Bogotá: el infierno invisible de los líderes sociales

Este reportaje tiene una versión en audio. Escúchela acá:

Por: Tomás Mantilla 

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, una ola de violencia viene asesinando sin tregua a cientos de líderes sociales en Colombia. Ellos, además de construir tejidos sociales y luchar por mejores condiciones de vida, son claves para la implementación de los puntos que se acordaron con las Farc después de cuatro años de negociaciones

En el que se supone sería un momento histórico para abrirle espacio a la diferencia política en el país, más de 170 líderes sociales han sido asesinados, según nuestro registro, que comenzó desde el primero de diciembre de 2016. ¿Quiénes son los presuntos victimarios? En orden de número de homicidios, según el estudio  ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo: grupos paramilitares, disidencias de las Farc, el Ejército Nacional y el ELN, dejando a un lado aquellos casos en que es posible establecer el autor del crimen.

Las cifras de violencia y asesinatos contra líderes sociales son tan abrumadoras, que rara vez nos detenemos a oír a los que están vivos. Por eso Bogotá ha sido un actor de reparto en este tema: con cuatro líderes asesinados desde 2016 –según cifras de la Defensoría del Pueblo–, la capital del país pareciera estar parcialmente aislada de este tipo de violencia.

En el trabajo periodístico que hemos realizado por meses, encontramos que en Bogotá está presente el flagelo de los líderes sociales aunque no a fuerza de muertes. La capital se ha convertido en una suerte de refugio para quienes se ven obligados a huir de sus regiones. La ciudad se hace visible en este problema que aqueja a Colombia por ser el principal destino para los líderes amenazados.

Según documentos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad responsable del amparo de los líderes sociales, de todas las solicitudes de medidas de protección radicadas por ellos en 2018, casi un tercio fueron hechas en Bogotá, para un total de 1.189 –entre 4.811–. Mientras tanto, en los dos departamentos donde han sido asesinados la mayoría de líderes, Cauca y Antioquia, con 35 y 24 líderes asesinados el año pasado (según la Defensoría del Pueblo), el número de solicitudes de protección fue significativamente menor, 240 y 307. Este dato podría sugerir que los líderes no solicitan protección en los lugares donde la violencia los asedia con más fuerza.

Al contrario, los datos sugieren que un gran número de líderes sociales opta por marcharse a Bogotá. Sin embargo, en Colombia no existe una  institución que lleve un conteo sobre los líderes que se desplazan por motivos de seguridad de sus regiones.

Según testimonios de varios líderes desplazados –recogidos a lo largo de esta investigación– la capital es el destino ideal porque pueden escapar de la violencia, denunciar hechos frente a la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo y establecer contacto con la UNP. En las regiones, todas estas instituciones o bien no tienen presencia directa en los territorios; o están, pero los líderes no confían en ellas, pues asumen que, en buen número de los casos, se encuentran corrompidas a nivel local.

Huir de la tierra de nadie

“¿Que por qué me vine a Bogotá?” repitió en voz alta mi pregunta Álvaro*, líder promotor de proyectos agrícolas y medioambientales, minutos después de llegar desplazado a la terminal de transportes de Bogotá. “Porque acá sí se puede denunciar, allá en mi pueblo la Fiscalía está podrida, no hay Defensoría ni Personería. En el Valle no le prestan atención a uno, menos cuando uno dice que es víctima”.

Álvaro dejó su casa y a su familia la madrugada anterior luego de que presuntas disidencias de las Farc lo convirtieran en objetivo militar y le dieran 72 horas para irse de la región. Sin mucho dinero, un morral y una pequeña maleta de rodachinas, logró que el conductor de un carrotanque que transportaba leche lo llevara hasta el Tolima. Entonces tomó un bus hasta la capital.

Lo primero que hizo al llegar a la terminal fue preguntarle a un guardia dónde podía poner un denuncio. “Al fondo a la derecha”, le respondió. Pasó por las tiendas de galguerías y por la plataforma donde llegan los buses. Más adelante se encontró con un agente de la Policía, a quien le contó que acaba de llegar desplazado por amenazas de muerte recibidas.

Le tomaron su declaración, agarró su maleta y caminó a dos locales de distancia, al Centro Local de Atención a Víctimas (CLAV), en donde le mostró a varios funcionarios una carpeta llena de documentos que daban fe de su liderazgo. Se tomó un tiempo pero al final le asignaron un cupo en uno de los dos albergues de paso en los que, en convenio con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Cruz Roja ofrece alojamiento humanitario a líderes sociales y otros en situaciones de vulnerabilidad.

Han pasado cinco meses desde ese día en que Álvaro llegó a Bogotá y a pesar de no hacer más que buscar trabajo, sigue desempleado. Durante dos de esos meses vivió y pagó arriendo con poco más de $400.000 a los que pudo acceder gracias a la ayuda humanitaria que le otorgó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Hoy Álvaro está a la expectativa de conseguir un empleo como guardia de seguridad de alguna empresa y darle a sus empleadores la protección que él no pudo tener en su región.

Cada vez hay más líderes desplazados

Un memorando interno de la UNP del primer semestre de 2018 constata que la situación de Álvaro no es excepcional. El documento afirma que “a Bogotá arriban personas desplazadas, reclamantes de tierras, líderes étnicos y denunciantes de hechos de corrupción y violencia de todas las regiones del país, quienes realizan su denuncia en la capital y a su vez, intentan permanecer en ella como un mecanismo de autoprotección”. Un mecanismo que estaría siendo utilizado cada vez más por los líderes.

Las cifras de las solicitudes de protección radicadas ante la UNP por líderes sociales en Bogotá muestran que estas se han triplicado en los últimos tres años. En 2016 se radicaron 334; en 2017, 524; y durante 2018 fueron radicadas, como ya vimos, 1.189 solicitudes.

En total, desde 2016 hasta octubre de 2018, la entidad ha atendido 2.248 solicitudes de protección radicadas en Bogotá, lo que da cuenta de las solicitudes tramitadas por líderes desplazados pero también de las presentadas por aquellos que viven en la capital. Al analizar el dato a la luz de los 1.055 casos que se presentaron entre enero y octubre del año pasado, es evidente que las solicitudes de protección en la ciudad se están configurando como un fenómeno en franco ascenso.

No obstante, no es posible determinar cuántas solicitudes corresponden a los líderes que llegan desplazados a Bogotá y cuentas corresponden a quienes ejercen su liderazgo en la ciudad. En contacto con ¡Pacifista!, la UNP aseguró que no puede filtrar sus registros según la proveniencia departamental de los líderes que han hecho solicitudes de protección. Ese pronunciamiento resulta extraño, pues los solicitantes deben detallar su departamento de nacimiento y domicilio cuando piden protección.

Según la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP, “la información solicitada (la proveniencia departamental de los líderes que radicaron solicitudes de protección en Bogotá) no es posible brindarla teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas no cuentan con las variables que permitan discriminar dicha información”.

Es decir, la UNP, la entidad a la que le compete única y exclusivamente la protección de líderes sociales, y en particular la dependencia que se encarga de entender los factores de riesgo a los que estos están expuestos, no sabe la procedencia de las más de 2.248 solicitudes de protección radicadas desde 2016.

Según el mismo memorando, la UNP considera que gran número de las solicitudes presentadas por líderes en Bogotá son producto de denuncias y acciones que los líderes toman “en contra del microtráfico, la venta al menudeo de estupefacientes y la inseguridad ciudadana”, trazando así factores de inseguridad sin un causante en particular. Mientras tanto, para la Defensoría del Pueblo estas actividades, en el caso particular de la ciudad, están relacionadas en ciertas zonas con la influencia de grupos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Además de este grupo armado al margen de la ley, descendiente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se lucra de múltiples economías ilegales y que en los últimos años “ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana”, la Defensoría también ha alertado sobre el riesgo que implica la presencia del ELN y de disidencias de las Farc en la ciudad.

***

“Comprémonos una gaseosa de litro y la compartimos. Y, ¿alguien tiene hambre?”. Unos van por vasos, otros por la gaseosa y platanitos. Son seis líderes sociales desplazados con sus familias sentados alrededor de una mesa alejada de las demás personas en el segundo piso de una panadería del centro de Bogotá. Una de ellas, quien lideraba proyectos de emprendimiento para mujeres cabeza de familia en el Valle del Cauca, fue contactada por ¡Pacifista! para esta nota y decidió invitar a la entrevista a otros líderes que también llegaron a Bogotá buscando protección. Algunos se habían conocido en cursos de Derechos Humanos, otros en los albergues de paso. Desde entonces procuran cuidarse entre sí y ayudar a los otros líderes que llegan a Bogotá.

Los unos escuchan las historias de los otros, se cuentan cómo han estado, en qué proyectos comunitarios participan, cómo han pasado las duras y las maduras. Son de Bolívar, Córdoba, Huila, Santander, Valle del Cauca y Nariño. Todos tienen algo en común: la causa por la que se levantaban a luchar todos los días puso en riesgo su vida.

El hijo pequeño de uno de ellos forcejea con su madre para que lo deje irse a explorar y a jugar en el lugar. Su padre, Iván*, conformó una asociación que asesoraba a reclamantes de tierras y era vocero de una red departamental de víctimas jóvenes. Iván cuenta que llegaron desplazados del Huila hace menos de un mes, luego de que un presunto miembro de la disidencia del Frente 70 de las Farc lo amenazara. Según relata, esto ocurrió después de que Iván le dijera que él y otras víctimas no le iban a pagar vacuna por el cultivo de cannabis para uso medicinal al que le estaban apostando. El presunto disidente le respondió: “Si usted no se rige a la norma de nosotros, usted sabe que le ocurre (…) Entonces, ¿usted quiere pasar a la historia como pasaron los demás?”

Sin pensarlo dos veces y sin conocer a nadie en la capital, Iván y su familia se montaron en un bus con destino a Bogotá.

Todos aseguran estar en las mismas condiciones desde que llegaron: sin conseguir trabajo y sin saber cómo seguir con sus vidas luego de saldar cuentas con la burocracia. A una lideresa que llegó a Bogotá, desplazada con su esposo de Puerto Wilches (Santander), le es imposible ocultar su insatisfacción. A ella la amenazaron por difundir a través de Whatsapp un audio en el que se oponía a la posibilidad de que en su municipio tuviera lugar el que podría ser el primer proyecto de fracking del país. “Esto (estar en Bogotá) se le vuelve a uno un encierro, sin conocer la ciudad, sin conseguir trabajo, uno se queda en el apartamento esperando”.

Del mismo modo que los presentes sentados en la mesa, más de 10 líderes locales y desplazados también consultados para esta historia coinciden en que al margen del conflicto que se vive en sus territorios, gran parte del riesgo al que están expuestos se debe a que la UNP no cumple con su deber, pues aunque las alcaldías, las gobernaciones, la Policía y la Fiscalía también pueden articular acciones para protegerlos, la tarea de tomar acciones para garantizar su seguridad recae en la Unidad. Los líderes desplazados consultados coinciden en algo: si la entidad brindara medidas de protección de manera oportuna es probable que no hubieran tenido que irse de sus territorios.

Los líos de la UNP

Los líderes sociales que llegaron a Bogotá en los últimos meses, consultados por nosotros, aseguran que los tiempos de hasta tres o seis meses que se toma la entidad para dar respuesta a las solicitudes de protección son demasiado largos y que en muchas ocasiones no obtienen respuesta alguna a menos de que presionen insistentemente.

Los problemas de desempeño de la UNP no son nuevos. Desde hace tiempo la entidad está desfinanciada y por lo tanto ha sido incapaz de asumir el alto costo de proteger al creciente número de líderes que solicitan medidas de protección. En septiembre de 2018 le hacían falta 50.000 millones de pesos para siquiera cumplir con sus necesidades operativas hasta fin de año. En julio, Diego Mora, en ese entonces director, afirmó que aunque la institución se encontraba “desbordada” por el alto número de solicitudes de protección de líderes sociales, “a nadie se le ha negado una medida de protección por tema presupuestal”.

Sin embargo, documentos internos de la UNP consultados por ¡Pacifista! ofrecen un panorama claro de la institución y demuestran que  la desfinanciación de la entidad ha hecho que varias áreas sean ineficientes e inoperantes, comprometiendo la entereza y fiabilidad de los procesos de evaluación de riesgo. Esta realidad afecta las posibilidades de que una persona se le asigne un nivel de riesgo que amerite protección.

Según el mapa de riesgo de 2018, elaborado por la subdirección de evaluación de riesgo, la UNP tiene un “presupuesto insuficiente para el funcionamiento misional de la Entidad”, lo que causa que se presente una “insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación del Riesgo”. Esto a su vez afectaría “los derechos fundamentales (vida, integridad, seguridad y libertad) del peticionario de medidas de protección en cualquier etapa de la ruta de Protección”. La misma UNP califica el riesgo de que esto suceda dentro de la institución como de nivel “extremo”.

También se afirma que por falta de presupuesto no se implementan medidas de protección de manera oportuna, y no se cuenta con un “sistema de Información adecuado que integre toda la Ruta de Protección –la totalidad del proceso de protección que asume la institución”. Por esto hay una “pérdida y/o ingreso erróneo de la información en cualquier etapa de las actividades del Proceso Gestión Evaluación del Riesgo“, causando una serie de respuestas no oportunas y la “revictimización” de quienes piden protección.

El problema viene de tiempo atrás. El mapa de riesgo del año anterior identifica los mismos problemas y afirma que a causa de estos no se atienden “oportunamente” las solicitudes. La UNP incluso prevé sanciones en su contra de parte de otros entes estatales como posibles consecuencias: “acciones disciplinarias, fiscales y jurídicas en contra de la entidad”. Sin embargo, hasta el momento la UNP no ha recibido ninguna sanción por este motivo.

La desfinanciación de la entidad no solo ha causado su inoperancia, también ha llevado a que su planta de agentes escoltas sea absolutamente ínfima frente al número de solicitudes de protección. Según su informe de gestión del segundo semestre del 2018, la UNP contaba con 1.130 escoltas, un número menor de los 1.200 que tiene aprobados por el decreto 301 de 2017. Mientras tanto, desde 2015 hasta finales de 2018 las solicitudes de protección suman más de 143.000.

De esos 1.130 agentes solo 888 hacían parte de esquemas de seguridad que protegen no sólo a líderes sociales sino también a políticos, periodistas y personas con situaciones de riesgo elevadas.

En el transcurso de esta investigación también resultó inquietante que con un lapso de cinco meses la UNP facilitó a ¡Pacifista! cifras diferentes y discordantes sobre el número de evaluaciones de riesgo realizadas por la entidad en los últimos dos años. El tema particular eran las solicitudes de protección radicadas por líderes sociales en Bogotá.

En respuesta a una solicitud de información realizada en el mes de septiembre de 2018 este medio obtuvo cifras que mostraban una falta de efectividad de la UNP a la hora de evaluar el riesgo de los líderes en Bogotá. No obstante, cifras obtenidas en marzo de 2019 muestran que la Unidad habría llevado a cabo evaluaciones de riesgo para la mayoría de las solicitudes de protección en cuestión e inclusive habría hecho un número mayor de evaluaciones de este tipo respecto al número de solicitudes radicadas. Veamos:

Según el primer paquete de información solicitada, en 2017 no se hicieron ni la mitad de evaluaciones de riesgo de las solicitudes de protección radicadas por líderes sociales en Bogotá, se hicieron 151 evaluaciones de las 524 solicitudes de ese año. En 2018, la proporción de evaluaciones de riesgo habría sido aún más limitada. Al 21 de agosto se habían hecho 112 evaluaciones de riesgo frente a 933 solicitudes de protección atendidas. Pero según información del segundo paquete de datos, proporcionado en 2019, durante 2017 no se habrían realizado 151 evaluaciones de riesgo, sino 803, y a lo largo de 2018 se habrían llevado a cabo 1.249 evaluaciones de riesgo, es decir más evaluaciones que solicitudes radicadas (1.189).

Según el segundo conjunto de información, 968 de estas evaluaciones habrían sido calificadas como de riesgo extraordinario, lo que reconocería que un gran número de líderes sí se encuentra bajo riesgo en Bogotá.

Junto con esto los documentos internos de la UNP mencionan que las evaluaciones de riesgo no estarían siendo aplicadas “de acuerdo a la situación de riesgo, amenaza y/o vulnerabilidad del evaluado”, pues además de que no hay presupuesto para que se verifiquen en terreno las condiciones de riesgo de cada caso, los funcionarios estarían plasmando información errónea a cambio de “soborno, dádivas o estímulos económicos (…) buscando beneficiar al evaluado, a terceros y/o beneficios propios”, según dice el mapa de riesgo de la Gestión de Evaluación del Riesgo de 2017.

Además, se advierte que algunos funcionarios encargados de evaluar el riesgo de los solicitantes se dejan llevar por “estereotipos o prejuicios”, restándoles aún más rigor. Hay que decir que ha habido casos en los que los prejuicios han sido fomentados por el propio gobierno nacional, como sucedió con el ministro de Defensa de la pasada administración, Luis Carlos Villegas. Villegas llegó a asegurar que la violencia contra los líderes sociales en el país se derivaba de “líos de faldas”.

El desplazamiento también es interurbano

Frente a la compleja situación de los líderes sociales en Bogotá, la Alcaldía de Enrique Peñalosa ha venido adelantando acciones para proteger a los líderes sociales en la capital. En 2017 implementó la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el cual brinda medidas de seguridad preventivas a líderes sociales mientras se encuentran a la espera de que la UNP de respuesta a sus solicitudes de protección.

Entre 2018 y el 23 de enero de 2019 la Ruta había beneficiado a 315 líderes con medidas transitorias como un apoyo de arrendamiento que permite a los líderes reubicarse dentro de la ciudad para mitigar su situación de riesgo: apoyo para alimentación, atención psicosocíal, solicitud de medidas a otras entidades (incluidas de tipo policivo) y remisiones de casos a la Fiscalía y a la misma la Unidad Nacional de Protección.

Sin embargo, el director de Derechos Humanos de la alcaldía Peñalosa y director de la Ruta, Francisco Acuña, reconoce que las medidas de la ruta son solo temporales y su duración, establecida de acuerdo al análisis de cada caso, puede ser de hasta máximo de tres meses, un tiempo menor a los hasta ocho meses que el mismo Acuña reconoce que puede tomar la UNP para llevar a cabo una evaluación de riesgo.

Anteriormente Acuña fue Coordinador del Grupo de la Secretaría Técnica del Cerrem (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas) de la UNP, el mismo comité que suele tomar más de tres meses para evaluar la situación de riesgo de los líderes y que tiene como tarea recomendar al director de la entidad a quienes se le deben brindar medidas de protección.

“La gente de afuera piensa que en Bogotá no amenazan líderes, que no matan o no torturan gente, pero uno llega y se da cuenta de que sí pasa”, dice una de las lideresas que llegó desplazada a Bogotá y depende de un subsidio de emergencia que le da la Alta Consejería para el Postconflicto (rebautizada por este gobierno como Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación). Al igual que en el resto del país, en Bogotá los líderes también están expuestos a amenazas y atentados.

En un caso reciente, el jueves 6 de diciembre del 2018, el líder social Edgar Juanías recibió un panfleto que lo declaraba objetivo militar. La amenaza, firmada por las ‘Aguilas Negras’, terminaba con la oración: “Mate a un líder social y reclámenos un premio”. Según el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado este grupo no es más que una marca delincuencial que no corresponde a ningún grupo armado organizado.

En el documento también se amenaza de muerte a una lideresa integrante del comité local de derechos humanos de Usme; a un exedil de la misma localidad y miembro del observatorio local de derechos humanos; a la presidenta de una asociación que vela por los derechos de las personas que viven en la invasión de ‘Tocaimita’, también en Usme; y al presidente de la mesa territorial del barrio Bolonia, donde, se ha reportado, que operan grupos armados ilegales, descendientes del paramilitarismo.

Juanías es defensor de Derechos Humanos y promueve proyectos de desarrollo para distintas comunidades de la localidad de Usme y sus jóvenes. Este trabajo, afirma, le ha causado enemistad con bandas criminales que tendrían nexos con estructuras paramilitares y que ven en su labor un obstáculo para el microtráfico y el reclutamiento de menores. Sobre el elevado riesgo que corren líderes como Juanías, que actúan para “prevenir la vinculación de menores de edad a las acciones delictivas de las organizaciones ilegales”, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta a finales de 2018 –la alerta temprana 086-18. En ella se lee que en Bogotá los mayores indicadores de riesgo se concentran en tres localidades, entre ellas Usme (además de Rafael Uribe Uribe y San Cristobal), y puntualmente en los barrios en los que trabaja Juanías.

Además, Juanías tiene a cuestas un largo historial de amenazas y también un atentado del que salió ileso, cuando abrieron fuego contra su casa y algunas balas alcanzaron a atravesar la fachada. También le dejaron un panfleto amenazante en el que le decía que matarían a toda su familia y que debía dejar la localidad. Su padre, quien también era líder social, fue asesinado en 2015 en Bogotá.

Luego del atentado, Juanías tuvo que desplazarse interurbanamente con su familia, abandonar el barrio El Virrey en la localidad de Usme y buscar un bajo perfil en otra parte de la ciudad. Regresó cuando la UNP le asignó medidas de protección y un guardaespaldas, sin embargo, luego de un tiempo se lo retiró porque su riesgo fue reevaluado. En respuesta, Juanías decidió desplazarse nuevamente dentro de la capital.

“A menos de que el gobierno de verdad le dé importancia a que estén matando a los líderes sociales que buscamos el bien de nuestras comunidades a nosotros no nos van a dejar de matar” dice.

Hoy, como cientos de líderes más en Colombia , Edgar se pregunta si será hora de abandonar las causas que lo han motivado a luchar todos estos años.

*Nombres cambiados para proteger a las fuentes.