Una de las principales preocupaciones tanto de militares como de exguerrilleros es que el nuevo gobierno haga "trizas" la JEP.
A pesar de todas las complicaciones que ha tenido la naciente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tachada por sectores de derecha radical como un ‘tribunal de la venganza’ y por las Farc como un organismo judicial parcializado, lo cierto es que cada día son más los excombatientes y antiguos militares que quieren someterse a la justicia transcicional. Según el Ministerio de Defensa, a la fecha 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados. Por parte de las Farc, el número asciende a 3.500 exguerrilleros.
Dos de los casos más recientes –y que también han generado cuestionamientos– son los de los generales (r) Jaime Humberto Uscátegui y Jesús Armando Cabrales, el primero condenado a 37 años de cárcel por participar en la masacre de Mapiripán, y el segundo condenado a 35 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ambos generales manifestaron su voluntad de acudir a la JEP ya sea para demostrar su inocencia o, en caso contrario, conseguir una rebaja de pena contando toda la verdad. A la lista también se suma el coronel en retiro del Ejército, Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de cárcel por los falsos postivos.
Que generales presuntamente responsables de casos tan emblemáticos se sometan a la JEP envía un mensaje de legitimidad sorpresivo, teniendo en cuenta que diferentes sectores militares, entre los que están la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), se han opuesto a la JEP por diferentes razones, desde considerarla una afrenta contra el “honor militar”, hasta argumentos que dicen que la JEP se creó para “beneficiar preferentemente a las Farc”.
El caso de Uscátegui será crucial. El general (r ) anunció que se someterá a la JEP en mayo de 2017, y por esta razón le otorgaron la libertad. En enero pasado dijo que esperaba obtener los mismos derechos políticos de los exintegrantes de las Farc, como votar o participar en política. Uscátegui espera que en la JEP sea revisada la sentencia por la que fue condenado a 37 años de prisión y que incluso fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que lo halló culpable por el delito de omisión impropia por no proteger a la población civil ante los secuestros y homicidios (cerca de 47) cometidos por paramilitares en 1997.
Un caso similar es el de Jesús Armando Arias Cabrales, quien ve en la JEP un organismo en donde se podría revisar su caso. Así como Uscátegui, está convencido de su inocencia. Tanto las víctimas del Palacio de Justicia como las de la masacre de Mapiripán han hecho pública su preocupación por un eventual escenario de impunidad, algo similar a lo que han esgrimido las víctimas de las Farc. Más allá de esa discusión, lo cierto es que existe una división y diferentes percepciones en el sector militar alrededor de la JEP.
El abogado Giancarlo Mejía, especialista en justicia penal militar, nos explicó si bien la JEP es la mejor salida para que tanto militares como excombatientes resuelvan sus líos jurídicos, los retrasos en la posesión de magistrados y en el funcionamiento de la JEP han generado un escenario de incertidumbre: “Además de esos retrasos existe una polarización prelectoral, similar a la del Sí y el No del plebiscito. No se sabe qué va a pasar con el próximo gobierno, si la JEP se podrá sostener a mediano o a largo plazo. Eso genera muchas dudas”.
Sobre el caso de Uscátegui, Mejía hace una lectura interesante y es que, agotadas las vías por la justicia ordinaria, muchos militares están contemplando la JEP como una salida jurídica. Sin embargo, Mejía asegura que existe un desconocimiento alrededor de un factor clave: “las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por fuera del conflicto armado no serán evaluadas en la JEP, sino que seguirán en la justicia ordinaria, sin ningún tipo de beneficios. Esto debe quedar claro para que no quede la sensación de cualquiera puede postularse a la JEP”.
El hecho de que al menos 1.700 militares que tienen procesos judiciales en el marco del conflicto armado se hayan sometido a la JEP demuestra, en primera medida, que “es una buena alternativa porque reduce las penas y les otorga libertad. ¿Con qué condición? Que cuenten la verdad y se comprometan a reparar las víctimas y a trabajar por las garantías de no repetición”, dice el abogado Francisco Barbosa, PhD en Derecho Público de la Universidad de Nantes. También es cierto, agrega Barbosa, que habrá casos como el de Uscátegui, “en donde buscan una revisión de sentencia porque ya agotaron las vías en el sistema ordinario. Por ejemplo, si Rito Alejo del Río cree que fue juzgado injustamente puede pedir una revisión de sentencia”.
Sobre la división entre los militares, Barbosa señala que hay sectores que prefieren no acogerse a la JEP alegando honor militar: “Muchos dicen, si voy a la JEP y acepto que cometí delitos, ¿dónde queda mi honor militar?, prefiero que me condenen 50 años en la cárcel”. Otro argumento que ha esgrimido Acore, por ejemplo, es que existe “un carácter preferente para las Farc”, que “se ve materializado con la sesgada actuación del Comité de Escogencia que tuvo a su cargo la selección de magistrados del Tribunal Especial para la Paz (…) Todos son activistas de la extrema izquierda radical, como también lo son quienes han sido dados a conocer en condición de integrantes de la Comisión de la Verdad”.
En este contrapunteo de versiones también hay militares que consideran pertinente esperar a que la JEP comience a funcionar antes de emitir juicios de valor. Así lo dice, por ejemplo, el general (r ) Jairo Delgado: “La JEP está creada para resolver aspectos judiciales alrededor del conflicto armado, es una alternativa a disposición de los miembros de la fuerza pública. A medida de que se examine jurídicamente cada caso, los militares irán resolviendo si se acogen o no a la JEP. Las valoraciones irán cambiando dependiendo de lo que suceda allá, en la medida de que se vaya creando jurisprudencia. Solo entonces sabremos si el modelo de justicia puede tener la legitimidad que muchos están esperando”.
Hasta el momento, la JEP cuenta con un aval importante, el de la Corte Constitucional. En noviembre de 2017 los magistrados de la Corte fallaron de forma únanime favor de la reforma constitucional que creó la JEP, la cual contempla que los exguerrilleros puedan participar en política si firman un compromiso de someterse a la JEP. También les dio un parte de tranquilidad a los integrantes más críticos del Centro Democrático al señalar que la jurisdicción no podrá juzgar expresidentes ni a todos los servidores que tienen fuero, como el Fiscal General, el Procurador, el Contralor, los exgoboernadores… También quedaron por fuera los terceros, como los civiles y empresarios, quienes serán juzgados solo si acuden voluntariamente.
