A la sede de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados llegó una amenaza con un ataúd y una cruz.
Una cruz dentro de un ataúd y un panfleto. Ese fue el paquete que llegó la tarde del pasado 20 de mayo a la sede en Cali de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Lo entregó “una persona de rasgos mestizos”, según le contó a la Fiscalía Erlendy Cuero, la vicepresidenta de esa organización. La amenaza, a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dice: “Declaramos muerte a negros guerrilleros hijos de puta pertenecientes a Afrodes Cali colaboradores de la guerrilla”. Y remata: “Los perseguiremos hasta matarlos uno a uno (…) declarados objetivo militar, vuelvan a sus territorios a vivir con las Farc”.
De acuerdo con la declaración de Cuero, la amenaza llegó a la sede de la Asociación, en el barrio Llano Verde, cuando varios de sus integrantes se reunían con el exdirector del ICBF en Valle del Cauca Jhon Arley Murillo con el fin de discutir la construcción de un plan de reparación para las comunidades negras víctimas del conflicto. Mientras se desarrollaba el encuentro, afuera de la sede, tres estudiantes del colegio Lacordire “entrevistaban a personal de la asociación”. Fue entonces cuando, según el relato, llegó el paquete.
Cuero cuenta que, de inmediato, los líderes de Afrodes acudieron a la policía para que abriera la correspondencia, “encontrando al interior una caja de madera de aproximadamente 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Al destaparla, (los policías) encontraron una cruz de madera pequeña y tierra de color negro, además de un sobre de manila con un panfleto de las AGC”. En su relato a las autoridades, Cuero dejó constancia de que “si algún integrante de Afrodes sufre un atentado, o su núcleo familiar, responsabilizamos al gobierno por no tomar las medidas necesarias. Pedimos ser escuchados antes de que nos ocurra alguna tragedia”.
La advertencia de la lideresa no es gratuita. En marzo pasado, en una audiencia sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia, el dirigente del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos Pedro Cortés le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tres líderes de Afrodes estaban a punto de ser asesinados. Entonces, Cortés mencionó los nombres de Bernardo Cuero, fiscal nacional de esa organización; Erlendy Cuero, vicepresidenta, y Arnaldo Hernández, líder de Afrodes en Cartagena.
Los tres dirigentes, como otros de la Asociación, alegan haber sido víctimas de llamadas amenazantes, panfletos, seguimientos y hasta intentos de homicidio. Todo, dicen ellos, por defender a las víctimas de la guerra o por alzar la voz frente a la vulnerabilidad que experimentan los jóvenes negros en los barrios pobres de las ciudades capitales, donde, a menudo, son reclutados por pandillas al servicio del microtráfico.
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En el comunicado público que expidió tras recibir ese ataúd en Cali, Afrodes alegó: “¿Dónde están las garantías de no repetición de esos hechos que nos volvieron víctimas? Estamos colocando muertos, nuestros hijos son los que están delinquiendo por necesidad, siendo reclutados por los delincuentes (…) Estamos viviendo en los asentamientos subnormales (…) y cuando exigimos derechos recibimos amenazas”.
La rectivimización de la que habla Afrodes tiene que ver con la historia de varios de sus dirigentes. Erlendy Cuero, por ejemplo, es desplazada de Buenaventura, Valle del Cauca, donde fue abusada sexualmente y despojada de sus tierras por las Farc; Bernardo Cuero es desplazado de Tumaco, Nariño, donde fue amenazado por paramilitares del bloque Central Bolívar a comienzos del 2000 en razón a su militancia de izquierda, y Arnaldo Hernández es desplazado de Urabá.
Hoy, cuando defienden los derechos de los afro en ciudades como Cali, Barranquilla y Cartagena, los líderes de la Asociación continúan siendo víctimas de persecución por parte de criminales. Pese a ello, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha calificado el nivel de riesgo de los amenazados como “ordinario”, como consta en documentos de la Unidad y de la CIDH que conoció este portal en marzo pasado.
Para Marino Córdoba, coordinador nacional de Afrodes, el reciente episodio de Cali “está relacionado con el trabajo de los líderes, que demandan atención de las autoridades para los desplazados de la ciudad”. Y agrega que, de momento, “no ha habido una respuesta del gobierno para garantizar la vida de los dirigentes, que están en serias situaciones de riesgo”.
