El documento reconoce a los grupos paramilitares como los mayores perpetradores de violencia, y a la restitución y lucha por territorios como su blanco principal.
“Las noticias no son las mejores ni las más alentadoras en materia de derechos humanos y continuidad de la violencia”, dice Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Esta organización presentó hoy su informe sobre violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en Colombia en 2017. “Existen fuerzas contrarias –continúa–, que quieren seguir aplicando estrategias de muerte para no pasar la página, usando la fuerza represiva y los métodos de explotación inmisericorde de la naturaleza”.
Uno de los objetivos del informe es ayudar a reducir la vulnerabilidad de las víctimas, pues sostiene que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios y contribuye a la continuidad de los crímenes. “Poner en conocimiento público lo ocurrido sirve como presión moral para que tales hechos no se repitan”, reza el documento.
De igual manera, los realizadores sostienen que no se puede hablar de estadísticas precisas, pues en muchas regiones impera aún el miedo a denunciar, e incluso reciben denuncias meses o años después de los hechos.
El texto recoge denuncias y reportes que muestran un crecimiento en violaciones a derechos humanos con respecto a los datos de 2016, con un aumento de 1.217 víctimas a 1.402 en 2017. De esta cifra resaltan las ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, que fueron 138; las 42 víctimas de tortura por agentes directos o indirectos del Estado; las 86 detenciones y judicializaciones arbitrarias y las 677 víctimas de amenazas.
El informe destaca la existencia y la participación de grupos paramilitares (como las Autodefensas Gaitanistas o Los Urabeños) en el país como perpetradores de violaciones de derechos humanos. Estos grupos son responsables de 770 agresiones, más de la mitad del total. Sobre esto habló Javier Giraldo, miembro del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep y participante de la elaboración del informe: “Se dice que el paramilitarismo ya no existe y esta posición la sostuvo el Gobierno durante los diálogos de La Habana. Pero en el último periodo de las conversaciones llegaron miles de denuncias y esto obligó a introducir un capítulo al final del punto 3 de los acuerdos para combatir a los grupos ‘sucesores del paramilitarismo’ y a reconocer su existencia”.
Giraldo reconoce que el accionar paramilitar en el país está ligado con el tema de la posesión y la utilización de tierras, y con el despojo de estas a sus dueños históricos: “Al ver la violencia paramilitar, predomina la lucha contra reclamantes de tierras o personas que están reinvindicando derechos relacionados con el territorio. Buscan reprimir movimientos sociales, eliminar propuestas políticas alternativas y apoyar megaproyectos económicos de multinacionales. En el lenguaje están respaldando políticas oficiales, a la Fuerza Pública, a grandes empresarios y están atacando manifestaciones de inconformismo ante ciertos proyectos”.
Los datos del informe que sustentan estas afirmaciones son las 95 víctimas ambientalistas y las 37 vícitmas campesinas que recoge, además de las 56 victimizaciones individuales y 30 colectivas de violencia ejercida en contra de líderes de restitución de tierras y defensores de derechos asociados a ella. La mayoría de estos casos sucedieron en el departamento del Chocó (61 reportes). Intereses económicos son los que están, por lo general, detrás de estos ataques de acuerdo con el documento.
Luis Enrique Amado, director de la Pastoral Social del sur y participante del informe, sostiene que “hay la necesidad de dejar de ver la tierra como algo simplemente mercantilista. Para quienes habitan los territorios, la tierra es como la piel misma, y cuando se las quitan es como si les arrancaran el pellejo, como si les estuvieran quitando la vida. Se está generando un nuevo proceso de colonización, pues se les dice que solo las multinacionales pueden hacer las tierras productivas, y que dejen de estorbar. El modelo de desarrollo es excluyente, no tienen en cuenta a los procesos de desarrollo que ya hay en estos territorios y quieren volver a los campesinos e indígenas simples trabajandores o mano de obra”.
Otro de los actores que resalta de manera preocupante en el informe son los agentes relacionados con el Estado: la Policía Nacional, por ejemplo, participó en 268 lesiones físicas, 134 detenciones arbitrarias y 42 amenazas. El Ejército cometió 17 ejecuciones extrajudiciales, detuvo de manera injusta a 51 personas y realizó 37 amenazas.
En materia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario se registraron, entre otros rubros, siete casos de tortura por parte de la Policía y cinco por parte del Inpec. El informe también denuncia violaciones, aunque en menor medida, de la Fiscalía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.
El director del Cinep Luis Guillermo Guerrero explica la participación de agentes del Estado en violaciones a Derechos Humanos: “Cuando hay participación del Estado, Policía, Ejército, Armada o Infantería de Marina, se notan alianzas muy evidentes con terceros que casi siempre tienen intereses económicos o políticos. A veces hay pagos, a veces hay transacciones de favores y hasta hay intereses comunes entre la comandancia y estos terceros, porque el soldado ejecuta pero solo está siguiendo órdenes”.
La mayor conclusión de lo recogido por el informe la da el mismo Guerrero: “la guerra sucia sigue en Colombia. Según estos resultados en el país no se ha reducido la violencia, sino que han cambiado los métodos de victimización. No creemos que un patrón sistemático contra líderes sea un simple lío de faldas. Raya con el cinismo hacer un juico de ese talante”.
Del lado de la guerrilla, el documento señala que el ELN perpetró 35 amenazas y 12 asesinatos. Al EPL, de otra parte, se le atribuyen 10 homicidios y dos casos de uso de civiles como escudos para protegerse militarmente. Sobre las disidencias de las Farc, el informe del Cinep no hace ninguna mención, aunque es probable que su accionar violento aparezca en los registros del próximo informe, correspondiente a 2018.
