Urabaenses y la familia de Jorge Eliecer Gaitán piden que no se les asocie con criminales.
Fue en un acto de campaña en Turbo, el 24 abril de 2014, cuando el presidente Juan Manuel Santos le dio a la Policía la orden de rebautizar con el nombre de “Clan Úsuga” a una de las mayores organizaciones criminales del país.
“Ustedes no son Urabeños, ustedes son urabaenses. Orgullosos, ‘echados para delante’, ustedes son gente buena, honesta, que sabe trabajar, que puede sacar pecho diciendo que son la vanguardia. Ustedes son fuente de glorias deportivas, por eso haremos realidad una facultad del deporte en la Universidad de Antioquia”, dijo Santos en su visita a la región.
Más allá de las arengas electorales, Santos se refería a una organización armada que a finales de 2006, muy poco tiempo después de la desmovilización de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en esa región, y promovida por algunos de sus antiguos comandantes, reclutó combatientes –muchos de ellos exparamilitares– y empezó a consolidar un poder violento para el dominio del narcotráfico en el Golfo de Urabá.
Surgió entonces la marca de “Los Urabeños”, como uno de los ejércitos herederos del paramilitarismo y de su desmovilización, primero llamados “bandas emergentes” y luego empaquetados por el Gobierno bajo la denominación de “bandas criminales” o “bacrim”, para mayor simpleza.
De la facultad del deporte en Urabá aún no hay noticia, pero esas palabras de Santos sobre el nombre con el que se debía llamar lo que se conocía como “Los Urabeños” fueron acatadas de inmediato por el entonces director general de la Policía, Rodolfo Palomino, y por todos los organismos de seguridad del Estado.
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El nombre de “Clan Úsuga” fue calando y se hizo el único aceptado en el lenguaje oficial: boletines de prensa, declaraciones, carteles con sus integrantes, cualquier mención que desde el Gobierno y la Fuerza Pública se ha hecho de esa agrupación y quienes la conforman ha cumplido con los cánones de lenguaje del presidente. Algo similar ocurrió en algunos medios de comunicación, o por lo menos con algunos periodistas, que acogieron el llamado de Santos y en sus informes también rebautizaron al grupo.
Ese “Clan Úsuga” entró en escena pese a que supone que la organización empieza y termina con Juan de Dios Úsuga —alias “Giovanny”, cabecilla muerto en 2012— y su hermano Dairo Antonio Úsuga —alias “Otoniel”, actual máximo comandante—. Es decir, el nombre propuesto por Santos desconoce otras grandes células de poder como la que representa Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, segundo al mando de ese grupo, y su hermano Roberto Luis Vargas Gutiérrez, alias “Pipón”.
Urabaenses, no Urabeños
En agosto de 2006 se desmovilizó en Unguía, un municipio del Darién chocoano, muy cerca de Antioquia, parte del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al frente de esa agrupación, que había azotado el norte de Urabá, el Occidente de Antioquia y buena parte del Chocó, estaba Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
Esa desmovilización se cumplió en tres momentos, además de Unguía, en los municipios de Turbo y Necoclí. Fueron cerca de 1.500 hombres los que entregaron sus armas junto a “El Alemán”. Entre ellos había un personaje que estaba lejos de ser un paramilitar raso. Daniel Rendón Herrera, alias “Don Marío”, hermano de “El Alemán” y a su vez uno de los comandante del bloque Centauros de las Autodefensas —que operaba en Meta y Guaviare—, se había refugiado en Urabá y terminó metido en la entrega de armas de la estructura que lideraba su pariente.
Sin embargo, “Don Mario” no permaneció mucho tiempo alejado de las armas. En una entrevista para El Colombiano, en septiembre de 2015, explicó que siguió órdenes de Vicente Castaño para rearmar un ejército en Urabá por los incumplimientos del Gobierno en el proceso de desmovilización que se negoció en Santa Fe de Ralito.
El resultado fue la conformación de una organización armada que, comandada por “Don Mario” —quien finalmente fue capturado en 2009—, reclutó antiguos combatientes de diferentes grupos paramilitares, se concentró en el negocio del narcotráfico y amasó desde Urabá el poder, la influencia y el control territorial que llevaron a ese grupo a consolidarse como una de las mayores organizaciones criminales de Colombia.
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Así logró extender una red que incursionó en negocios legales e ilegales en varias regiones del país, pero que siguió resguardando en Urabá sus principales intereses. Varios panfletos y comunicados de esa primera época fueron firmados con el nombre de “Los Urabeños” e, incluso, con ese nombre fueron pintadas algunas de las paredes el jueves pasado en Medellín con ocasión del paro.
Entonces, las autoridades empezaron a hablar de “la banda criminal de Urabá” y el nombre “Los Urabeños” —distinto a urabaenses, gentilicio de la zona— se fue extendiendo. De esa forma, como ocurrió décadas antes con el cartel de Cali o el cartel de Medellín, los habitantes de una sección del país, históricamente azotada por el conflicto, y que volvía a ser víctima por tener que convivir en su territorio con los nuevos paramilitares, tuvieron que cargar también con que los criminales metieran la región en su firma.
“No en nuestro nombre”: familia de Jorge Eliecer Gaitán
Pero si los nombres de Clan Úsuga y Urabeños son polémicos, quizá lo es más, la “marca” que esa organización ha tratado de imponer como fachada política y que es hoy la más usada por ese grupo paramilitar: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Algunos de los comunicados de la primera época de esa organización fueron firmados como AGC, tal y como ocurrió con el panfleto que anunciaba el “paro pacífico” que esta semana afectó a cerca de 40 municipios de Antioquia y a otros departamentos como Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar.
El gran lanzamiento de la marca AGC ocurrió entre finales de 2013 y principios de 2014, cuando circuló en la región de Urabá un periódico llamado “El Gaitanista”, en el que ese grupo presentaba su supuesta plataforma política y se vendía como un actor del conflicto armado, resultado de las desigualdades sociales y hasta convencido de la necesidad de una salida negociada al conflicto.
Es de esa forma como el nombre de Autodefensas Gaitanistas ha pretendido atribuir a esa estructura mafiosa un estatus político que resulta, por lo menos, difícil de digerir. El propio presidente Juan Manuel Santos lo descartó el viernes al referirse al paro: “El Clan Úsuga es una banda criminal narcotraficante y no se le va a dar ningún tipo de tratamiento político”.
Se ha apropiado del nombre y la figura de nuestro progenitor para identificarse heréticamente como “gaitanistas” ante la opinión pública.
Según ha dicho “Don Mario”, ese nombre se adoptó luego de una cumbre en que varios jefes de esa agrupación decidieron apropiarse de la imagen del caudillo, pues entendían que su muerte, en 1948, había sido el inicio del conflicto armado. Sin embargo, y a propósito del paro armado, la familia de Jorge Eliecer Gaitán escribió una carta en la que rechazaron no solo las acciones violentas de los paramilitares, sino el uso del nombre del dirigente.
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“La familia de Jorge Eliécer Gaitán expresa su más enérgico rechazo por los hechos de barbarie que viene cometiendo el grupo terrorista llamado Clan Úsuga que, sacrílegamente, se ha apropiado del nombre y la figura de nuestro progenitor para identificarse heréticamente como “gaitanistas” ante la opinión pública. El reciente crimen de líderes populares y el asesinato a mansalva de varios policías, son la antítesis de la doctrina justiciera y democrática que nos legó Jorge Eliécer Gaitán”, dice el comunicado de esa familia.
“Invocar su nombre, para cometer tales infamias, demuestra que lo que se pretende es manchar su memoria, para que el pueblo olvide que él es mensajero de paz, de respeto a la vida, adalid de reivindicaciones justicieras y símbolo de equidad. No cabe duda que Gaitán será para el posconflicto un faro que iluminará y unirá a la juventud en el camino hacia una paz humanista y sustentable”, agrega el texto.
Pero más allá del debate que el asunto pueda generar, Úsugas, Urabeños o Gaitanistas, cualquiera de esos nombres, esconde tras de sí una estructura criminal que a fuerza de terror, de hacer cumplir sus propias reglas y de condicionar la vida de la gente en Urabá y en muchas otras regiones del país, demuestra que no solo es una amenaza para el posconflicto sino que lo es, ya hace tiempo, para muchas comunidades que siguen resistiendo imposiciones violentas de los “nuevos” paramilitares.