Arrancar por el tema humanitario: ¿una solución para destrabar la mesa con el ELN?

Académicos y organizaciones sociales piden superar la parálisis en la que están sumidos los diálogos.

Más de dos meses después de que el Gobierno y el ELN anunciaran el inicio de la fase pública de conversaciones, el proceso continúa estancado —aparentemente— por las diferencias entre las partes sobre el tema del secuestro. En la puja por ese asunto, se ha ido diluyendo la expectativa de la sociedad civil por la posible convergencia entre esa mesa de diálogos y la que se desarrolla en La Habana, con las Farc.

Mientras el presidente Juan Manuel Santos insiste en que el secuestro es “inaceptable” y en que no hace parte de “las reglas del juego de la guerra”, el ELN asegura que el Gobierno está desconociendo lo acordado y que ese y todos los temas humanitarios deben abordarse en desarrollo de las conversaciones públicas, como está contemplado en el punto 5 de la agenda que las partes dieron a conocer el pasado 30 de marzo.

De momento, se sabe que el Gobierno y el ELN se reunieron el pasado 10 de mayo para intentar encontrar caminos que permitan instalar la mesa en Quito (Ecuador), tal como se tenía previsto. Según declaró “Pablo Beltrán”, integrante de la delegación de paz del ELN, en ese encuentro se “hizo un amplio intercambio sobre cómo darle una salida negociada a este impasse” y se debatieron posibles soluciones a varios temas humanitarios, con el fin de “aclimatar la paz”.

Transcurrido más de un mes desde ese encuentro, nada se sabe públicamente sobre el estado de la negociación. No obstante, distintos sectores de la sociedad civil se han dado a la búsqueda de soluciones y a la preparación de la fase pública de conversaciones, que requerirá de su participación en dos de los cinco puntos de la agenda. Les preguntamos qué proponen para que las partes destraben la mesa y empiecen, por fin, la última negociación que hace falta para ponerle fin al conflicto armado en Colombia.

Katherine Torres es la coordinadora nacional de Paz Completa, una campaña que impulsan varias personalidades, organizaciones y plataformas de la sociedad civil para pedirle al Gobierno y al ELN que negocien la paz. En su opinión, “el país necesita avanzar hacia el fin del conflicto armado total y no solamente con una de las insurgencias. Por eso, les pedimos a las partes que consideren la propuesta de iniciar la negociación con el literal f del punto 5, que se refiere al tema humanitario”.

Torres dice que en la discusión sobre ese literal, el Gobierno y el ELN podrían abordar temas como el secuestro, el “desescalamiento” del conflicto y el futuro cese bilateral al fuego.

Una propuesta similar tiene Víctor de Currea-Lugo, profesor, asesor de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y editor de tres libros sobre la negociación entre el Gobierno y el ELN. Para De Currea, “una manera de resolver este obstáculo es priorizar el punto 5f de la agenda, que no es solamente sobre los secuestrados, sino también sobre los desplazados, los desaparecidos, los detenidos, los falsos positivos judiciales y los líderes sociales asesinados”.

Según él, las partes deben tomar decisiones políticas de fondo para avanzar en la negociación: “Del lado del ELN, hay que recordarle que el cese del secuestro no es una decisión en su relación con el Gobierno, sino en su relación con la sociedad, y que debe suspenderlo por razones éticas, jurídicas y políticas. Del lado del Gobierno, tiene el deber de dejar de inventarse condicionantes que no aparecen incluidos en la agenda con el fin de torpedear el proceso, porque hay sectores que prefieren paz con las Farc y guerra con el ELN”.

En un documento titulado “Un punto previo — humanitario en el proceso de conversaciones Gobierno-ELN”, el profesor e investigador Carlos Medina opina que las partes deben ceder y arrancar la fase pública con la discusión sobre los secuestrados, toda vez que “existe sobre el Gobierno una presión mayor de la sociedad y en particular de la oposición sobre el secuestro” y que ese delito “no tiene, en términos del respeto por la condición y la libertad humana, ninguna justificación”.

Además del secuestro, Medina propone que el “punto previo” incluya otros debates que son de interés del ELN, de un lado, y de la sociedad civil, de otro. Entre ellos se encuentran “un proceso de tratamiento especial y humanitario a los presos políticos” y una ruta de seguridad que garantice la vida de las comunidades que participarán en los debates regionales sobre la paz que se realizarán durante la fase pública.

Similar sugerencia tiene la Mesa Social para la Paz, una plataforma integrada por distintas organizaciones sociales y políticas, entre las que se cuentan el Congreso de los Pueblos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA).

Para Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga e integrante del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, “el Gobierno se equivoca al sacar de la manga exigencias que no han sido pactadas y el ELN tampoco ha sabido leer a la sociedad, a la opinión y al contexto de hoy, donde el secuestro es inadmisible. Por eso, es necesario generar unos indicadores de confianza que acerquen a las partes, y que el punto humanitario sea el primero que se trate en la mesa”.

La sociedad, a la espera

Mientras el Gobierno y el ELN se deciden a darle vía libre a la negociación, las organizaciones sociales que respaldan el proceso continúan a la espera de la fase pública, que se ha entendido como una oportunidad para que la sociedad canalice sus propuestas en temas como la profundización de la democracia, la pobreza, la corrupción, el medio ambiente y la desigualdad.

Katherine Torres, de Paz Completa, opina que “la mesa de conversaciones entre el ELN y el Gobierno es una oportunidad para abordar el modelo de participación de la sociedad civil y pensar uno nuevo que permita generar un proceso de cambio. Por eso, nosotros sí asumimos con mucha importancia la oficialidad del 30 de marzo y empezamos a trabajar articuladamente en los territorios para que el pretexto no pueda ser que la mesa no avanza porque no estamos organizados o no tenemos propuestas”.

En el fondo, lo que plantean algunas organizaciones sociales es que si el Gobierno quiere acabar la guerra no sólo tiene que negociar reformas con las guerrillas, sino mejorar los mecanismos de negociación con la sociedad civil para que sean vinculantes y no se reduzcan a mesas de concertación —como las que se han instalado con el sector agrario y sindical— cuyos acuerdos, según ella, se quedan en el papel.

Por eso, ven en los puntos 1 y 2 de la agenda con el ELN, titulados “participación de la sociedad en la construcción de la paz” y “democracia para la paz”, un escenario privilegiado para debatir esas transformaciones.

Diana Sánchez, de la Mesa Social, dice que “la oportunidad política que tiene la sociedad con esta mesa es la de hablar de democracia. Lo sustancial que puede salir de aquí no son necesariamente proyectos y programas estatales, sino la apertura de unos debates en los que el movimiento social quiere participar y decidir”.

Pero esas oportunidades continuarán cerradas hasta tanto no se instale la fase pública, cuya importancia se ha ido opacando por la parálisis en la que la sumieron las partes y por los avances significativos de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, que se encuentra en su etapa final.