2015: un año difícil para negociar con el Eln

Atentados, una captura masiva y el mayor ataque contra el Ejército realizado por esa guerrilla durante los últimos años han marcado la fase de diálogos exploratorios.

Aunque con altibajos, el 2015 fue un año de grandes avances en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Las partes le pusieron fecha a la firma del acuerdo final (marzo de 2016) y cerraron el punto 5, sobre víctimas y justicia transicional. A la par, las Farc cumplieron el cese unilateral del fuego que decretaron a mediados de julio, por lo que la violencia asociada al conflicto armado se redujo notablemente.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo sobre los diálogos exploratorios con el Eln, que se anunciaron durante la campaña presidencial de 2014. Aunque desde abril de 2015 Nicolás Rodríguez Bautista, máximo comandante de esa guerrilla, declaró que la agenda a negociar estaba acordada en un 80%, la mesa de diálogos aún no se instala formalmente.

La situación es preocupante, no sólo porque el Eln parece haber incrementado su accionar militar como mecanismo de presión, sino porque la etapa de posacuerdos será muy difícil de implementar si esa guerrilla continúa operando en territorios claves para la paz como el Catatumbo, Cauca, Chocó, Nariño y Arauca.

Del lado del Eln negociar también es urgente, pues con la eventual desmovilización de las Farc los esfuerzos de la Fuerza Pública se concentrarían de lleno en sus unidades, integradas por cerca de 4.000 combatientes. Pero aunque en la parte militar al Eln le conviene sentarse a la mesa, fuentes cercanas a los diálogos aseguran que al menos dos inamovibles de esa guerrilla son los que han impedido el inicio formal de la negociación.

Por un lado, el Eln estaría empecinado en discutir el modelo económico del país, particularmente los temas agrario y minero-energético, algo que para el Gobierno no es negociable. En repetidas ocasiones, el presidente Santos ha declarado que si las guerrillas quieren alterar el modelo de desarrollo del país deben firmar la paz y tramitar esos cambios en el Congreso.

El otro tema complejo es el de la participación ciudadana, porque el Eln pretende que las organizaciones sociales que existen en sus zonas de influencia se sienten a dialogar con el Gobierno para plantear sus propias exigencias. Así las cosas, el proceso parece encontrarse en una fase compleja.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el futuro de la paz una eventual negociación con esa guerrilla, presentamos los hechos críticos a los que se enfrentaron el Eln y el Gobierno durante 2015, cuando se suponía que el país recibiría la buena noticia de la instalación de una mesa paralela a la de La Habana.

Los atentados en Bogotá

Desde junio de 2014, cuando el Gobierno y el Eln anunciaron que habían iniciado una fase exploratoria de conversaciones, Bogotá fue blanco de distintos atentados con explosivos. El 20 de junio de ese año, el frente de Guerra Oriental puso 500 gramos de Pentolita en el CAI del barrio Lourdes, dejando como resultado dos policías y un civil heridos. La guerrilla se atribuyó el atentado el 30 de ese mes, cuatro días antes de cumplir 50 años de existencia.

El 29 julio, otros seis explosivos se instalaron en distintos puntos de la capital, aunque uno no estalló. El puente Guadua del barrio Cortijo, la calle 26 con carrera 30, la avenida Boyacá con 80, la autopista sur con 74, la autopista norte con 167 y la calle 17 sur con 5 fueron los lugares elegidos para ubicar los artefactos, que estaban acompañados de banderas y comunicados del Eln. Un policía resultó herido.

Un año después, dos explosivos de mayor potencia atemorizaron a un sector de la ciudad; el 2 de julio, las sedes de la financiera Pensiones y Cesantías Porvenir de la calle 72 y de Puente Aranda fueron atacadas con petardos. Al menos ocho personas quedaron heridas y la autoría recayó sobre el Eln, aunque esa guerrilla nunca lo reconoció formalmente.

Por cuenta de ese golpe a la capital, la Fiscalía le metió el acelerador a una investigación que se hizo pública en medio grandes de confusiones y suspicacias.

Los 13 capturados

En la madrugada del 8 de julio de 2015, las autoridades capturaron a 15 personas, dos de las cuales fueron liberadas pocas horas después. Rápidamente, la policía y el presidente Juan Manuel Santos declararon que los detenidos integraban las células urbanas del Eln y que eran responsables de los petardos contra Porvenir.

Sin embargo, ese mismo día la Fiscalía anunció que, en realidad, los detenidos eran investigados por el atentado contra el CAI de Lourdes, los hechos del 29 de julio, y por unos disturbios ocurridos en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2015. Los investigadores aún no habían podido involucrar a esas personas con los atentados de Porvenir, pero públicamente se los acusó de ejecutar esos hechos.

Durante los días siguientes, cuando arrancaron las audiencias preliminares, se supo que sólo tres de los 13 serían procesados por rebelión; es decir, que eran los únicos a los que se enjuiciaría por pertenecer al Eln. El resto serían juzgados exclusivamente por el tropel en la Nacional.

Entre los detenidos se encontraban un periodista, defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y contratistas del Distrito. La mayoría eran integrantes del Congreso de los Pueblos, una articulación de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, que ha apoyado los diálogos con el Eln y la salida negociada al conflicto.

Para el Congreso de los Pueblos, las capturas y la manera como se publicitaron constituían una persecución contra el “movimiento social y popular”. Hoy, los 13 están libres por irregularidades en la legalización de las capturas, aunque siguen siendo procesados.

Según algunas fuentes, el Eln entendió estas y otras capturas (entre ellas la del líder indígena Feliciano Valencia) como una presión para acelerar la negociación, toda vez que si los diálogos no avanzaban los movimientos sociales que apoyaban el proceso terminarían pagando los platos rotos.

El ataque posterior a las elecciones

En la madrugada del 26 de octubre de 2015, un día después de las elecciones regionales, el Eln hostigó a una patrulla del Ejército que custodiaba los 130 votos que habían depositado en las urnas los indígenas de la comunidad U´wa del municipio de Güicán (Boyacá).

Según el Ejército, en el ataque resultaron muertos 11 soldados y un policía, tres quedaron heridos y dos más fueron desaparecidos. Por su parte, el Eln dijo que los muertos eran 18 y confirmó que dos soldados habían sido tomados prisioneros de guerra.

Pocas horas después, el Ministerio de Defensa anunció (con base en un informe del CTI) que el Eln había asesinado a los 12 con tiros de gracia y que había rodeado los cuerpos con explosivos, violando el Derecho Internacional Humanitario.

Al contrario, Medicina Legal aseguró que los disparos se realizaron a larga distancia y que los cuerpos no tenían rastros de explosivos. En todo caso, la Defensoría del Pueblo declaró que “acciones de esta naturaleza deslegitiman cualquier anuncio del Eln sobre su voluntad para iniciar diálogos formales de paz con el Estado”.

El ataque es uno de los más graves de los últimos años y consiguió retrasar aún más la instalación formal de una mesa de diálogos con el Eln.

La falsa amenaza de paro armado

El 9 de noviembre de 2015 se conoció un panfleto, supuestamente elaborado por el Frente de Guerra Oriental del Eln, en el que esa guerrilla decretaba un paro armado de tres días en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

El anunció motivó un consejo de seguridad en Popayán y fue rechazado por la Defensoría del Pueblo, que aseguró que “al menos dos empresas han devuelto sus vehículos intermunicipales a los sitios de origen o han suspendido la venta de pasajes para evitar que sus automotores sean objeto de ataques por parte de la delincuencia”.

El documento también generó zozobra en la región y afectó la asistencia de los pobladores a algunos eventos relacionados con la paz, tales como el IV Foro Internacional Horizontes para la Paz y la Reconciliación de Arauca, en el que se discutió la necesidad de que el Eln se sentara a negociar formalmente con el gobierno.

Varios días después, la guerrilla publicó un comunicado en el que declaró que el panfleto no era de su autoría y que su publicación había sido obra de “la Fuerza Pública y su inteligencia”.

Otro hecho confuso que continuó enrareciendo el ambiente en medio de los diálogos exploratorios, en los que, más que avances concretos, han predominado las demostraciones de fuerza.