#OPINIÓN | El último año el Estado dejó de recaudar aproximadamente 7,5 por ciento del PIB a causa de los beneficios tributarios, lo que representa una gran pérdida de recursos para el posconflicto.
Los impuestos son un asunto crucial para la economía del país: afectan diariamente el bolsillo de los colombianos y son la principal fuente de ingresos de la nación. El Estado necesita recursos para financiar su funcionamiento y asegurar el bienestar de sus habitantes. Por eso es deseable que la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas paguen impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva.
Pero en la práctica esto no sucede, entre otras cosas, porque existen los “beneficios tributarios”.
Un beneficio o incentivo tributario es cualquier tipo de exención, deducción o crédito en el pago de impuestos que se le hace a algunas personas y empresas para incentivar sectores estratégicos en el desarrollo económico y social de un país. Las tarifas diferenciadas en las zonas francas o las reducciones del impuesto de renta a las empresas mineras son algunos ejemplos de este tipo de privilegios. A primera vista esto parece muy atractivo, pues los descuentos en impuestos para estimular el crecimiento y aliviar las cargas impositivas de las personas y empresas suena lógico y positivo para todos.
Sin embargo, esto hay que mirarlo con lupa. Hoy en día el estatuto tributario colombiano tiene un número excesivo de beneficios, siendo uno de los países de América Latina que más concede este tipo de tratamientos especiales. Aun así, algunos sectores políticos y candidatos a la presidencia piensan que ampliar o aumentar los beneficios, sin ningún tipo de evaluación de sus impactos, es la mejor receta para el posconflicto, por ejemplo otorgando incentivos tributarios a las empresas en el campo y así impulsar el sector rural.
Pero la evidencia empírica parece demostrar lo contrario. Según esta, los beneficios tributarios suelen tener múltiples efectos contraproducentes que llevan a cuestionar si estos son realmente la mejor opción para atender las necesidades fiscales y sociales que pueden surgir en el tránsito hacia la paz.
En primer lugar, demasiados beneficios afectan los ingresos que el Estado recibe de los impuestos y que necesita para invertir en temas cruciales para la paz como salud, educación y vivienda. Para 2016, lo que se dejó de recaudar por estos incentivos representó alrededor del 7,5 por ciento del PIB y el 57,7 por ciento de lo recaudado en tributos. A lo anterior se le suman los problemas de pertinencia y eficacia. Estudios del DNP, el BID y el Banco Mundial que analizan en detalle algunos de estos beneficios develan muchos de sus problemas. Por un lado, muestran que en la mayoría de los casos las inversiones realizadas se hubieran dado, incluso, sin los beneficios otorgados. Además, encontraron que muchos de estos están concentrados en actividades improductivas y que algunos de ellos no generan los efectos esperados, como es el caso de la deducción por compra de activos fijos.
Por otra parte, los beneficios tributarios pueden ser terreno fértil para la corrupción y el clientelismo. Mediante lobby, grupos de interés y sectores económicos poderosos pueden influenciar a los legisladores para obtener tratamientos especiales, tal y como sucedió en la última reforma tributaria en donde las Zonas Francas, pese a toda la evidencia que demuestra su inefectividad, conservaron sus beneficios después de que el proyecto de ley presentado por el Gobierno pasara por el Congreso. ¿Cuál es la justificación que explica que estas zonas recibieran mayores beneficios? ¿Se discutió esta justificación en el Congreso?
Por último, este tipo de políticas contribuyen a profundizar la desigualdad. Generalmente, quienes acceden a esto incentivos fiscales son los contribuyentes de mayores ingresos y suelen concentrarse en el impuesto a la renta de grandes capitales. Esto hace que el impuesto que se utiliza normalmente para redistribuir el ingreso entre todas las personas no pueda cumplir su función y que se siga concentrando la riqueza. Según un estudio realizado en el 2012, los beneficios tributarios en Colombia aumentan el coeficiente de GINI, utilizado para medir la desigualdad de los países, en un 0,7.
En vista de estos argumentos, la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, que reunió a las cabezas que más conocen del tema en Colombia, recomendó en su informe para la reforma de 2016 eliminar todos los beneficios tributarios existentes y financiar de manera directa a través del gasto público (subsidios, inversión pública…etc) los sectores estratégicos para el desarrollo. Sin embargo, la recomendación no fue adoptada en la reforma.
Uno de los contraargumentos utilizados frente a esta propuesta fue la ineficiencia e ineficacia del gasto. Los beneficios tributarios son utilizados, en parte, debido a las fallas que tiene el Estado para ejecutar el gasto correctamente. Otro argumento en contra de eliminar todos los beneficios es el impacto que esto tendría en los sectores de la población más pobre, por ejemplo, al gravar con IVA los bienes de la canasta básica familiar que actualmente gozan de exenciones y exclusiones de este impuesto. Aunque esto es cierto, también lo es que los hogares de mayores ingresos son los que más se benefician de las exenciones de IVA al ser los que más consumen.
En ambos casos las soluciones son complejas y requieren de una mayor discusión y análisis. El punto está precisamente ahí, en debatir la conveniencia de los beneficios tributarios y no pensarlos como soluciones mágicas para estimular el crecimiento en todos los sectores de la economía. Es muy importante entonces no dejarse seducir por el canto de las sirenas de menos impuestos y tratar de ver el espectro completo para tomar mejores decisiones en un momento tan determinante como el postacuerdo.
*Alejandro Rodríguez Llach es investigador en Dejusticia.
