Mientras las Farc entregaron 135 nombres de menores reclutados, la Comisión de la Verdad realizó 12.695 entrevistas para que la verdad de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto no pase de agache. Ahora, la incógnita es cómo garantizar que la historia de estos menores no se repita.
El pasado viernes 12 de febrero, el Día Internacional Contra el reclutamiento Forzado de Menores, tuvo lugar el diálogo “Del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes a la no repetición”. El propósito de este espacio organizado por la Comisión de la Verdad era poner al país a dialogar para poner fin a esa amenaza desde la sociedad civil, las instituciones y los actores desmovilizados del conflicto armado.
Lo primero, admitir que este flagelo es más grande de lo que lo han admitido varios grupos ilegales. Sinthya Rubio, coordinadora del Enfoque de Curso de Vida de la Comisión de la Verdad indicó que el trabajo de la entidad confirma que los menores en el conflicto fueron instrumentalizados y reducidos a activos de cambio. Además, concluyó que existen relaciones asimétricas entre adultos y niños que contribuyen a que el reclutamiento forzado continúe hasta hoy, sin importar cuántos grupos entreguen las armas.
¿El Acuerdo les falló a los niños, niñas y adolescentes?
De acuerdo con Cristina Plazas, exdirectora del ICBF, varias voces defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia han manifestado su preocupación por “los niños que salieron por debajo de la mesa en Cuba”, es decir, los menores de edad víctimas de reclutamiento que quedaron por fuera de los 135 nombres entregados por las Farc para darle cumplimiento al Acuerdo de Paz. Según Plazas, la infancia y sus problemas se vuelven un tema accesorio en el mundo de los adultos, y lo mismo pasó en la Habana.
Para Frank Pearl, quien estuvo sentado en esa mesa y luego ejerció como exdirector de la Agencia Colombiana de Reincorporación, la preocupación por los niños y jóvenes reclutados está en el papel, pero la ejecución del Acuerdo de Paz también los ha defraudado:
“La implementación ha sido defectuosa, y eso permitió que muchos menores fueran entregados por la puerta de atrás, que no haya evidencia ni testimonios y que los juicios de responsabilidad sean incompletos”.
Sin embargo, el problema no se reduce a las Farc y su desmovilización. Según Alejandro Eder, mientras fue director de la ACR encontró que el 50% de los desmovilizados hasta el 2014 fueron reclutados sin haber alcanzado la mayoría de edad y casi el 40% militaron siendo menores de 15 años. Esto significa que más de la mitad de los desmovilizados hasta ese año cargaban con este trauma:
“El primer hecho traumático de los desmovilizados era el momento de reclutamiento. Cuando fueron arrancados de los brazos de sus familias para llevárselos”.
En este diálogo también se mencionaron múltiples factores que facilitan el reclutamiento y utilización de menores para actos ilegales como la violencia intrafamiliar, la falta de oferta educativa y de ocio, el crecimiento de las economías ilegales, y la debilidad o ausencia de las instituciones estatales.
Así lo explica Yoshua Mitrotti, exdirector de la Agencia para la Reincorporación:
“Las familias no pueden denunciar porque no tienen confianza en las instituciones, porque están amenazados, porque tienen miedo del futuro de sus hijos instrumentalizados por la guerra”.
El camino hacia la reparación
Para las voces invitadas a este diálogo, incluyendo la del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, la primera tarea es fortalecer a las familias. Sin importar cómo estén conformados, los hogares deben ser espacios libres de violencia física y sexual.
De la misma manera, se hizo énfasis en la necesidad de que las Farc digan la verdad sobre el reclutamiento de menores ante la JEP, y que se les exija al pie de la letra lo que se firmó al respecto en el Acuerdo de Paz.
A esta lista de caminos hacia la reparación se suma la necesidad de no criminalizar a los jóvenes que pasaron su niñez como instrumentos de los grupos armados. En otras palabras, no convertirlos automáticamente en victimarios al cumplir 18 años.
Finalmente, y tras casi un año sin abrir colegios y escuelas, fortalecer el sistema educativo es una tarea inaplazable y fundamental para garantizar oportunidades dentro de la legalidad y lejos de la violencia a los niños, niñas y adolescentes.
Aquí puede ver el diálogo completo:
