Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que entre 1958 y 2002 murieron, en promedio, 11 personas al día por el conflicto armado.
Cálculos sobre las ganancias de terminar la guerra hay muchos. Que se duplicaría el Producto Interno Bruto, que nuestra enorme inversión en defensa y seguridad podría dirigirse a programas sociales, que Colombia sería un destino mucho más atractivo para el turismo y la inversión.
Pero tal vez, el más importante, por lo menos para quienes han padecido de cerca el rigor del conflicto armado, sea la cantidad de vidas que dejarían de perderse por cuenta de la confrontación bélica que padecemos hace ya casi 60 años.
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2012 murieron 220.000 mil personas como consecuencia directa del conflicto armado. Eso significa que, durante ese periodo, una de cada tres muertes violentas ocurridas en Colombia es resultado de la guerra.
Si se tiene en cuenta que la erupción del Volcán Nevado del Ruiz en 1985 dejó 23 mil muertos en Armero y otros municipios cercanos, puede decirse que la tragedia de nuestro conflicto es casi 10 veces mayor. Hoy, esas 220 mil víctimas son el equivalente a la población de una ciudad como Sincelejo.
El informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del cual se desprende la cifra, indica que, en el periodo analizado, en promedio murieron 11 personas cada día como consecuencia de la guerra.
Del total de las víctimas, cerca del 81% han sido civiles, lo que significa, dice el informe del CNMH, que “la guerra colombiana no ha sido una guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están desarmados. A veces de manera colectiva, con masacres, pero la mayor parte del tiempo de manera selectiva a través de sicarios o comandos que actúan rápido y casi siempre sin dejar huella”.
El ¡Basta Ya! también se refiere a las responsabilidades diferenciadas y aclara que cada actor, de acuerdo con los intereses que persigue, ha tenido un mayor o un menor impacto sobre la vida de las personas: “La violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes caracteriza el accionar de las guerrillas. En otras palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares”.
Sin embargo, al considerar en concreto los dividendos de negociar la terminación del conflicto con las Farc, vale la pena tener en cuenta que esa guerrilla es hoy el actor armado con mayor incidencia en el territorio nacional. De acuerdo con datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), entre 1965 y 2014, las acciones unilaterales de esa guerrilla han dejado víctimas en 465 de los 1.122 municipios de Colombia.
En ese mismo sentido, los resultados del más reciente cese unilateral por parte de las Farc, y de las acciones de desescalamiento del conflicto pactadas con el Gobierno, son un buen ejemplo de cómo sería el escenario de la guerra en Colombia si esa dejara de ser una condición excepcional. Es decir, si el cese al fuego no siguiera contándose en meses sino que fuera definitivo.
Por solo citar un ejemplo de los datos recogidos por el Cerac, entre el 20 de julio y el 12 de noviembre el número de muertos en servicio de las Fuerzas Militares se redujo en un 95% en comparación con periodos sin ceses al fuego por parte de esa guerrilla.
Así las cosas, y retomando el promedio de 11 muertos diarios como consecuencia del conflicto hasta 2012, un cálculo simple podría indicar que serían cerca de 4 mil las vidas que Colombia se ahorraría al año si la guerra se detuviera. Sin embargo, gestionar el posconflicto no es tan sencillo como hacer una multiplicación.
Entonces se debe considerar la capacidad de “arrastre” de la negociación con las Farc en relación con la posibilidad de que la violencia homicida de otros actores armados aumente o disminuya. Las experiencias de procesos de paz en otros lugares del mundo, e incluso la propia (el caso de la desmovilización paramilitar es una de ellas), han dejado resultados dispares que pueden ser un buen insumo para el análisis.
Casos cercanos como los de Guatemala y El Salvador muestran, en contra de lo que podría suponerse, un aumento en sus índices de homicidios luego de finalizados sus conflictos armados. En ambos casos el fenómeno ha sido atribuido a la incorporación de excombatientes a grupos de crimen organizado. Eso les ha permitido a organismos como la Cepal afirmar que “el posconflicto no significa necesariamente posviolencia”. Por lo tanto, el reto de la negociación está en evitar la “continuidad de las causas; o sea, las condiciones sociales, que suscitaron los conflictos”.
El caso de la desmovilización paramilitar en Colombia también puede arrojar lecciones pues, si bien no puede atribuirse de forma directa a un solo factor, datos recogidos por La Dijin de la Policía indican que en el periodo 2002-2006 (que coincide con el primer cese al fuego paramilitar y el inicio de las desmovilizaciones) la reducción de homicidios fue cercana al 40%.
Quedarse solo con esa cifra desconocería la mutación del fenómeno paramilitar y la conformación, a partir de ese proceso, de nuevas organizaciones armadas que, si bien no tienen un impacto tan marcado en términos de vidas humanas, sí han representado la continuidad e incluso el aumento de otras manifestaciones violentas como la extorsión y la restricción a la libertad de muchas comunidades.
En todo caso, es claro que para conseguir los resultados que el país espera en términos de ahorro de vidas humanas, el proceso para la terminación del conflicto no finaliza solo con la firma de un acuerdo. En el papel, pueden ser muchas las ganancias. Pero las experiencias internacionales enseñan que es mucho el camino que se debe recorrer para que se hagan efectivas y no se queden solo en la calculadora.
