Hablamos con estas líderes sobre los retos que tienen el Gobierno y las Farc de cara a la violencia de género.
Quizá uno de los anuncios mejor recibidos, de entre todos los que han realizado el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), sea el de la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, un organismo que estará encargado de investigar lo ocurrido durante el conflicto armado y que tiene entre sus mandatos el de producir conocimiento con un enfoque diferencial y de género. Esto significa, en un lenguaje sencillo, que valorará los impactos que la guerra ha ocasionado sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y para ello contará con un grupo de trabajo destinado exclusivamente a realizar tareas técnicas e investigativas con ese enfoque.
Teniendo en cuenta ese lugar privilegiado que tendrá el estudio de la violencia contra las mujeres en la etapa de implementación de los acuerdos, al menos 120 lideresas y defensoras de derechos humanos se reunieron la semana pasada en Bogotá para elaborar recomendaciones de cara al trabajo de la futura Comisión de la Verdad. El evento, llamado Segundo Encuentro del Ciclo sobre los Derechos de las Mujeres, Justicia Transicional y Construcción de Paz, contó con participantes de 23 departamentos, que integraron cinco comisiones para plantearle diversos retos a la mesa de negociaciones en múltiples frentes.
El primer grupo abordó el enfoque diferencial y pidió que entre los integrantes de la Comisión haya representantes de las organizaciones sociales, que se preste atención psicosocial antes y después de las audiencias en las que se recolecten los testimonios de las víctimas; que se cree un grupo de traductoras al servicio de las indígenas y que se pondere la diversidad sexual de las mujeres a la hora de abordar las investigaciones.
El segundo grupo, integrado por representantes de la costa pacífica y del sur del país, solicitó que las lideresas sean quienes recolecten los relatos de las víctimas; que se trace una estrategia de comunicación con enfoque regional para que las mujeres participen activamente en la fase de investigación, y que se recopilen los testimonios de las víctimas que viven en el extranjero.
Pese a que el Gobierno y las Farc determinaron que las pesquisas de la Comisión no podrán incorporarse a procesos judiciales, este grupo de mujeres pidió que esa decisión fuera revaluada y que la información pueda usarse para juzgar a los paramilitares y a los empresarios que financiaron la guerra, entre otros actores.
Conformado por delegadas de los santanderes y del Caribe, el tercer grupo hizo un llamado para que la Comisión de la Verdad ahonde en la relación entre las mujeres y la propiedad de la tierra. También, propuso que el nuevo organismo recoja las lecciones del proceso de Justicia y Paz, donde los excombatientes no han reconocido a plenitud la violencia contra las mujeres; que estudie los crímenes de las bandas criminales (Bacrim), como una garantía de no repetición, y tenga en cuenta a los niños y niñas que nacieron producto de la violencia sexual.
En cuanto a la designación de los integrantes de la Comisión, este grupo solicitó que durante el proceso de selección se tenga en cuenta la experiencia de los candidatos en temas de género. Además, planteó la necesidad de crear distintos sistemas de información que permitan clasificar los delitos por tipo y lugar de ocurrencia, entre otras variables que den cuenta de las verdaderas dimensiones de la guerra en los territorios.
Los grupos cuarto y quinto, integrados por mujeres del Eje Cafetero y del centro del país, propusieron que la Comisión estudie las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la justicia, que valore los relatos de las excombatientes y que contribuya a desestigmatizar a las organizaciones sociales. Además, llamaron la atención sobre el hecho de que “sean los guerreros los que vayan a escoger a la mayoría de los comisionados”, por lo cual sugirieron replantear el mecanismo de elección.
El enlace entre esas propuestas y los negociadores podría ser la Subcomisión de Género, que la semana pasada invitó a algunas lideresas para debatir en La Habana un tema tan sensible como la violencia sexual en desarrollo del conflicto. Entre las invitadas estuvo Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia, una de las entidades que convocó el Segundo Encuentro del Ciclo sobre los Derechos de las Mujeres. Hablamos con ella para conocer su perspectiva sobre la posibilidad de que las partes aborden las numerosas recomendaciones que se formularon durante el encuentro.
¿Qué le plantearon las mujeres a la Subcomsión de Género en La Habana?
En primer lugar, pidieron que haya un reconocimiento de que la violencia sexual ha existido en el marco del conflicto armado colombiano. En segundo, hubo un llamado muy claro para que la mesa tome medidas específicas de no tolerancia hacia la violencia, en ninguna de sus formas. También se hicieron pedidos para que cualquier modelo de justicia que se desarrolle tenga en cuenta la violación de los derechos de las mujeres, y se planteó la necesidad de que el proceso de paz sea una oportunidad para transformar las condiciones de vulnerabilidad y discriminación por razones de género.
Las Farc han negado su responsabilidad en crímenes asociados a la violencia sexual. ¿Cómo sortear ese obstáculo?
En esta audiencia en la que acabamos de participar no se dio ningún proceso de negación ni de aceptación de ninguna de las partes. Sabemos que en los medios de comunicación han salido declaraciones de las Farc negando su participación en estos delitos, y creemos que existe una inquietud de su parte de ser catalogadas como violadoras de los derechos de las mujeres.
Lo que sí destacamos es el hecho de que la mesa nos haya invitado a hablar de este tema como una señal de que los negociadores son conscientes de que este asunto es central para la búsqueda de la paz, y de que el punto de víctimas no puede resolverse si no se incluye la manera como se ha victimizado a las mujeres.
Además de contribuir a la aceptación de esos crímenes, ¿cuál cree que es el principal reto de la Subcomisión?
Como en cualquier proceso, la Subcomisión de Género enfrenta el gran reto de integrarse con todas las demás comisiones que existen en la mesa; es decir, tiene que ser capaz de influir estratégicamente en la totalidad del proceso de conversaciones. Y ese reto requiere que haya mecanismos específicos de integración y de participación, además de la búsqueda de alternativas para que la sociedad civil pueda, en distintos momentos, plantear sus perspectivas sobre el trabajo de ese organismo.
ONU Mujeres trabaja con el Centro de Memoria Histórica para que la perspectiva de género sea incluida en la reconstrucción de memoria. De cara a la Comisión de la Verdad, ¿cómo se puede articular lo hecho con los nuevos procesos de análisis e investigación?
Colombia, a diferencia de otros países donde han sucedido conflictos, tiene una larga trayectoria de recuperación de la memoria histórica. Esa es una gran ventaja, porque hay metodologías desarrolladas y porque la verdad, desde la perspectiva de las mujeres, ha sido recogida por distintas entidades estatales y de la sociedad civil. En ese sentido, la primera recomendación que nosotros hacemos es que se tenga en cuenta la experiencia desarrollada. El Centro de Memoria, por ejemplo, tiene mucha experticia sobre el contexto en el cual las mujeres hablan y cuál es la manera en que se deben considerar sus espacios de seguridad y protección.
También existen lecciones en términos del análisis de la información, por lo cual creemos que esa articulación se debería dar de un modo bastante natural, en términos de reconocer el trabajo que se ha venido haciendo y de absorber sus recomendaciones metodológicas para introducirlas en las estrategias de la futura Comisión de la Verdad.
