‘Los grupos paramilitares sacaron provecho de sus alianzas con empresarios’

Según Leigh Payne hay 439 casos de empresarios relacionados con violaciones a derechos humanos en el conflicto colombiano.

El conflicto colombiano -largo y violento, como fue- no podría haberse sostenido sin una gran cantidad de dinero de por medio. Aparte del narcotráfico, minería ilegal, los secuestros, las extorsiones y otras actividades ilícitas a las que recurrieron los grupos armados al margen de la ley para financiarse, en Colombia también se presentaron casos de  complicidad entre grupos armados y empresas privadas.

Un informe llamado Cuentas claras, presentado por Dejusticia, evidencia esta esta realidad. Desde 1971, según el documento, se han presentado 439 casos de complicidad de empresas en el conflicto. Por complicidad los investigadores se refieren a “la asistencia o participación de los actores económicos en graves violaciones de los derechos humanos (incluyendo genocidio, tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) cometidos por el Estado o agentes similares al Estado, como grupos paramilitares y guerrilleros, durante situaciones de autoritarismo o conflicto civil”.

Según el informe, la complicidad entre sectores económicos y actores del conflicto se dio por “la alianza entre poderes económicos, élites locales y grupos armados para promover sus intereses económicos y políticos a través de la cooptación de las instituciones locales en las regiones y a nivel nacional”.

En Colombia los casos de complicidad entre empresas y grupos armados se dispararon a finales de los noventa y principios de la década del 2000, periodo que coincide con los diálogos de paz del Caguán y el momento de mayor poder militar de las Farc, así como de auge de los grupos paramilitares. Los casos de complicidad también se concentran geográficamente, pues el 76 por ciento de los casos registrados ocurrieron en seis departamentos: Antioquia (19 por ciento), Córdoba (13 por ciento), Norte de Santander (8 por ciento), Sucre (7 por ciento), Urabá (18 por ciento) y Valle del Cauca (11 por ciento). Otro hecho a resaltar es que la mayoría de empresas cómplices son colombianas, pues solo el 2 por ciento de los casos registrados corresponden a empresas multinacionales,  y el 98 por ciento restante está asociado a empresas nacionales.

Una de las autoras del informe es Leigh Payne, quien también es autora de 4 libros sobre derechos humanos, confesiones de violencia, justicia transicional y complicidad empresarial. Ha participado, además, en Comisiones de Verdad en Brasil y México.

Hace unas semanas Leigh estuvo en Colombia, y conversó con ¡Pacifista! acerca de la participación de las empresas en el conflicto colombiano y el papel de la Comisión de la Verdad a la hora de visibilizar esta realidad.

¿Cómo se da la complicidad de una empresa en el conflicto?

La complicidad de las empresas se da en situaciones de represión autoritaria y conflictos armados que conducen a violaciones de derechos humanos. Entendemos por complicidad una acción directa de parte de las empresas en los conflictos. Por ejemplo, tenemos empresas que montaron su propio centro de detención, o que hicieron hicieron salas de tortura dentro de la planta o fábrica.

Estas violaciones no son leves… no son casuales.

Otra forma de complicidad que tenemos es el financiamiento de centros de tortura y exterminio, la producción y provisión de maquinaria de tortura y armamento. También está la explotación forzada de tierras mediante violencia contra sus propietarios.

En términos económicos, ¿qué daño le hace al país la participación de las empresas en el conflicto?

Pues hemos visto que el costo de la reparación a las víctimas es relativamente bajo, pero puede haber  empresas que no puedan pagarlo. Por esto pueden estar obligadas a cerrar, y esto puede hacerle algo de daño a la economía del país.

Por otro lado, las empresas pueden perder su reputación o su buen nombre y la gente puede considerar que no toleran a una empresa que haya participado en violaciones a derechos humanos. Esto a la larga puede ocasionarles pérdidas, cierres y afectar el flujo de la economía.

El Congreso le hizo una reforma a la JEP con la que le quitó la facultad de juzgar a actores no armados. ¿Esto representa impunidad para  las empresas cómplices en el conflicto?

Yo creo que la visibilidad de por si ya es impresionante, pues estos casos por lo general son desconocidos o no son tenidos en cuenta. La importancia está también en la víctima, en que pueda conocer la verdad de lo que le sucedió.

¿Podría convertirse la Comisión de la Verdad en una instancia para obtener justicia frente a estas empresas?

En la Comisión de la Verdad se puede hacer justicia -simbólica- pero de todos modos justicia. Además, con la voluntad de los empresarios, pueden haber reparaciones por los daños. De todos modos, lo más importante es garantizar que estas cosas no vuelvan a suceder.

Si en la Comisión de la Verdad, al menos, se le pone un costo reputacional a los actos de las empresas, se estarán dando las condiciones para la no repetición.

El documento habla de paraeconomía. ¿A qué se refiere?

Cuando pensamos en los grupos paramilitares de la historia de Colombia, si estos hubieran sido actores aislados podrían considerarse en este momento solo como criminales. Pero, por el contrario, ellos estaban relacionados con distintos agentes del Ejército, del Gobierno, y de estructuras empresariales.

Los grupos paramilitares sacaron provecho económico de sus alianzas con empresarios y las actividades en este círculo estuvieron relacionadas a violaciones a derechos humanos. Esta es la pareconomía.

¿Algún caso grave puntual de violaciones de derechos humanos que se haya presentado en Colombia en relación a las empresas que participaron en el conflicto?

El caso más emblemático, porque ya se iniciaron los procesos judiciales correspondientes, es el caso Chiquita. De 1997 a 2004 esta empresa trabajó directamente con los paramilitares (con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) quienes mataron sindicalistas y trabajadores acusándolos de ser guerrilleros. La empresa financió de manera directa estos actos y esto es una grave violación a los derechos humanos.

También hay que decir que la mayoría de los registros muestran que estas violaciones las hacen empresas pequeñas y medianas, y no tanto las grandes. Y  es muy difícil llevar a las grandes empresas a procesos judiciales.

¿Cuáles recomendaciones le harías a la Comisión de la verdad en Colombia?

Primero, la visibilidad es muy importante, por lo que hay que generar conciencia sobre este tema. Lo ideal, luego, sería que se realice una investigación seria de las violaciones graves de derechos humanos. Esta va a ser una responsabilidad de la Comisión de la Verdad, y creo que será difícil porque hay presiones externas en este trabajo.

Sería muy valioso que la Comisión de la Verdad reciba apoyo internacional para este  trabajo investigativo. Si no tienen el apoyo, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es más posible que lleguen presiones  externas e internas, porque trabajarían de forma aislada.

La mejor manera de acompañar a las víctimas es darles respuestas y garantizar que las violaciones no se repitan. Luego, con la información de esta investigación seria, considero que debe ser el país entero -más que solo un organismo del Gobierno- el que debe decidir sobre las acciones judiciales a tomar en el futuro contra los responsables.