¡Pacifista! tuvo acceso a una alerta emitida por el Sistema de Alertas Tempranas el 24 de abril de 2002.
La masacre que tuvo lugar hace exactamente 15 años en Bojayá, Chocó, y que quedará grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de colombianos como uno de los capítulos más trágicos del conflicto armado habría podido evitarse.
¡Pacifista! tuvo acceso a un documento que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió una semana antes del suceso. Se trata de la “alerta número 40”, difundida el 24 de abril de 2002 con el fin de informar que el municipio se encontraba en el “grado uno” de riesgo de una crisis humanitaria.
La alerta, sin embargo, no provocó las acciones preventivas suficientes, pues una semana después el pronóstico se cumplió.
El 2 de mayo de 2002, tras tres días de enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares, un cilindro arrojado por miembros de la insurgencia cayó sobre la iglesia de Bojayá, precisamente el lugar que cientos de habitantes habían elegido para protegerse. El saldo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fue de 79 muertos.
-
Según el CNMH, 79 personas perdieron la vida en la masacre de Bojayá el 2 de mayo de 2002. Foto: Vía Bojayaunadecada.org
En el documento, un analista del SAT advertía sobre las consecuencias del abandono estatal en la región y, en especial, de la escasa presencia de policías y militares. “El Departamento del Chocó se caracteriza porque más del 80% de su territorio carece de presencia de la Fuerza Pública, sumado a la precaria o nula presencia de otras instituciones del Estado”. El peligro de un hecho de violencia era de “inminencia alta”, por lo cual la entidad solicitaba acciones “urgente(s)”.
“El peligro que se cierne sobre la población es grave e inminente, porque los actores armados pueden provocar amenazas, masacres y desplazamientos de población con el fin de acceder o mantener el control del territorio”, dice uno de los apartes de la alerta.
Según lo estipulado, el informe debía llegar al Comando de Fuerzas Militares, a la Primera División del Ejército, a la Cuarta Brigada del Ejército, a la Dirección General de la Policía, al Comando Departamental de Policía Chocó, a la Policía de Antioquia, a la gobernaciones de Chocó y Antioquia, a la vicepresidencia de la República, al ministerio del Interior y a la Red de Solidaridad Social.
El peligro que se cierne sobre la población es grave e inminente
La Defensoría del Pueblo se mostraba preocupada por la acumulación de factores que podrían llevar a una catástrofe desatada por la violencia de los actores armados ilegales interesados en apoderarse de la región.
Una preocupación tenía que ver con la ubicación de Bojayá. Según el análisis, “Chocó constituye un territorio estratégico para los grupos armados ilegales por su ubicación geográfica”. La conclusión se daba al considerar que Bojayá estaba “relativamente aislada” de los grandes centros urbanos, anclada en una “ubicación fronteriza”, cerca de los “límites con el Océano Pacífico” y rodeada de “riquezas naturales”.
Esto “ha propiciado que los grupos armados al margen de la ley se encuentren disputando su control desde hace varios años”. El informe señalaba la presencia de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), precisamente los grupos armados ilegales responsables de la masacre.
-
Extracto de la alerta número 40 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT)
No solo las circunstancias geográficas preocupaban al SAT. También los sucesos ocurridos en días anteriores a la masacre daban la sensación de que algo serio podía suceder. El 21 de abril, tres días antes de la alerta, dos jóvenes fueron asesinados y otros dos secuestrados en el municipio de Carmen del Darién, al sur de Bojayá.
Según el documento, la respuesta del Ejército a los homicidios y al plagio no fue satisfactoria. “Se ha informado que existe restricción al paso de alimentos desde Quibdó por parte de miembros del Batallón Manosalva del Ejército, así como en Riosucio y Chocó, amparados en un decreto del Alcalde municipal”, escribió el SAT.
La ONU también alertó
La emergencia que por esos días se vivía en Bojayá y sus alrededores produjo una reacción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según un informe revelado después de la masacre, también el organismo internacional había advertido a las autoridades.
“El 23 de abril, la Oficina envió una comunicación oficial al Gobierno expresando su preocupación frente a la incursión de grupos paramilitares en las localidades de Bocas de Curvaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista (Bojayá) y sus posibles consecuencias para las poblaciones allí asentadas. Asimismo, la Oficina instó a las autoridades a adoptar las medidas oportunas y adecuadas para proteger a la población civil”, reza el informe.
Vea también: ‘Las 12 exigencias que las víctimas de Bojayá le hicieron al Gobierno‘
Según la ONU, la única entidad que reaccionó al llamado fue la Procuraduría. La respuesta consistió en el reenvío de la información a Armando Estrada Villa, entonces ministro del Interior, y a Gustavo Bell, ministro de Defensa. El mensaje de la Procuraduría pedía una “directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las poblaciones chocoanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos y comunidades negras que viven el enfrentamiento entre todos los grupos armados al margen de la ley”.
La ONU aseguró en su informe que “hasta el 2 de mayo, la Oficina no conoció de otras iniciativas adelantadas por parte del Estado para responder a las alertas formuladas”.
La Procuraduría se limitó a mandar un mensaje al ministro de Defensa y otro al ministro del Interior
Leyner Palacios, quien perdió a sus familiares hace 15 años en la masacre y que hoy representa a las víctimas, le dijo a ¡Pacifista! que “la falta de acción del Estado” es producto de posibles nexos entre funcionarios oficiales y grupos paramilitares.
“Lo que pasó hace 15 años demuestra que las instituciones estaban involucradas con el paramilitarismo, y por eso la reacción del Estado no fue contundente. Pienso que las fuerzas militares estuvieron al servicio de grupos armados al margen de la ley y por eso no actuaron”, dice.
Para él, las explicaciones que el Estado ha dado hasta hoy son “poco satisfactorias”. “Las Fuerzas Militares dijeron en un informe que no habían actuado porque creían que las denuncias de la población civil eran parte de una estrategia de las Farc para tenderles una trampa. Pero esa esa es una respuesta mezquina”, dice.
Palacios asegura, además, que “el Gobierno no ha pedido perdón y las instituciones no han dado una respuesta”. “Esa masacre afectó y dañó la confianza de los colombianos en la institucionalidad. Merecemos una explicación de por qué las autoridades no atendieron esa alerta temprana, inclusive cuando la ONU también advirtió que Bojayá estaba en riesgo”.
