#ProyectoCOCA | El grupo de Acciones para el Cambio publica un informe que da cuenta de los efectos que ha tenido para el país la política de drogas en los últimos diez años. Los resultados son negativos.
Este 14 y 15 de marzo, el Alto Segmento Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) revisará los alcances de lo acordado hace diez años en materia de drogas. La reunión será en Viena y pretende renovar la estrategia de la comunidad internacional frente a la política de drogas.
Bajo este contexto, el grupo de Acciones para el Cambio –conformado por organizaciones de la sociedad civil que buscan una política de drogas más justa– elaboró un informe que intenta aportar al debate nacional e internacional. El informe se llama La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década y acaba de ser lanzado.
El informe no ofrece datos nuevos pero sí hace una evaluación completa de los distintos efectos que ha tenido la política de lucha frontal contra las drogas en los últimos 10 años en el país: en materia de crecimiento de cultivos, aumento en el número de consumidores, efectos en la salud por aspersión de glifosato y criminalización de consumidores, entre otros efectos.
Los resultados son negativos.
A pesar de que el punto cuarto del Acuerdo de Paz con las Farc planteaba una “Solución al problema de drogas ilícitas” y proponía un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito o programas de prevención y salud pública; la actual política de drogas del gobierno Duque, dice el informe, va en contravía de un replanteamiento de la política de drogas prohibicionista.
Estos son los 10 puntos del informe que muestran (por enésima vez) el fracaso de la lucha frontal contra las drogas y las consecuencias de esta guerra para el país.
1. En los objetivos trazados en 2009 por la Comisión se habla de “un mundo libre de drogas” y quedan plasmados en unos documentos de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) de 2016. El informe considera que este objetivo de un mundo libre de drogas es poco realista, razón por la cual hay datos que demuestran que los resultados no se han alcanzado. Uno de los objetivos, por ejemplo, es eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito de amapola, de arbusto de coca y de la planta de cannabis. Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de uso Ilícito (SIMCI) Colombia pasó en 2007 de tener 68.000 hectáreas sembradas a tener 171.000 hectáreas de cultivo de coca. Son en total 103.000 hectáreas más que hace diez años.
2. En cuanto al objetivo de eliminar o reducir la demanda de sustancias, el Ministerio de Salud y Protección Social registró que el consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas aumento de 1,6% en 1996 a 2,7% en 2008 y a 3,6% en 2013. Por otro lado, en 2017 el Centro de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes hizo una encuesta en Bogotá y Medellín, según la cual en Bogotá 51% de las personas encuestadas dijeron haber consumido marihuana al menos una vez en su vida y el 16,7% dijo haber consumido cocaína. En Medellín el 36,9% respondió haber consumido marihuana y el 11,4% de los encuestados dijeron haber consumido cocaína.
3. Otro de los objetivos trazados en 2009 fue eliminar (o al menos reducir) la producción, la fabricación, comercialización y producción de sustancias ‘psicotrópicas’. ¿Cuál fue el resultado? Según el Observatorio de Drogas en Colombia del Ministerio de Justicia, en 2018, hasta el 30 de noviembre, habían sido incautados 390. toneladas de cocaína, lo que a su vez evidenció una reducción en el número de kilogramos incautados con respecto al año anterior.
4. Según el Informe, ha habido un aumento en la resiembra de hectáreas de coca que habían sido erradicadas. En 2018, de las 80.571 hectáreas erradicadas al menos 28.199 fueron nuevamente sembradas. Es decir, el 35% de hectáreas que habían sido erradicadas.
5. Un dato que también alarma es el de la relación entre la pobreza y las zonas con mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país. Los departamentos con indicadores más altos de pobreza multidimensional suelen coincidir con los que tienen cultivos de coca en su territorio. Guaviare, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander, por ejemplo.
6. El punto anterior también tiene que ver con el desarrollo rural. Según el Informe, sigue habiendo una falta de articulación entre los esfuerzos para reducir cultivos y las políticas de desarrollo rural. No hay, por ejemplo, una conectividad adecuada en cuanto a vías terciarias que faciliten la comercialización de los productos. El Departamento Nacional de Planeación encontró en 2016 que el 58% de los municipios del país con cultivos de coca presentan una conectividad deficiente. A dos años largos de firmado el Acuerdo de paz, parece que todavía no ha habido ‘voluntad política’ para darle cumplimiento al punto del desarrollo agrario integral.
7. En los últimos dos años han asesinado a 64 líderes que tenían alguna relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Y fueron asesinadas 47 personas pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.
8. La oferta de servicios especializados de tratamiento al consumidor es inexistente en cerca del 95 % de los municipios del país. El informe señala que las sanciones administrativas para los portadores de sustancias psicoactivas –vía multas policiales– no solo es una política que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que tampoco ha sido efectiva en la disminución de la tasa de consumo en el país. Por contrario, los consumidores han aumentado.
9. Entre 1994 y 2015 se asperjaron cerca de 1,9 millones de hectáreas. Entre 1999 y 2018 se erradicaron manualmente 576.439 hectáreas con grupos móviles de erradicación. Según estimaciones, para el 2012, el Gobierno habría gastado una suma de 104.331.276 dólares en glifosato y 458.331.276 dólares en operativos antinarcóticos. Sin embargo, dice el informe, la estrategia no ha tenido éxito. Para reducir una hectárea de coca hay que fumigar alrededor de 33 hectáreas adicionales.
10. Sumado a esto, el informe también señala la relación entre aspersión con glifosato y aumento en la tasa de abortos espontáneos. En los municipios en los que se fumiga, las tasas de aborto suben 8,7%.
El Informe tiene unas recomendaciones finales dirigidas especialmente al Gobierno Nacional. Plantea que los programas de sustitución de cultivos ilícitos deben ser voluntarios y acordes a los deseos de quienes viven en el territorio. Habla de que el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública y no como algo que deba criminalizarse. También propone incluir un enfoque de género en la política de drogas, de proteger el uso ancestral que se le da a la mata de coca por parte de los pueblos indígenas. Y menciona también la necesidad de que en la política de drogas haya un acceso a la información para el ciudadano con datos que el Estado consiga o produzca en relación a la producción, comercialización y consumo de drogas.
Finalmente el Informe dice que el Gobierno debe tomar el liderazgo en la discusión mundial en materia de drogas. Colombia ha sido uno de los países que más ha perdido en la guerra contra las drogas. Tiene por eso mismo, la autoridad para proponer o replantear alternativas sobre la estrategia de política de drogas. El Congreso que tendrá lugar en Viena el próximo mes sería un buen escenario para asumir ese liderazgo.
¿Querrá el Gobierno ejercerlo?
