La ONU y el congreso están del lado de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué camino tomará el Centro Democrático después de Semana Santa?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le está ganando el pulso al Centro Democrático, partido que ha recomendado modificarla o, en el peor de los casos, acabarla. Hace poco más de un mes el panorama lucía intrincado: a la JEP solo le faltaba que el presidente sancionara la Ley Estatutaria que la blindaba jurídicamente por los próximos 10 años. Sin embargo, Iván Duque no lo hizo y, en lugar de sancionarla, objetó seis puntos de la Ley para que fueran evaluados en el Congreso. Para las cerca de 11.000 personas que se han sometido a la Jurisdicción (entre militares, excombatientes y políticos) la noticia los dejó en el terreno de la incertidumbre.
En las semanas siguientes se esperó lo peor: con las objeciones a la Ley Estatutaria, los cerca de 13.000 excombatientes de las Farc quedarían sin un piso jurídico claro, se podrían fortalecer las disidencias; no se garantizaría el derecho a la verdad de las víctimas y los procesos en la JEP se paralizarían por las diferentes objeciones. Sin embargo, lo que ha sucedido no tiene nada que ver con los planes del uribismo: la JEP siguió trabajando, la Corte Constitucional no aceptó de inmediato las objeciones de Duque sino que las trasladó al Congreso para que las discutiera y en la ONU hubo un respaldo mayoritario a la JEP.
A estas alturas, y después de tantas noticias, usted puede estar preguntándose: ¿Y la JEP qué? Después de tanto ruido sobre la idea de que Duque está haciendo “trizas” los Acuerdos, es importante decir que tanto el respaldo de la sociedad civil así como de la ONU y de los partidos de oposición no han permitido que la JEP sufra transformaciones estructurales, como pretendía Duque, sino que hasta ahora han logrado blindar la columna vertebral del Acuerdo: la justicia transicional. En ella se privilegia la verdad y la reparación a las víctimas sobre las penas en prisión.
El pasado 8 de abril, el gobierno de Duque sufrió la primera derrota en la Cámara de Representantes, donde se hundieron las objeciones con una votación contundente de 110 contra 44. Los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador insistieron, en ese debate, en que las otras bancadas aceptaran las objeciones para que se llevara a cabo una “verdadera reconciliación” en el país. Pero los otros partidos lo tenían claro: una reconciliación no puede ser posible si se oculta una cara de la historia, si no se garantiza la verdad.
Las objeciones ahora pasarán al Senado de la república. Por ahora no hay buenos augurios para las objeciones en esa cámara, donde el gobierno espera que las objeciones pasen para que se retiren los artículos, dentro de los cuales está, por ejemplo, que la JEP no pueda practicar pruebas para los casos de extradición. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, admitió que el “camino está difícil”. Después de semana santa, justamente, se llevarán a cabo los debates en el Senado, donde definitivamente podrían quedar sepultadas las objeciones de Duque.
Hasta el momento, las mayorías políticas están a favor del Acuerdo. El partido Cambio Radical –paradójicamente el mismo que le puso trabas al Acuerdo cuando se estaban votando las leyes en el periodo Fast Track– ha inclinado la balanza a favor de la JEP. Con 16 escaños en el senado, el partido de Germán Vargas Lleras podría darle la estocada final a las objeciones de Duque. Es seguro, hasta el momento, que la Alianza Verde, con 10 senadores, el movimiento Decentes, con cuatro, más los 14 del Partido Liberal le harán oposición a las objeciones de Duque. En la otra orilla estarán, seguramente, el Partido Conservador y el Centro Democrático, con 34 curules. La diferencia numérica es evidente. De momento, Cambio Radical ya dio muestras de respaldo a la JEP con la votación en la Cámara de Representantes.
Mientras tanto…
A pesar de todas las críticas y de la incertidumbre legal, la JEP ha intentado enviar señales de trabajo riguroso. En las últimas, semanas la Jurisdicción se ha movido considerablemente. En estos días, antes de los días santos, la JEP avanzó en el Caso 001, sobre retención ilegales de personas por parte de las Farc. Después de escuchar las versiones libres de los máximos comandantes de la antigua guerrilla, ordenó presentar sus versiones sobre diferentes sucesos que fueron denunciados por organizaciones sociales y de víctimas.
La JEP citó a Gustavo Arbeláez Cardona, Alexander Farfán Suárez, Arnovis Tovar, Bernardo Mosquera Machado, Ángelo Alberto Cáceres, Rafael Antonio Vargas Ovalle, José Elí(t) García Cardozo, Hermes Francisco Osorio/Carlos Arturo Leones García, Luis Alejandro Cuadras Solorzano, Tanja Anne Marie Nijmeijer, Jaime Tapiero (o Tapiro), Manuel Enrique Mendoza Rodríguez, Marcos Alvis Patiño, Yesid Alexander Torres Rojas, Elí Mejía Mendoza y a José David Lombana Medina.
El objetivo es que los comparecientes demuestren que están dispuestos a decir la verdad sobre casos emblemáticos para el país, como lo siguientes: los secuestros de los Diputados del Valle, los tres indigenistas estadounidenses, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Fernando Araújo, Consuelo González de Perdomo y Consuelo Araújo Noguera, así como en secuestros extorsivos en Cundinamarca.
La JEP también ha tomado cartas en asuntos sensibles. Para despejar dudas sobre su supuesto favorecimiento a excomandantes de las Farc, la Jurisdicción citó para el próximo 26 de abril una audiencia para tomar una decisión sobre el caso de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, quien hace más de un año abandonó el proceso de reincorporación y está en un lugar incierto. Ese día escucharán a la Procuraduría y a la defensa de Velásquez para tomar una decisión que incluso puede llegar a ser la expulsión del excomandante de la Jurisdicción. La determinación final, como lo dijo la JEP en un comunicado, será pensando siempre en los derechos de las víctimas.
