Una cooperativa de 53 campesinos quiere obtener la primera licencia de pequeños productores de cannabis con fines terapéuticos en una zona de guerra.
- La mitad de la marihuana que se cultiva en Colombia viene del Cauca. Fotos: Santiago Mesa.
Por Sara Kapkin
En Corinto, Toribio, Miranda, Caloto y Jambaló, en el Cauca, se siembra cerca del 50% de la marihuana que se produce en Colombia. Allí, los cultivos de cannabis han sido el sustento de miles de campesinos e indígenas y, al tiempo, una de las tantas rentas ilegales que sirven de combustible para el desarrollo de la guerra. Ahora, desde esos mismos territorios, surge una alternativa para torcerle el cuello a la ilegalidad de sus cultivos y, de paso, dar los primeros pasos hacia el “posconflicto”: que el Gobierno les adjudique a los campesinos de la zona la primera licencia como pequeños cultivadores de marihuana medicinal.
Este miércoles, en el restaurante escolar de Corinto, los alcaldes de esos cinco municipios presentarán ante los ministros de Salud y de Justicia, Alejandro Gaviria y Jorge Londoño, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, la Cooperativa Caucannabis – Constructores de Paz; una asociación de 53 campesinos que quiere legalizar los cultivos que ya existen en la región y, con apoyo de la Universidad Nacional, investigar y desarrollar una industria que les permita producir, transformar y comercializar productos medicinales a base de marihuana.
La cooperativa no solo quiere crear un modelo de negocio sostenible, sino sumarse a las medidas que ya tomaron el Gobierno y las Farc en las conversaciones de La Habana con relación a la sustitución de cultivos ilícitos. “Con la implementación de los acuerdos de paz, el compromiso de la guerrilla es trabajar con las comunidades para acabar los cultivos ilícitos en las zonas donde ellos han tenido influencia. Es decir que ya la gente acá no va a poder seguir sembrando y eso va a resultar en bastantes problemas porque el municipio de Corinto, por ejemplo, depende en un 60 – 70 % de esos cultivos ilícitos. Hay que decirlo: nuestra economía depende de eso”, afirma Edward García, alcalde de Corinto.
“Nosotros aquí no tenemos empresas, la gente no tiene trabajo. La mejor alternativa es que las primeras licencias de cultivo sean para la misma la gente de la región”, dice García, quien además afirma que para dar vida a la iniciativa se necesitarían transferir recursos de ciencia y tecnología del Sistema General de Regalías que ya están en manos del departamento. Según el alcalde, el proyecto tiene un costo estimado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.
El Ministerio de Salud entregó recientemente la primera licencia para la producción de cannabis medicinal a la empresa colombo-canadiense Pharma Cielo, que operará en el departamento de Antioquia. Pero esa primera licencia dejó un sabor agridulce en las comunidades cultivadoras pues la beneficiaria es una empresa multinacional y reclaman mejores condiciones para fortalecer una industria nacional que nace pequeña y con pocos recursos.
Jorge Iván Ospina, senador de la Alianza Verde, tomó recientemente las banderas de los campesinos. “La legalización del cannabis medicinal no puede ser solamente un beneficio de las farmacéuticas sino que debe ser la puerta de entrada para la legalización de cultivos pequeños”, dice. Para él, regiones como el norte del Cauca, donde confluyen comunidades campesinas e indígenas, podrían ser enclaves “de la industria farmacéutica nacional o internacional, tener su propios laboratorios de fabricación de medicamentos y ser complementarias a cadenas de producción en otras partes del país”.
Por su parte, el ministro de Salud Alejandro Gaviria ha dicho que los pequeños productores no se van a quedar por fuera del negocio. Incluso, en la rueda de prensa donde explicó los pormenores de la primera licencia, aclaró que desde mayo se han recibido siete solicitudes para la producción de cannabis y que, entre ellas, hay dos de pequeños productores, que siguen en estudio.
Aunque fueron invitados a participar en Caucannabis, los indígenas del Cauca no ven en la marihuana medicinal una prioridad. José Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, dice que para ellos lo primero, antes que insertarse en una posible aventura industrial, es la restitución y el reconocimiento de los derechos sobre sus tierras. “Ahora está el boom de la marihuana, y pues, lógico, el indígena también la va a sembrar. No lo va hacer porque sea algo primario de nuestros pueblos. Es por necesidad. Para nosotros lo primero es sustituir la marihuana con proyectos productivos rentables, que sean de la comunidad. Pero, si no hay tierra, ¿dónde vamos a sembrar?”.
En el Cauca, según Verdad Abierta, solo entre 1990 y 2013 se cometieron 12.356 homicidios, 60 masacres, 203.597 personas fueron desplazadas y otras 848 secuestradas. Para desterrar a la violencia habrá que hacer mucho más que fomentar una nueva industria. Sin embargo, la legalización de la marihuana con fines medicinales, dicen los creadores de la cooperativa, puede convertirse en un respaldo para el posconflicto en la sustitución de cultivos y la implementación de los acuerdos sobre el agro.
