Tendrá un puesto en el Consejo Directivo, donde solo hay dos víctimas.
El pasado 27 de marzo, diez días antes de que el presidente Juan Manuel Santos creó la Comisión de la Verdad pactada en La Habana, que promete desentrañar las verdades sobre el conflicto colombiano, el gobierno tomó una decisión que pasó de agache y que podría levantar ampolla.
En un decreto de dos páginas, el Ejecutivo le dio un puesto al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la entidad que ha producido casi 70 informes sobre la guerra de manera independiente, por mandato de la Ley de Víctimas.
En el decreto, firmado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Nemesio Roys, el gobierno decidió que la cartera de Defensa hará parte del órgano de dirección del Centro, integrado por la Unidad de Víctimas; los ministerios de Educación, Cultura y Justicia; el DPS y dos representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Por eso, a partir de ahora, el Mindefensa podrá participar en la toma de decisiones cruciales para el CNMH, que van desde definir en qué se gasta la plata hasta formular estrategias para priorizar las investigaciones y manejar el archivo sobre violaciones de derechos humanos.
La decisión, que empezó a cocinarse desde finales de 2016, tiene muy preocupados a los directores e investigadores del CNMH. Consultada por ¡Pacifista!, la entidad dijo que no se pronunciará oficialmente sobre el tema, ya que toca fibras en el alto gobierno. Sin embargo, dos fuentes del Centro, que conocen el tema de primera mano, le contaron a este portal que en la entidad están muy molestos porque el Ejecutivo tomó la decisión de manera unilateral y solo les pidió “acatar la orden” de recibir al Mindefensa.
Las fuentes fueron claras: el CNMH no está de acuerdo con la decisión porque cree que atenta contra el espíritu independiente de la entidad y contra la propia Ley de Víctimas, que dice que el Estado no podrá promover la construcción de una “historia o verdad oficial”. De acuerdo con las personas consultadas, “la apuesta del CNMH no es por la memoria institucional, la del gobierno, sino por una memoria que dignifique a las víctimas, que hable del sufrimiento de la gente”.
El otro tema que preocupa a los investigadores es el argumento con el que el gobierno incluyó al ministerio en el Consejo Directivo. De acuerdo con el decreto, la determinación se tomó porque, para satisfacer el derecho de las víctimas a conocer la verdad, es necesario que “las instituciones que participaron en el (conflicto) contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron”.
Frente a ese tema, las fuentes del Centro con las que habló ¡Pacifista! contestaron que, siguiendo ese argumento, todos los actores de la guerra (las guerrillas, los paramilitares y hasta los narcos) podrían pedir un puesto en ese organismo. Y que, partiendo de que fuera necesario involucrar a todos los actores en un mismo proceso de reconstrucción de memoria, las protagonistas deberían ser las víctimas, que por ahora solo tienen dos puestos en el Consejo Directivo del CNMH.
Pero las Fuerzas Militares (FFMM), que dependen del ministro, tienen otra postura. Una fuente del Comando General de las FFMM, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a ¡Pacifista! que a los militares les preocupa quedar en los anales de la historia como victimarios de esta guerra que arrancó en 1964.
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El ‘¡Basta ya! es el informe matriz del CNMH. Fue publicado en 2013.
Según la fuente, los soldados y sus familias también son víctimas del conflicto y “tienen derecho” a participar en escenarios como el CNMH para reivindicarse como tales. Además, para dejar claro que “por los errores de algunos no se puedan borrar las victorias colectivas” y para que se reconozca el valor de las acciones cívico-militares, como el suministro de agua, la construcción de carreteras y la atención médica en regiones rurales apartadas. En resumen: para que no los dejen como los malos del paseo y para “conservar el honor militar”.
La percepción de los militares, según la cual el Centro ha afectado su imagen, viene desde la época en que Juan Carlos Pinzón presidía la cartera de Defensa. En 2013, luego de que el CNMH publicara su voluminoso informe ‘¡Basta ya!’, Pinzón declaró que el Centro había puesto “en igualdad de condiciones a grupos terroristas, a bandas criminales, a estructuras narcotraficantes, con los soldados y policías”. Y dijo, además, que “no podemos aceptar que traten de construir una memoria histórica basada en las hipótesis de sectores radicales. La memoria histórica del país está clara: hemos sufrido una agresión por parte de organizaciones terroristas”. El entonces ministro también declaró que los crímenes cometidos por militares estaban siendo analizados por la justicia y que no podían ser estudiados con miras a construir hipótesis, porque se cometieron por “fuera de las instituciones y de las normas”.
Uno de los apartados del ‘¡Basta ya!’ que molestó a los militares se llama “los agentes estatales”. En él, el CNMH incluyó los testimonios de víctimas de las masacres de Remedios, Antioquia, (1997); El Salado, Bolívar, (2000) y Bahía Portete, La Guajira, (2004), entre otras, que señalan a policías y militares como cómplices de paramilitares y responsables de violaciones a los derechos humanos. En el informe, el Centro declaró que “los testimonios sobre las relaciones de colaboración e, incluso, de connivencia entre agentes estatales y grupos armados ilegales se registran en la totalidad de los casos documentados”.
Soraya Bayuelo es líder de víctimas, premio nacional de paz (2003) e impulsora del Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María, una región duramente golpeada por la guerra. Consultada por este portal, Bayuelo opinó que “los militares tienen derecho a hacer su relato oficial, pero estos espacios de reconstrucción de memoria deben ser de las víctimas de todos los actores. Los miembros de la Fuerza Pública, muchos de ellos condenados por ‘falsos positivos’, abusos de poder o colaboración con grupos paramilitares, no pueden salir impolutos”. Y agregó que “el Estado, que es uno de los actores del conflicto, debería ampliar la participación de las víctimas en vez de imponer cosas por decreto”.
Mientras tanto, en el CNMH están a la espera de conocer cómo se desenvolverá el Mindefensa en el Consejo Directivo, que por ahora no ha intervenido en la elaboración o la redacción de las investigaciones. Desde ya, muchos opinan que los militares están buscando una “trinchera” desde la cual defenderse cuando arranquen las pesquisas en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz que el gobierno y las Farc pactaron en La Habana.
