Según el informe, hay casi 43 mil presos más de los que caben en las cárceles y las condiciones de salud son indignas.
“Si para la población en general en Colombia es difícil el acceso a la salud por los tiempos de espera y las frecuentes negativas a prestar los servicios, para las personas privadas de la libertad estas complicaciones se multiplican”, dice el capítulo de cárceles del informe 2015 del Comité Internacional de la Cruz Roja, que será presentado en su totalidad este jueves. Durante el año pasado, miembros del CICR visitaron distintas prisiones en el país y llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista humanitario, la situación es insostenible.
La crisis carcelaria, que creció constantemente durante 2015, en lo poco que va de 2016 se ha agudizado. Este año, dice el informe, “empezó con una sobrecarga de casos de detenidos que no han podido acceder a servicios de salud a pesar de sufrir complicaciones serias”. La salud ha sido el tema más notorio entre los problemas recientes del sistema penitenciario, pero no es el único y tampoco es la raíz del asunto. El CICR apunta a que la gravedad del asunto nace del hacinamiento en todo el sistema.
Según el datos del Inpec, hay 120 mil presos en todo el país y, de ellos, 43 mil no caben en las penitenciarias. Es decir, hay un hacinamiento del 55%. Esa cifra, en algunas cárceles, es muchísimo más alta. En Riohacha, por ejemplo, hay un hacinamiento del 464%. En Valledupar es del 417%. En Santa Marta es del 384% y, en Magangué, del 286%. Esos datos, que reseña el CICR a partir de los mismos datos del Inpec, apuntan a que en algunas prisiones hay tres, cuatro y hasta cinco presos donde debería haber uno solo.
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La crisis de salud, explica el informe, también “tiene su explicación en el precario sistema de aseguramiento en salud que cobija a las personas privadas de la libertad, que ahora se encuentra en un periodo de transición hacia un nuevo modelo de prestación de servicios (pero), mientras se hacen los ajustes, la falta de acceso continúa”.
El CICR detalla en su informe algunos casos donde, incluso con su intermediación, no ha sido posible lograr condiciones dignas para los presos. Por ejemplo, cuenta el caso de dos enfermos en una cárcel en la región Pacífica: ambos habían sufrido fracturas en las piernas y llevaban meses esperando una cirugía para poder remover de una vez las barras metálicas externas que estabilizan el hueso mientras sana. A pesar de que tenían las piernas infectadas y de que cada vez era más inminente el riesgo de perder la pierna, el sistema penitenciario no consideraba de urgencia vital la situación. Dice el informe que, a pesar de que el CICR intervino para acelerar el proceso, sigue sin haber respuesta.
¿Qué falta para tener una política criminal eficiente?
En palabras del CICR, para que haya una política criminal eficiente es necesario resolver un dilema entre dos formas de entender la crisis carcelaria. La primera opción, dicen, sería ampliar la capacidad de las cárceles a la par que crece la cantidad de personas detenidas. Pero, según el informe, ese es un problema porque “la solución es costosa e implica necesariamente grandes inversiones para poder mantener las condiciones mínimas de dignidad”.
La otra opción sería aplicar las demás medidas que contempla el sistema penal aparte de la reclusión intramural. El CICR parte de la idea de que la privación de la libertad es solo una de muchas opciones.y sugiere contemplar alternativas como el aplazamiento de penas, la detención domiciliaria, enviar a los detenidos a centros médicos cuando lo requieren e incluso la libertad condicional, en casos específicos.
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El CICR es consciente de que “en un país acostumbrado a los frecuentes llamados a aumentar penas, es menos polémico seguir enviando más condenados a prisión”. Sin embargo, en vista de la grave situación que se presenta en todo el sistema, en el informe, el CICR invita a resolver la encrucijada y dice que está dispuesto a asesorar al Gobierno, teniendo en cuenta que lleva más de cien años visitando cárceles de todo el mundo.
Además, recuerda que en febrero pasado la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema y dijo que existe un estado de cosas contrario a la Constitución por la situación precaria de las personas detenidas. La decisión del máximo tribunal instó a las instituciones del Estado a plantear soluciones y, para ello, reiteró que se debería buscar apoyo en el CICR para verificar avances, retrocesos y dificultades de la situación carcelaria.
En 2015, como muestra el informe, delegados del Comité de la Cruz Roja visitaron a 85 mil presos, el 71% del total, para detectar posibles malos tratos y constatar su acceso a condiciones de salud y reclusión adecuadas. Durante las visitas, siguieron de cerca casos de 6 mil mujeres y más de mil adolescentes en centros de rehabilitación. Además, empezaron un programa piloto para ayudar a presos discapacitados, entregándoles dispositivos ortopédicos y sesiones de fisioterapia.
Luego de las visitas, emitieron 195 informes confidenciales a las autoridades penitenciarias con recomendaciones específicas sobre cómo mejorar la situación de los internos. Según el documento que se hará público este jueves, adelantaron trabajos conjuntos para que se respetaran las garantías judiciales de los detenidos, haciendo énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados en el marco del conflicto.
