La consulta anti corrupción tiene puntos útiles, propuestas que son a penas primeros pasos y algunas medidas más bien inútiles. Pablo Sanabria y Maria Margarita Zuleta, profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, revisan con lupa esta propuesta. Por: Cerosetenta*
Hay que votar en la consulta anticorrupción, de eso no hay duda. Pablo Sanabria y Maria Margarita Zuleta, profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, consideran que la consulta es una oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie con su voto en contra de la corrupción. Dada la importancia de esta jornada electoral, hicimos en Cerosetenta un ABC sobre las siete preguntas que los votantes van a responder en las urnas.
Dicho eso, hay que reconocer que parte del valor de la consulta es que pone el tema de la corrupción en la agenda, llama a la gente a pensarlo y discutirlo. Por eso recogimos las observaciones de estos dos investigadores sobre los siete puntos de la consulta. Reconocen que unos son útiles, otros son primeros pasos y algunas medidas serán inconsecuentes. De cualquier manera, esperan que la consulta alcance el mínimo 12 millones de votantes que necesita.
Bajar el salario de los congresistas y altos funcionarios de 40 salarios mínimos (más de 31 millones de pesos) a un máximo de 25 (poco más de 19 millones).
Los salarios de los congresistas colombianos son altos en relación con el mínimo nacional pero normales en comparación con los de otros parlamentarios en América Latina. En el ranking regional, están de quintos tras México, Chile, Brasil y Argentina. Para Pablo Sanabria, esos salarios se justifican porque el trabajo de los parlamentarios es muy importante. Ellos representan a la ciudadanía, proponen las leyes que la rigen y le hacen control político al presidente.
En cualquier caso, este punto de la consulta se basa en la idea de que salarios altos equivalen a corrupción. Citando a Susan Rose-Ackerman, Sanabria pone en duda esa suposición. La investigadora, autoridad mundial en el estudio de la corrupción política, sugirió que un salario bajo es fuente de corrupción. Cuando los funcionarios se sienten mal remunerados, tienen menos reparos en contra de los sobornos y otros delitos. Los salarios altos compensan un trabajo necesario y atraen talento al sector público.
Zuleta dice que, más que reducir salarios, se podría crear un sistema de remuneración basado en cumplimiento de metas, asistencias, presentación de proyectos de ley y otros criterios. De esa manera, el sueldo de los parlamentarios sería una herramienta de rendición de cuentas. Tal vez la percepción de que los salarios son demasiado altos corresponde a que no hay claridad sobre los criterios que se usaron para definirlos. Zuleta añade que la propuesta de reducirlos le ahorraría plata al Estado pero no aumentaría la transparencia.
Penas de prisión para los corruptos (no tendrían beneficios de casa por cárcel) y no podrían volver a contratar con el estado. Este último podría terminar el contrato de manera unilateral.
Las penas de prisión para el corrupto pueden ser una medida de disuasión u otra propuesta del populismo punitivo. Sanabria considera que una sanción clara es importante pero un modelo punitivo es insuficiente para reducir la corrupción. A más normas y más sanciones previstas, dice, hay más instancias burocráticas a corromper.
Este mandato de la consulta también propone que el Estado tenga la posibilidad de terminar unilateralmente los contratos de los corruptos y que estos no puedan volver a contratar. Ahí hay un peligro, según Zuleta. En casos de corrupción como el de Odebrecht, si se termina el contrato, es la ciudadanía la que paga las consecuencias porque la obra no se termina o se estanca. La información sobre el esquema de corrupción, además, se pierde. Lo que el Estado debe procurar es obligar al contratista a terminar la obra, pagar una multa cuantiosa y revelar el entramado del delito.
Se eliminarían los contratos hechos a la medida para contratistas elegidos a dedo haciendo obligatorios los pliegos tipo, documentos en los que las autoridades técnicas ponen las condiciones de los contratos.
En muchos procesos de contratación, quien ofrece los contratos puede crear unos requisitos que beneficien a un contratista en particular. Los pliegos tipo evitan esa asignación “a dedo” porque estandarizan las condiciones de contratación y los requisitos con los que debe cumplir el contratista. Aunque ayudan, los pliegos no pueden evitar del todo la contratación amañada porque por más que haya un contrato estándar, cada obra tiene sus propias condiciones. En estas es que se puede dar la manipulación para que sólo un contratista cumpla con los requisitos. Esta medida ayuda pero no resuelve del todo el problema de los contratos a la medida.
La ciudadanía tendría la posibilidad de participar en la planeación de los presupuestos públicos. Junto con concejales y congresistas, podría hacer audiencias públicas para planear el presupuesto nacional y local. También habría espacios de rendición de cuentas sobre la ejecución y la contratación.
Los espacios de participación y veeduría son importantes, de eso no hay duda. Pero lo que es clave, según Pablo Sanabria, es fortalecer la capacidad de la ciudadanía de hacer ese seguimiento. Un individuo promedio no tiene las capacidades o el tiempo para dedicarse a la revisión del presupuesto y su ejecución. Esa una tarea para grupos entrenados, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil. Crear los espacios, que ya existen en varias regiones, es un primer paso. Hacer que la ciudadanía se organice para aprovecharlos, es el resto de la tarea.
Los congresistas estarían obligados a rendir cuentas anuales sobre sus gestiones: votaciones, proyectos presentados, asistencia, debates, cargos públicos a los que presenten candidatos e intereses particulares que promuevan.
Es importante hacer del congreso una entidad más transparente. Los parlamentarios son empleados de la ciudadanía así que la gente debería poder hacerles seguimiento a sus desempeños. La pregunta es cómo se publicaría esa información para que sea realmente accesible. También queda abierta la pregunta sobre la gestión de los congresistas más allá de los días de sesiones que son martes, miércoles y jueves. Debería haber rendición de cuenta del resto de horas laborales como le corresponde a todo empleado.
Los congresistas estarían obligados a presentar sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para posesionarse en sus cargos. Hoy lo hacen de manera confidencial. El referendo propone que lo hagan de cara a la ciudadanía.
Sanabria y Zuleta insisten en que los congresistas no son los únicos culpables. La sociedad colombiana presenta corrupción en todos sus niveles y espacios. El fenómeno, además, se expresa de maneras diversas en las regiones. Este estudio caracteriza la corrupción en Colombia.
Esta medida tiene gran potencial pero, como en otros puntos, la información tiene que ser realmente accesible y deben existir organizaciones entrenadas para y dispuestas a analizarla. La otra salvedad es que, para que la medida sea efectiva, la declaración de bienes, patrimonio, impuestos y conflictos de interés tiene que ser exhaustiva. Los congresistas, como otros parlamentarios del mundo, tendrían que declarar junto con sus parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad (incluiría padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos y primos), segundo de afinidad (familia política como, por ejemplo, la hermana o hermano de el o la cónyuge) y primero de civil (cónyuge). Eso daría herramientas para eliminar el testaferrato.
Los políticos podrían estar en corporaciones públicas (congreso, concejos, juntas administradoras locales y asambleas departamentales) por tres periodos a lo sumo.
Con esta medida no hay reparos ni salvedades. Sanabria y Zuleta consideran que el límite de periodos llevaría a una renovación más regular del congreso. Puede ser que agudice los esfuerzos de los políticos de transferir o heredar su caudal electorar. En cualquier caso, les impedirá ocupar una curul por más de 12 años.
Bonus track: el disco rayado del costo
De aquí a que se haga la consulta, probablemente habrá en Twitter y Facebook quejas incesantes sobre el costo de consulta (unos 300 mil millones, más dinero que el invertido en una vuelta presidencial). Es parte de lo que parece ya una obsesión de los colombianos con los costos de la participación ciudadana. “Me da rabia que hablemos en términos de costo sobre el ejercicio del voto. Es un mensaje nocivo. De ahí a que digamos ‘para qué votar’ hay un paso muy pequeño. Es un gasto necesario”, dice Zuleta. Sanabria piensa lo mismo. El voto, dice, no se puede tasar de acuerdo al costo de la logística electoral. Cada peso es una inversión en el tejido social y ratifica el valor del voto en una democracia. Ambos, entonces, desestiman el argumento de que la consulta es costosa y piensan que la inversión se justifica.
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