El poderoso y cuestionado gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, aprovechó la pandemia por el Covid-19 para otorgar a empresarios cercanos e influyentes en la región dos contratos por los que hoy es investigado fiscal, disciplinaria y penalmente por presuntas irregularidades y sobrecostos.
Por: La Liga Contra el Silencio
La declaratoria de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus cumplía poco más de un mes en Colombia cuando la Gobernación de Arauca firmó un millonario contrato para un megaevento cultural que se suspendió por las restricciones. Días antes también había pactado la compra de kits de alimentos que tendrían un sobrecosto de 31 %.
Las dos licitaciones, que están bajo la lupa de las autoridades de control, tienen como protagonista al gobernador Castillo, que ocupó el mismo cargo entre 2012 y 2015, y varios antecedentes. Entre ellos, la investigación que se realiza desde marzo de 2017 por la compra de un avión ambulancia por 8.290 millones de pesos en ese primer mandato. Desde 1992 hasta 2020 Arauca ha tenido 15 gobernadores, seis de ellos en calidad de encargados y de ellos, ocho recibieron sanciones de distinto tipo o fueron condenados por la justicia.
Ahora, durante la emergencia, Castillo vuelve a ser señalado por contratos con personajes acostumbrados a ganar licitaciones y tener amistades en el mundo político del departamento. Ellos son los representantes legales de las empresas Multiservicios Mael S.A.S Zomac y la Corporación Cultural Cabalgando.
Con la primera, el gobernador Castillo firmó el 6 de abril un contrato de más de 4.463 millones de pesos para el “suministro, logística y entrega de kits de ayuda alimentaria” para la población afectada por la emergencia en Arauca. Con la segunda, el contrato firmado el 14 de abril- fue de 570 millones de pesos para “el apoyo a la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas” en el municipio de Cravo Norte.
La Contraloría, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos de sobrecostos relacionados con el suministro logístico y entrega de 33.437 kits alimentarios contra el gobernador Castillo, sus secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, el coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y Multiservicios Mael. La entidad dijo que “estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron pressobrecostos en productos como: sal (145 %), (panela 206 %) y pasta (211 %)”.
Multiservicios Mael fue creada en 2018 para prestar servicios de comidas y actividades recreativas, según indica el registro mercantil de la empresa, que está representada legalmente por Hebert Ernesto Espinosa Braga y su esposa Yarley Yajaira Londoño Sierra. La pareja estuvo entre los invitados a la ceremonia de posesión del hoy gobernador Castillo. La tarjeta de invitación al evento fue publicada por Yarley Londoño en su perfil de Facebook. El hecho pasaría desapercibido si no fuera porque la cercanía del matrimonio con el poder político en Arauca ha sido construida a través de una carrera empresarial ligada, principalmente, a la contratación pública en el departamento.
La pareja Espinosa-Londoño creó en 2008 la empresa Servicios Integrados Mael y desde 2013 se erigió en Arauca como la gran contratista de los programas de alimentación, de la mano del exalcalde de la capital, Benjamín Socadagui, con quien hicieron proselitismo político en su campaña de 2015, como lo reveló La Silla Vacía a finales de 2017. Desde 2005 hasta 2020, Londoño y Espinosa con sus empresas —Multiservicios, Servicios Integrados y otras que representaban— han facturado más de 25.000 millones de pesos fruto de 25 contrataciones con la Alcaldía y la Gobernación.
Entre ellas, La Liga Contra el Silencio encontró dos contratos que Espinosa celebró con la Gobernación en 2005 y con la Alcaldía en 2007. El primero, por 200 millones de pesos, tenía por objeto la “realización de encuentros pedagógicos” para “fomentar la sana convivencia escolar” y lo ganó durante la administración de Julio Acosta (2004-2007) . El segundo, por 34 millones de pesos para el mantenimiento de los vehículos del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, se le adjudicó en el mandato del exalcalde Hernando Posso Parales, hoy diputado de ese departamento, investigado por presunto lavado de activos y cuestionado tras la venta, supuestamente sobrevalorada, de un lote a la Gobernación de Ricardo Alvarado (2016-2019).
Asimismo, en los últimos dos años de la alcaldía de Benjamín Socadagui (2016-2019), Multiservicios Mael S.A.S ganó —según la base de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop)— otros cuatro procesos licitatorios, por más de 1.400 millones de pesos, que tenían como finalidad el servicio de alimentación y el desarrollo de actividades deportivas.
En el caso del contrato de los kits alimentarios en la pandemia, el periodista araucano Phillip Moreno, que ha investigado los hilos del poder en la región, señala que Espinosa Braga “llegó influenciado por el apoyo del exdiputado Pablo Caro (de Cambio Radical), asesor político del Gobernador. Como era una contratación directa, le recomendó porque es un hombre de confianza”.
Hablar sobre irregularidades o cuestionar negocios con plata pública en el departamento no es sencillo. Carlos Guerrero, abogado y veedor ciudadano de Arauca, quien fue el primero en reportar estos sobrecostos y alertar a las autoridades competentes, reconoce que en esa región “divulgar las cosas no es fácil cuando hay medios de comunicación que no son totalmente independientes, sino que por necesidad de pauta oficial se abstienen de publicar ciertas cosas”.
A ello se suma el poder de Castillo, que llegó a la Gobernación en una coalición integrada por Cambio Radical, el Partido de la U y otros partidos. “Es muy complicado hablar de Facundo (Castillo) porque es un hombre poderoso en estos momentos. Triplicó en votación al tercero y duplicó al segundo de sus rivales en las elecciones del año pasado. Tiene apoyo de distintos sectores, de derecha y de izquierda”, explicó el periodista Moreno, quien por su trabajo ha recibido amenazas por parte de los grupos armados ilegales que operan en Arauca. También, dijo, ha sido objeto “de persecución política por parte de algunos asesores de él (el Gobernador). A través de redes sociales me han hecho una serie de intimidaciones”.
De rey de la contratación a imputado por la Fiscalía
Por el otro contrato investigado por las autoridades, el gobernador Castillo fue citado a interrogatorio en calidad de indiciado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues presume un direccionamiento ilícito para favorecer al contratista. En ese caso, otros tres subalternos de Castillo y el contratista Jhon Elver Garrido, la Fiscalía anunció imputaciones por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Garrido es el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Corporación Cultural Cabalgando, registrada en la Cámara de Comercio de la capital de Arauca y que firmó con la Gobernación el contrato por más de 570 millones de pesos para las actividades culturales en Cravo Norte.
La Corporación Cultural Cabalgando es un viejo conocido del gobernador Castillo. En su primera administración le entregó a esa entidad 55 contratos por más de 5.000 millones de pesos, para la difusión y promoción cultural de eventos artísticos. En su segundo periodo, Castillo volvió a contratar a la empresa para realización de las fiestas en plena pandemia y para otro contrato para realizar actividades artísticas por $ 39 millones.
En la gobernación de Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019), la Corporación Cultural Cabalgando también recibió contratos aunque no en la cantidad ni en la suma de su predecesor. Fueron cuatro contratos que sumaron más de 1.600 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Secop.
El gobernador Castillo también enfrenta desde el 15 de mayo en la Procuraduría una audiencia de juzgamiento disciplinario. Ese ente cuestionó la “inconveniencia” del contrato para el evento cultural en medio de la cuarentena, mientras que la defensa de Castillo fue argumentar que el contrato no entró en ejecución tras ser cancelado para prevenir el contagio por el Covid-19. Sin embargo, Castillo lo firmó el 14 de abril, fecha en la que regía el segundo decreto presidencial para el aislamiento obligatorio preventivo que, en ese entonces, se extendía hasta el 27 de abril. El contrato fue terminado de forma anticipada por decisión de la Gobernación, y la Procuraduría tiene previsto dar a conocer su decisión sobre el caso el 30 de junio.
Para el veedor ciudadano Carlos Guerrero, los contratistas Espinosa y Garrido “han ido consolidándose en la medida en que les dan contratos y así van fortaleciendo su imperio económico, el cual sostienen invirtiendo en política y en sostener a los políticos que manejan el poder público en el departamento”. “Eso es una simbiosis entre el capital y la administración pública. Eso no es un secreto para nadie. Los únicos que no saben son los organismos de control del Estado”, añadió.
Guerrero cree que “como contratistas, son responsables ante la comunidad y ante los organismos de control por los desafueros económicos en los que ha incurrido el Gobernador”.
El otro antecedente de Castillo
En septiembre de 2017 la Contraloría Departamental de Arauca hizo una auditoría especial a la contratación correspondiente al 2015, el último de la primera administración de José Facundo Castillo. Al finalizarla, el equipo auditor señaló deficiencias de planeación y en la presentación de los informes de supervisión e inobservancia del principio de publicidad en el Secop. El documento señala que en los hallazgos se determinaron siete observaciones administrativas y una observación presuntamente disciplinaria, que fueron objeto del plan de mejoramiento fiscal por parte de la Gobernación. En el informe se dedican seis apartes exclusivamente para a los procesos licitatorios que en esa época se llevaron a cabo con la Corporación Cultural Cabalgando.
Las observaciones realizadas a seis contratos suscritos entre esa empresa y la Gobernación señalan irregularidades como la no publicación de todos los documentos del proceso contractual en el Secop. Se cuestiona la inversión de recursos que buscaban incentivar el arte, la cultura y la investigación, que terminaron beneficiando a algunos subcontratistas. También se apunta a la discordancia entre cotizaciones de precios, la deficiencia en los informes de las actividades de control y seguimiento por parte de un supervisor y la disparidad en las fechas de publicación de actas de inicio y de entrega final.
La Liga Contra el Silencio intentó comunicarse con el gobernador Castillo para conocer su versión sobre su relación con los contratistas Hebert Espinosa y Jhon Garrido, pero no atendió las repetidas llamadas y mensajes a su celular personal.
También se buscó a los contratistas Espinosa y Garrido, pero hasta la publicación de este reportajes hicieron caso omiso a las llamadas y mensajes que esta alianza de medios les hizo.
Hasta el 26 de junio, según los procesos licitatorios que están en el Secop, desde que la pandemia llegó a Colombia, la Gobernación de Arauca ha celebrado 24 contratos, de los cuales ninguno ha sido para el sector salud.
Estos enredos del gobernador Castillo, por cuenta de sus contratistas favoritos, se suman a los cuestionamientos que pesan sobre él desde su anterior mandato. Ahora, con más ojos y presión encima por cuenta de la pandemia del Covid-19, que tienen al departamento con 76 casos (hasta el 25 de junio), Castillo espera el veredicto de la Procuraduría y la programación de su interrogatorio ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, los araucanos aguardan por conocer si se sumará a la lista de exmandatarios condenados, sancionados o destituidos.
