De tragos y peleas: tal vez el Código de Policía se esté equivocando

La implementación del Código de Policía no parece haber cambiado mucho el número de peleas en parques de Medellín, y en cambio sí ha afectado la apropiación de sitios culturales históricos.

Por: Alejandro Jiménez*

En agosto de 2011 Francisco Saldarriaga escribió un texto bellísimo para Universo Centro. Ahí contó la historia del que fue hasta hace poco uno de los lugares más emblemáticos para el encuentro y disfrute del sur de Medellín: los Saldarriaga en el Parque del Poblado. Como Francisco explicó, el negocio que empezó su padre en la década de 1980 era dos cosas, restaurante de día y cantina de noche, siempre lleno de oficinistas, pintores, sastres, taxistas, camioneros, obreros y demás habitantes de una Medellín en la que apenas se asomaba la sombra del narco. En los noventa comenzaron a llegar jóvenes punkeros y muchachos de todo tipo, luego aparecieron los del grunge, la guitarra acústica y el skate. Y así, a través del tiempo, la ciudad cambiaba, las personas cambiaban, pero los Saldarriaga y el Parque del Poblado seguían siendo el sitio de encuentro para muchos.

En el texto Francisco plasmó una idea premonitoria, a la que solo se le puede hacer justicia reproduciéndola: “En cierta ocasión, un policía nos dijo que nosotros no hacíamos más que alcahuetear ebrios y adictos. Le contestamos que tenía razón: durante treinta años fuimos los alcahuetas de ebrios de fiesta y de adictos a la noche. Tal vez por eso, aquella esquina, junto con Senda y el Bodegón del Parque, se ciñó al alma de la gente, a su vibrar, a su sentir descomplicado y libre, diverso y confuso. Supimos alcahuetear todos los caprichos, lejos del escepticismo higienizado, elitista y excluyente de ese Poblado que ahora llaman “La Milla de Oro”; ese Miami Beach que discrimina al ciudadano de a pie, al que quiere sentarse en un parque, tomarse una cervecita en el andén o parado en una esquina y que reclama la calle como su dominio y la noche como suya”.

Hace poco volví al Parque del Poblado. La temperatura de Bogotá hace que cada vez que voy piense en la posibilidad de tomarme una cerveza fría en esa media torta en la que pasaba noches de universidad. Si Francisco lo viera -estoy seguro de que lo ve– se daría cuenta de lo profético de su escrito. Vi cuatro parejas, sentadas separadas en un espacio en el que cabrían por lo menos cincuenta iguales, la media torta del Parque. Al lado, en el mismo CAI de la Policía de siempre, un agente multaba a un ciudadano quién sabe por qué fechoría. ¿Se habrá atrevido a tomarse una cerveza en el parque?

Resulta que desde 2016, con la expedición de un nuevo Código Nacional de Policía, en Colombia está prohibido sentarse en un parque con amigos a tomarse una cerveza y ver la vida pasar. En una ciudad con un clima privilegiado, en un parque en el que la presencia policial es permanente y abundante, los ciudadanos no pueden disfrutar del espacio público en la compañía de una cerveza. ¿Por qué? porque hay que “poner orden en la sociedad, preservando ese interés general que todos estamos llamados a contribuir en su preservación, conservación y respeto, evitando abusar del derecho en beneficio de unos cuantos”, o por lo menos eso fue lo que le dijo la Policía Nacional a la Corte Constitucional dentro de un proceso en el que unos ciudadanos, precisamente de Medellín, desafiaron la constitucionalidad de nuestra prohibición criolla.

Me gusta imaginar un escenario en el que ese mismo policía que le dijo a Francisco que él y su familia eran unos alcahuetas de ebrios y adictos fue el que ayudó a escribir el proyecto de Ley que presentarían al Congreso y que se convertiría en el Código Nacional de Policía vigente. Se trate de lo mismo: el testimonio de la incapacidad de la autoridad estatal por aceptar distintas formas de ocupar y habitar el espacio público.

Voy a seguir con el ejemplo del Parque del Poblado. Pero lo que voy a explicar podría aplicar fácilmente a quienes se toman una cerveza en Cartagena o Barranquilla a la luz de una lámpara de andén. O a los que arman una fiesta alrededor del biche en un barrio de Quibdó o Buenaventura. O, incluso, a los que compran un litro de aguardiente y se lo toman al frente del Carulla de la calle 85 en Bogotá.

Según el tal Código, la idea detrás de prohibir el consumo de licor es proteger tres cosas: la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público. Así, la prohibición está basada en una premisa: para prevenir atentados contra la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público es necesario prohibir el consumo de alcohol en espacio público. Esto tiene implicaciones. Como le explicó la misma Policía a la Corte, “cuando se busca “poner orden a la ciudad (…) se afectan libertades, a través de la exigencia del cumplimiento de deberes, que siempre propenden por el bienestar general y particular”.

En el caso del Parque del Poblado las libertades y derechos que se afectan están protegidos por la propia Constitución: el derecho a reunirse pública y libremente, a escoger un modelo de vida y seguirlo sin interferencias indebidas y, paradójicamente, a disfrutar del espacio público. Estos derechos pueden ser limitados, como todos, en ciertas circunstancias y bajo parámetros de proporcionalidad, pero si continuamos con el ejemplo veremos que no hay criterio alguno que permita sustentar La Prohibición en un espacio como este.

Si hay espacios de ciudad en los que se puede garantizar que quienes se reúnen espontáneamente a consumir licor están vigilados dentro del límite de lo razonable, como el Parque del Poblado –que como ya mencioné tiene un CAI de la Policía en una de sus esquinas–, ¿es proporcional afectar esos derechos y libertades en aras de mantener un orden público que nunca (o pocas veces) fue afectado? Las cifras muestran lo obvio de la respuesta. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, en 2016 (antes de la prohibición) se presentaron 50.370 riñas en Medellín, de esas sólo 71 ocurrieron en el Parque del Poblado y, en general, sólo el 1,82 por ciento se dieron en uno de los parques tradicionales de la ciudad. Paradójicamente, en el Parque Lleras, donde nunca se ha podido consumir licor en espacio público, se produjeron más del doble de riñas.

¿No es más sencillo preguntar a las autoridades locales cuáles son los sitios en donde el consumo es problemático –porque los hay– y permitirles prohibirlo allí? Parece que no. La idea del control sobre el ciudadano como garantía de orden, que había perdido la batalla en Colombia con decisiones de avanzada de la Corte Constitucional, está ganando la guerra. El punto no es proteger la tranquilidad o las relaciones respetuosas, es controlar la forma en que las personas se apropian del espacio público y viven su vida –la definición de medida “perfeccionista” que la propia Corte ha prohibido en diversas oportunidades–.

*Investigador en Dejusticia

dejusticia.org