Los beneficios del Acuerdo de Paz no han llegado a Chocó. En noviembre, un líder social le pidió ayuda al gobierno de Iván Duque, quien mantiene el silencio.
Desde el pasado 26 de abril, cerca de 1.600 personas pertenecientes a cinco comunidades indígenas Embera (Cedral, Pinchindé, Eyasake, Buena Vista y bongo) de la zona rural del municipio de Juradó, Chocó, fueron afectadas por el ELN y las Autodefensas. A la fecha seis comunidades (914 personas) se encuentran desplazadas y cinco comunidades más están en situación de confinamiento (729 personas).
Del total de esta población, 263 son niños y niñas menores de 5 años Algunas de estas familias, de la comunidad wounnan, habían denunciado –en el transcurso del 2018– una grave situación por los enfrentamientos entre los grupos neoparamilitares y la guerrilla del ELN.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un comunicado señalando lo siguiente: “Cuando estos grupos se han enfrentado, desconociendo las autoridades y autonomía de las comunidades y sin respetar nuestros territorios ancestrales indígenas están violando el artículo 24 de la Constitución, el cual señala que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
La ONIC le pidió al gobierno que cumpla con lo que se comprometió en 2018:
- Activar alertas tempranas
- Implementar un plan de contingencia sociocultural
- Activar mecanismos de protección y protocolos de seguridad
- Acciones para garantizar la vida y dignidad de las comunidades indígenas de Jurado y demás municipios del Chocó
Es clave, asegura la ONIC, que el gobierno intervenga con planes agrícolas para cerrarle el paso a diferentes grupos ilegales que se están lucrando del narcotráfico y de otros negocios como la ganadería.
Lupa a Juradó
El 26 de abril, el gobierno ancestral indígena de Juradó y la Personería municipal denunciaron nuevos hostigamientos por parte de las Autodefensas y el ELN. Las comunidades indígenas de Bongo, Pichidé, Eyasake, Cedral, Victoria y Punto Caimito fueron obligadas a abandonar sus territorios y trasladarse a Dos Bocas. En estos momentos se encuentran en la sede principal del colegio Agroambiental Armando Achito Lubiasa.
A partir de los comunicados emitidos por las autoridades ancestrales de las comunidades indígenas del municipio y de la Alcaldía municipal, el 28 de abril se realizó un Consejo de Seguridad en la comunidad de Dos Bocas en el que hizo presencia Personería, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública y Gobernación con el fin de evaluar las situaciones y establecer las posibles acciones que requieren las comunidades en materia de seguridad.
Son 853 las personas que se encuentran albergadas en esta institución educativa. ¿Qué necesitan ahora?
- Protección
Los riesgos a los que se han enfrentado las comunidades indígenas evidencian la falta de seguridad que existe en los territorios. Existen combates y siembra de minas antipersonal alrededor de los territorios como forma de control y la intimidación a los líderes sociales por parte de los grupos armados. Recordemos que el pasado 12 de abril fue asesinado el líder y rector indígena Aquileíto Mecheche Baragón y persisten las amenazas contra otros líderes frente a las solicitudes de protección que se han pedido a las entidades pertinentes. - Seguridad Alimentaria y medios de vida
El 25 de abril las comunidades denunciaron que los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, saquearon la comunidad, robándose los animales domésticos, así como también otros alimentos de sustento diario, dejando a la comunidad sin ningún tipo de abastecimiento. Este problema se agudiza si tenemos en cuenta que las comunidades indígenas no pueden moverse libremente por el territorio, es decir, no pueden cultivar, cazar, ni siquiera comprar víveres. Existe, dice la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), serias consecuencias sociales y psicológicas.
- Salud
De acuerdo con la ONIC, se están comenzando a evidenciar problemas de salud en los niños como diarrea por condiciones de desnutrición y acceso a la mala calidad del agua. Por esta razón solicitaron una Misión Humanitaria en el territorio para obtener suministros de alimentos, agua potable. Pidieron, además, una brigada de salud para la comunidad de Dos Bocas, en donde se encuentra albergada toda la población desplazada. Se requieren materiales para instalar casetas, proveer colchonetas, plásticos, carpas, kits de aseo, kits de cocina y otros implementos para mitigar la situación de precariedad en la que se encuentra la población indígena de Juradó. También se necesita la adecuación provisional de aulas de clase para la atención de la población estudiantil víctima de desplazamiento forzado.
El 29 de abril se realizó un comité de Justicia Transicional (CJT) para evaluar los mecanismos de respuesta ante la crisis humanitaria a la cual está expuesta el municipio y sus comunidades. También, desde el 26 de abril, la Alcaldía municipal y la Personería gestionan las ayudas humanitarias en términos de alimentación. A partir del 29 de abril le pidieron ayuda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que sean atendidos los menores de edad que comenzaron a tener problemas de salud. Es importante resaltar que la asistencia de ayuda humanitaria coordinada por la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) está pendiente.
Chocó, sin los beneficios del Acuerdo de Paz
El desarme de la guerrilla de las Farc en Chocó no trajo la paz. Después de que los frentes 34 y 57 y las Columnas Móviles Libardo García y Aurelio Rodríguez se desactivaran, comenzó una fuerte disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo. Según la Fundación Ideas para la Paz, “esta situación ha afectado especialmente al norte del departamento —principalmente los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Juradó”. Entre 2017 y 2018, los paramilitares asesinaron a tres líderes sociales en esta región, dos el ELN y grupos armados desconocidos a otros cuatro. Se registraron 27 amenazas que impidieron la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Lo mismo sucedió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Señala la misma fuente que, a finales de 2018, “luego de la celebración de acuerdos colectivos y la preinscripción de comunidades del Medio San Juan, Medio Baudó, San José de Palmar, Riosucio y Carmén de Darién, no se dieron avances. Las familias no han sido vinculadas al programa, mientras que las operaciones de erradicación forzada desarrolladas por la Fuerza Pública continúan en la zona”.
Las comunidades indígenas emberá y wounaan han quedado en medio de la confrontación entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC. Ambas se disputan el control y ruta del tráfico de droga. A comienzos de noviembre de 2018, los líderes indígenas viajaron a Bogotá para pedirle un trabajo por la paz al presidente Iván Duque. Él delegó a la ministra del Interior y no les dio la cara. ¿Qué dijo el líder en Bogotá? Algo que ya se previa.
“Hay reclutamiento de menores, violación de mujeres por armados, irrespetos a la comunidad. Ellos llegan al territorio como si les perteneciera. Ahora quieren estabilizarse en nuestra tierra y hay varias comunidades que no lo hemos permitido. Estamos en riesgo por eso. Y con el ELN no hay con quien hablar, no se sabe quién manda para decirle lo que muchos de ellos están haciendo en nuestro territorio. No hay paz en nuestro territorio, por eso estamos acá señores del gobierno”.
