El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, se comprometió a elaborar una metodología estricta para el acceso a la información clasificada.
Cambiar sustancialmente el Acuerdo de Paz, como lo prometió el Centro Democrático, no será tan fácil. Una de las modificaciones más importantes propuesta por este partido consiste en limitar el acceso a la información para la Comisión de la Verdad. Para el representante Óscar Darío Pérez, ponente del proyecto, es riesgoso que la Comisión acceda a información reservada del Estado y propuso, a través de un proyecto de acto legislativo, que “bajo ninguna circunstancia” pueda solicitar “documentos de altísima sensibilidad, como información sometida a reserva”. Bajo esta premisa, la Comisión quedaría con las manos atadas y con acceso a solo unas versiones de la historia.
El proyecto de Pérez alcanzó a tomar vuelo e incluso fue sometido a discusión en una audiencia pública de la Cámara de Representantes. Sin embargo, no tuvo el respaldo que se esperaba. Aunque el Centro Democrático tiene las mayorías en la Cámara de Representantes, con 32 curules, el contrapeso de los partidos que respaldaron el Acuerdo de Paz – Verde, la U, Liberal, Polo Democrático, Decentes – es importante: 76 congresistas. Las fuerzas están equilibradas si tenemos en cuenta que partidos afines al uribismo, como el Conservador y Cambio Radical, tienen un total de 45 curules. En el pulso de la Comisión de la Verdad, las voces de la ONU, la JEP expertos en el tema, fueron claves para inclinar la balanza en contra del proyecto.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes nos dijeron que el proyecto fue retirado este misma tarde, después de las críticas que recibió por diferentes partidos. El coordinador ponente del proyecto, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, guardó silencio cuando le consultamos al respecto. Juanita Goebertus, una de las congresistas que presentaría ponencia negativa, nos comentó que el proyecto era “indeseable”, pues afectaba, en general, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. “Este sistema busca el fin de la guerra y la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas. Si no se permite el esclarecimiento de la verdad, se le estaría negando un derecho fundamental a la víctimas”.
Si bien es cierto que existe información de seguridad nacional que debe mantenerse reservada, “la información en donde queden demostradas violaciones de derechos humanos no puede permanecer reservada. Lo dice la Ley de Transparencia que ya fue revisada por la Corte Constitucional”, aseguró Goebertus. Incluso, como explicó la congresista, el proyecto podría afectar a los mismos militares que se han sometido a la justicia transicional. Ellos, como los excombatientes de las Farc, recibirán penas alternativas si contribuyen al esclarecimiento del conflicto. Sin acceso a la información militar, será muy difícil que puedan aportar a la verdad y sus casos podrían pasar a la justicia ordinaria.
Este proyecto no solamente fue rechazado por los integrantes de la Comisión y diferentes congresistas, también fue cuestionado por uno de los delegados de Naciones Unidas en Colombia, Guillermo Fernández, quien dijo en la audiencia pública que en el proceso debe primar el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, entregar información estatal para investigar las violaciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de paz.
Los congresistas del Centro Democrático fueron escuchados
Así el proyecto no vea la luz, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, escuchó los argumentos del Centro Democrático y se comprometió a implementar algunas estrategias para que puedan estar más tranquilos. En los próximos meses, la Comisión entregará una metodología rigurosa para el procesamiento de la información y será divulgada ante la ciudadanía. Esta metodología estará enmarcada en las leyes que existen para proteger la información de seguridad nacional, como la Ley de Transparencia y la Ley General de Archivos.
Uno de los cuestionamientos del Centro Democrático es que “no es posible determinar quién es el responsable de garantizar las condiciones de seguridad de esas informaciones diferentes a los mismos miembros que integran la Comisión”. Frente a esta preocupación, el padre de Roux señaló que pedirá acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación y de Naciones Unidas para blindar todo el proceso de tratamiento de información sensible o reservada. El padre reiteró, además, que la Comisión se regirá por las dos leyes ya mencionadas y por el Código Único Disciplinario para los funcionarios que accederán a esa información. “Las entidades que creó el Estado para trabajar la paz a partir de la verdad cuenta con plena capacidad para acceder a la totalidad de la información y asimismo tienen la obligación de preservar esas reservas”.
Sin acceder a los documentos, existen varios procesos que se quedarían a medias, como la investigación de las más de 82.000 personas que fueron desaparecidas forzosamente en el marco del conflicto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Se dificultaría, como dice la Comisión de la Verdad, el acercamiento a “casos de especial interés nacional como el asesinato de los diputados del Valle, el atentado al Club el Nogal o el exterminio de la Unión Patriótica”. Con la información estatal, será posible contrastar diferentes versiones, construir hipótesis y encontrar patrones de victimización. “Este proceso de investigación y formulación de hipótesis explicativas no puede hacerse sin acceder a información pública”, señaló la Comisión en un comunicado.
En diálogo con ¡Pacifista!, Alejandro Valencia, uno de los comisionados con más experiencia en el tratamiento de la información, explicó que este tipo de situaciones en cierta medida eran previsibles, “pues las facultades de la Comisión son mucho más poderosas e interesantes que las que han tenido otras comisiones en Latinoamérica. Por eso, nosotros tenemos que establecer una serie de protocolos para el acceso a los documentos que tienen carácter de reserva. Todo lo que tiene que ver con consulta, conservación y custodia de esos documentos tendrán que ser sometidos a protocolos de seguridad muy estrictos. Ahora estamos viendo experiencias de otros países, para unir parámetros y generar una metodología que debe estar de acuerdo a la legislación nacional”.
