La Fiscalía declaró que los homicidios de ambos defensores de derechos humanos son crímenes de lesa humanidad.
- Elsa Alvarado y Mario Calderón. Foto: Cinep
A una semana de que la investigación se cerrara por culpa del transcurso del tiempo, la Fiscalía tomó una decisión que permitirá continuar buscando a los responsables del asesinato de Elsa Alvarado, Mario Calderón y Carlos Alvarado. Los primeros, esposos e investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y el último, padre de Elsa. Este jueves 11 de mayo la Fiscalía declaró que el caso es de lesa humanidad, lo que implica que podrá continuar investigándolo sin límites en el tiempo.
En diálogo con ¡Pacifista!, Sofía Zambrano, la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que representa a las víctimas del crimen, contó que el argumento de la Fiscalía para tomar esa determinación es que “los asesinatos ocurrieron dentro de un plan sistemático y generalizado contra la población civil y, particularmente, contra defensores de derechos humanos, en una década (los noventa) en que la violencia sociopolítica se incrementó”. En ese grupo de personas victimizadas el ente investigador ha incluido al abogado Eduardo Umaña Mendoza y al periodista Jaime Garzón.
La Fiscalía investiga por el homicidio de Mario Calderón y Elsa Alvarado al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, que ya reconoció su responsabilidad ante la jurisdicción de Justicia y Paz, así como al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Sobre Plazas, hoy preso, “Don Berna” le ha dicho a la justicia que suministró información clave para la comisión de los asesinatos. La investigación contra el coronel (r) recién está en etapa de instrucción, de acuerdo con la abogada Zambrano.
El trabajo de Elsa y Mario
Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados a tiros en su apartamento del edificio Quintas de la Salle, en Bogotá, en la madrugada del 19 de mayo de 1997. Tres sicarios irrumpieron en la vivienda y les dispararon. Le quitaron la vida también a Carlos, el padre de Elsa, y dejaron herida a su esposa, Elvira Chacón.
Durante las dos décadas que han pasado desde entonces, el Cinep ha dicho hasta el cansancio que a Mario y a Elsa los mataron por defender los derechos humanos y por alzar la voz contra la violencia de los paramilitares. En la única sentencia que existe sobre el crimen (2009), en la que se condenó al sicario Juan Carlos González, la Corte Suprema de Justicia dejó constancia de que “los esposos Calderón-Alvarado, defensores a ultranza de los derechos humanos, promotores de la participación ciudadana, generaban molestias y estorbos al poder devorador de los paramilitares en una época caracterizada por los vejámenes y la degradación del conflicto armado colombiano”.
De acuerdo con la Corte, dos exparamilitares declararon que “en reuniones de las autodefensas se acordó eliminar a los funcionarios del Cinep, porque ‘estaban estorbando mucho'”. Para ello, según la hipótesis de la Fiscalía, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al mando de Carlos y Vicente Castaño, contrataron a varios sicarios que hacían parte de la red criminal de “Don Berna”.
Mario tenía 50 años cuando lo mataron. Era licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París e investigador y activista del Cinep. En la segunda mitad de los 80, cuando era sacerdote jesuita, coordinó el programa por la paz del Cinep en Tierralta, Córdoba, de donde se desplazó en 1989 luego de que un sicario asesinara al cura Sergio Restrepo. Por entonces, Mario denunciaba el acaparamiento de tierras a manos de narcotraficantes y paramilitares, el desplazamiento forzado de los campesinos de la región, las alianzas entre terratenientes y ‘paras’, y la persecución contra organizaciones sociales y políticas.
Ya en Bogotá, se vinculó a los procesos comunitarios de la localidad de San Cristóbal y de la región del Sumapaz, acosada por la guerra. Allí emprendió la defensa por los recursos hídricos y forestales, al tiempo que continuó apoyando a los campesinos e indígenas cordobeses en su lucha por la tierra y el medio ambiente, pese a que los paramilitares de Córdoba ya lo habían declarado objetivo militar.
Elsa tenía 36 años cuando le quitaron la vida. Era comunicadora social de la Universidad Externado y había sido profesora de esa institución. Además, tenía un posgrado en Comunicación para el Desarrollo y era magíster en Investigación y Tecnología Educativa. Hasta un año antes del crimen había integrado la Oficina de Divulgación y Prensa del Cinep, donde diseñó programas de comunicación alternativa para madres comunitarias y comunidades de barrios pobres del sur de Bogotá. Más tarde fue nombrada como asesora del Ministerio de Comunicaciones.
En 1989, Mario y Elsa fundaron la Reserva Natural Privada de la Sociedad Civil de San Juan de Sumapaz en Cabrera, Cundinamarca, para proteger 1.000 hectáreas de bosques de la región. Allí, la guerra los acosó. En su sentencia de 2009, la Corte Suprema relató que el alcalde de Cabrera para 1988, Josué Ancízar Cruz, declaró que “el 25 frente de las Farc se acantonaba en la Reserva sin que existiera autorización de ellos (Mario y Elsa), y eso hizo que el Ejército tratara de inculparlos como auxiliadores” de la guerrilla.
Al final, según el relato de un ‘expara’ reseñado por la Corte, las Autodefensas tomaron “la decisión de eliminar a los investigadores de derechos humanos que criticaran sus acciones, declarando también al Cinep como objetivo militar por ser la única institución que estaba metiendo el hombro duro frente a las masacres que cometían los paramilitares”.
Por ahora, la decisión de la Fiscalía promete continuar desentrañando las verdades sobre el crimen. La abogada Zambrano opina que “esta determinación es un impulso grande para continuar buscando verdad y justicia”. El próximo 19 de mayo, en la Plaza Bolívar de Bogotá, el Cinep conmemorará los 20 años del asesinato.
