El proyecto ha causado polémica por los cambios que propone para la acción de tutela.
En nuestro país se han intentado 10 reformas a la justicia en los últimos 20 años, pero todas han fracasado. Ahora, como el cumplimiento a una de sus más grandes promesas en campaña, el presidente Iván Duque está impulsando esta posibilidad una vez más. El objetivo de su reforma, en principio, sigue siendo el mismo que el de hace unos años: descongestionar el sistema de justicia y mejorar la credibilidad y la operación de unos organismos que han estado salpicados por escándalos de corrupción en los últimos años.
La propuesta fue radicada en el Senado el pasado 13 de septiembre por el presidente junto con sus ministras del Interior y de Justicia —Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero—. Otras iniciativas del mismo tipo las están liderando Cambio Radical y, curiosamente, el Centro Democrático, cuyas propuestas no van de la mano de algunas de las de Duque, como pudo verse en la iniciativa de la senadora Paloma Valencia. Dicho proyecto suscitó controversias, por ejemplo, al querer revivir la inmunidad parlamentaria de los congresistas de la Constitución de 1886.
En este momento, la que más fuerza tiene es la labrada por el Gobierno. Incluso Álvaro Uribe y Ernesto Macías dijeron que la apoyarían, aún por encima de la propuesta de la senadora Valencia. No obstante, contrario a lo que dijo en la campaña presidencial, la reforma que propone Duque no va a buscar la unificación de las altas cortes (como sí figuraba en la propuesta del Centro Democrático), pero desde ya ha generado controversias en especial por cambios que sugiere, por ejemplo, para la acción de tutela.
A continuación le presentamos los cambios principales que tendría nuestro sistema de justicia si la reforma se aprueba:
¿La tutela no sería la misma?
Este es el aparte más polémico de la propuesta del gobierno. Con este cambio habría ciertos “límites” a la acción de tutela, que ahora es considerada como el mecanismo de defensa por excelencia de los ciudadanos (7 millones de tutelas habían llegado a la Corte Constitucional hasta ayer). Se va exigir que quien las presente tenga “legitimidad” —a qué hace referencia este apartado no ha quedado muy claro aún—, y los jueces que las atiendan y respondan tendrán que pertenecer a la jurisdicción exclusiva para estos casos.
Si una tutela se presenta sobre un derecho fundamental que tenga que ver con un caso familiar, por ejemplo, la tendrá que responder un juez de familia.
También la tutela será un mecanismo que solo se podrá usar en caso de que la persona afectada no tenga ningún otro medio judicial para defenserse o para evitar un “perjuicio irremediable”. La razón de estos cambios, según el gobierno, es agilizar el sistema de justicia, que ahora está obligado a contestar las tutelas una por una.
Alfonso Palacios, experto en derecho constitucional, opina que estos cambios, aunque polémicos, no limitarían la acción de tutela. “Todos los jueces seguirían siendo competentes”, explica. “Lo que sí le falta es claridad por ejemplo en qué va a significar estar legitimado para presentarla respecto a lo que ya existe. Hay más dudas sobre lo que puede significar la reforma, o cómo se va a reglamentar, que un riesgo de lo que pueda ser”. Otro tema que falta aclarar es para los municipios donde solo hay un juez y es promiscuo (no tienen especialidad, atienden todos los casos), y es si este tendría competencia para responder cualquier tutela.
Este ha sido el punto que más recelo ha causado en diferentes sectores, por lo que es posible que la reforma se termine presentando sin él.
Fiscal en el mismo periodo que el presidente
El gobierno propone un cambio en el periodo institucional del fiscal general de la nación. Con la reforma, de ahora en adelante este estaría en funciones desde el primero de octubre del primero año de gobierno y terminaría el 30 de septiembre del cuarto año. Esto tiene lógica desde el ‘descuadre’ de dos años que existen entre los dos cargos, por cuenta de la anulación de la elección de Viviane Morales en 2012. Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, será fiscal hasta 2020, a pesar de que Iván Duque estará en la presidencia hasta 2022.
Condena a favores políticos
Como respuesta al reciente escándalo del ‘cartel de la toga’ —el escándalo de corrupción que involucró magistrados de las altas cortes con sobornos e investigados— la reforma a la justicia pretende eliminar cualquier favor de influencia de la Corte Constitucional, Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia a favor de personas que cualquier organismo del gobierno vaya a nombrar o contratar. Si esto se viola, el infractor será removido de su cargo.
Las cortes dejarán de elegir
Con la reforma, los cargos de Auditor, Registrador y Procurador general de la nación no serán elegidos por las altas cortes, sino que el Congreso hará una convocatoria pública para escogerlos. La única elección de cargo que estará a nombre de la Corte Suprema será la del Fiscal General, por pertenecer a la rama judicial. Las elecciones también vendrían acompañadas por una audiencia pública para ratificarlas.
Esto, sin embargo, llegaría con una condición: que el presidente recién posesionado envíe una terna posible para que la Corte Suprema escoja al Fiscal, pero si esta no lo hace al cabo de un mes, la elección pasa a manos del Presidente. Sobre esto, Alfonso Palacios opina que habría un desequilibrio de poderes con esta propuesta. A diferencia de otros sistemas de justicia como el de Estados Unidos, en el que el attorney general (fiscal) tiene competencias ejecutivas, en el colombiano el fiscal hace parte de la rama judicial, y de allí se desprenden sus funciones y su competencia.
“Me parece totalmente inconveniente”, dice el abogado, “porque si lo elige el presidente se genera un equilibrio totalmente distinto respecto de quién ejerce la máxima autoridad del órgano acusador. Aquí el fiscal es de la rama judicial, sus funciones no van tanto con la política criminal como en Estados Unidos, sino que son de carácter judicial. Es como decir ‘si el pueblo no vota lo suficiente por el presidente, lo elige el Congreso’. Este punto generaría un desbarajuste”.
Nuevas condiciones para ser magistrado
Otra propuesta que hace el gobierno es que para ser magistrado de una de las tres altas cortes exista el requisito de que los candidatos para estos cargos tienen que haber ejercido como jueces o magistrado por mínimo cinco años. Esto dejaría por fuera, por ejemplo, a profesores o personas del mundo académico, y a abogados litigantes.
“Esto es un problema sobre todo para la Corte Constitucional”, explica Alfonso Palacios. “Allí es donde más se hace una interpretación que requiere diferentes perspectivas y con esta reforma se cerraría el camino a personas que no pertenecen a la rama judicial. Quedarían por fuera personas que tienen una visión no judicial de la Constitución, que pueden estar perfectamente calificados para ejercer la magistratura. Aquí se necesita un entendimiento del país y de la sociedad no solo desde lo judicial”.
Hasta ahora la propuesta a la reforma a la justicia ha encontrado oposición en la opinión pública e incluso en algunos magistrados de las altas cortes y en sectores políticos como el Partido Liberal y la lista de Decentes. Para Palacios, la viabilidad de esta reforma dependerá de la habilidad del gobierno para negociar y dialogarla con el Congreso, y para escoger “las batallas que quiera pelear, y reconocer los puntos que tiene que dejar ir para darle viabilidad política a los otros”. Si esto no sucede, dice el experto, este proyecto podría seguir engordando la lista de intentos de reforma que han fracasado en los últimos años.
