que la entrega de armas, que se haría a la comunidad internacional, se entienda como una rendición que haría inviable ese escenario para la guerrilla. Su propuesta también incluye la asignación directa de curules en corporaciones públicas e incluso pide que se tenga en cuenta la propuesta de las Farc para la creación de los llamados Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (Terrepaz).
(Vea también: ‘Todo está en la imaginación de las Farc’: general (r) Mora)
