La Unidad comenzará a operar en esta zona con un equipo de cuatro personas por la reducción de presupuesto que hizo el gobierno de Iván Duque.
Era una deuda pendiente y un compromiso establecido en el Acuerdo de Paz: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad encargada de localizar a las víctimas de desaparición forzada y darles certezas a sus familias,comenzó un trabajo arduo en el suroccidente del país. El pasado 5 julio inauguró su sede en Cali, la cual comparte con Pastoral Social.
Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto y del Centro de Memoria Histórica, los tres departamentos que están en el suroccidente del país —Nariño, Cauca y Valle del Cauca— registran 7.828 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, entre 1958 y 2016.
De acuerdo con la Unidad, durante el conflicto armado se documentaron, en Valle del Cauca, 3.977 casos de desaparición, mientras que en Cauca fueron 1.522 y en Nariño 2.329.
Si nos referimos a ciudades, Cali presenta 820 casos; Buenaventura 779; Tuluá 329; Trujillo 175 y Buga 166. Estos municipios concentran el 57 % del total de desaparecidos en el departamento.
En Cauca, seis municipios registran el 47 % de las desapariciones reportadas en ese departamento: Popayán, 194 ; Santander de Quilichao, 137; Buenos Aires, 108; El Tambo, 106; Patía, 99 y Corinto, 91.
Y en Nariño, seis municipios concentran el 72% de los casos de desaparición. Tumaco presenta 587, Pasto 316, Barbacoas 247, Policarpa 174, El Charco 163 y Samaniego 131.
La Directora de la Unidad, Luz Marina Monzón, señala que “dentro de estas cifras hay personas que fueron secuestradas o reclutadas y las familia no saben dónde están. También existen combatientes que perdieron contacto con sus familias, pueden ser miembros de la Fuerza Pública o parte de grupos armados ilegales”.
¿Por qué es tan importante el foco en el Pacífico?
Para Danelly Estupiñan activista de las comunidades negras en Buenaventura y testigo de la búsqueda de miles de familias en esta región, la inauguración de esta sede en Cali es una iniciativa importante, pero ha sido tardía: “Es tardío porque este es un fenómeno que ha estado presente en todas las etapas de la guerra, se ha utilizado como una estrategia de diferentes actores armados y ha dejado un impacto más grande para las víctimas, pues obliga a las familias a prolongar su duelo”.
La líder considera, por otro lado, que la Unidad debe tener en cuenta que el conflicto se mantiene vigente. “El conflicto no ha desaparecido y la desaparición la siguen utilizando como estrategia de guerra. Es un fenómeno que puede aumentar y es complicado, pues cuando se buscan a las personas desaparecidas los familiares pueden quedar en riesgo, recibir represalias. Por eso es que también muchas familias temen reportar a sus familiares desaparecidos. El subregistro es muy alto”.
En estos tres departamentos la seguridad es preocupante. En el transcurso de 2018 , Valle del Cauca presentó la segunda cifra más alta de homicidios en el país, con 1.736 casos. Y Cauca y Nariño son dos de los departamentos que más afectaciones han sufrido después de la firma del Acuerdo de Paz, pues ambos han presentado altos índices de homicidio, desplazamiento forzado, desapariciones y reclutamiento de jóvenes y menores.
Algunas de las cifras aparecen en un informe reciente presentado por Indepaz, el cual señala que Nariño y Cauca son los departamentos que han presentado las cifras más altas de asesinatos a líderes sociales. Cauca con 119 homicidios y Nariño con 49 casos, desde enero de 2016 a diciembre de 2018.
Valle del Cauca, Nariño y Cauca representan el 9,4 % de una cifra aproximada de registros que tiene la Unidad sobre 120.000 personas desaparecidas forzosamente, secuestradas o reclutadas entre 1958 y 2016. Según Luz Marina Monzón, directora de la Unidad uno de los retos que tiene la entidad es ahondar en el número de personas dadas por desaparecidas en el conflicto, pues, dice, “no existen cifras cerradas sobre desaparecidos”. Por esta razón están buscando fortalecer relaciones relación con las instituciones y organizaciones que hayan trabajado en estos territorios y también con las víctimas que estén buscando a sus familiares. “Muchas víctimas han estado durante años trabajando y documentando casos, incluso han elaborado un contexto de la desaparición (…) La búsqueda de desaparecidos es la unión de actores que puedan ayudar a construir hipótesis sobre quiénes son los desaparecidos y donde están”.
Marlen García es una de las madres que ha sufrido este flagelo. Desde 1991 está en la búsqueda de su hijo, Jairo Hurtado, en Cali, quien desapareció en 1991. Jairo, en ese entonces, trabajaba en la Fiscalía como investigador y jefe de operaciones de orden público.
Ella a lo largo ha recolectado información, ha trabajado con diferentes organizaciones, como MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado). Para ella, la nueva sede representa esperanza: “Es algo que me pone muy feliz. Nosotros desde hace mucho habíamos pedido esta sede. Ha sido difícil encontrar a mi hijo, pero me alegra que mucha gente, con la Unidad, puede tener esperanza para encontrar a sus seres queridos(…) Eso sí, va a ser una tarea difícil para la Unidad porque es complicado buscar la paz en un país en donde muchos no la quieren”.
El equipo encargado de la búsqueda en estos tres departamentos está integrado por tres mujeres y un hombre, profesionales en economía, ciencias políticas, trabajo social y derecho. La labor del equipo estará enfocada en el relacionamiento con las víctimas, organizaciones sociales, instituciones y actores sociales para lograr con el desarrollo de actividades de recolección de información sobre las personas desaparecidas y los lugares en donde se encuentren. De igual forma, se encargarán de otorgar asesoramiento para la participación de las víctimas en cada una de las etapas del proceso de búsqueda, así como el desarrollo de pedagogía para el acceso al mecanismo.
Vale la pena señalar que el equipo es pequeño por una razón: el gobierno de Iván Duque el presupuesto para la unidad; quedó fijado en 33 mil millones de pesos, contrario al que la Unidad había solicitado para 2019: un total de 74 mil millones de pesos.
Según explicó la directora Luz Marina Monzón, a finales de junio en entrevista a RCN radio, “el gobierno aprobó una planta de 522 personas para la Unidad, sin embargo, condicionó la implementación de manera gradual, 30% en el 2018, es decir 156 personas, 251 personas que corresponden al 50% adicional para el 2019 y 115 para el 2020”
El presupuesto para el 2018 fue entregado en septiembre, pero el del 2019 fue mucho menor al que la Unidad pidió. Según su Directora, ese presupuesto sólo alcanza para 58 cargos.
La Unidad de Búsqueda para Personas dadas como Desaparecidas ya inauguró 10 sedes a lo largo del país ubicadas en:
- San José del Guaviare: Cra. 23 # 10 – 104
- Cúcuta: Cll. 13a # 1E – 49 Barrio Caobos
- Apartadó: Cll. 100F # 111 – 74 Barrio Los Pinos frente a la Clínica de Urabá
- Cali: Av. 4N norte # 8 – 15 Centenario
- Villavicencio: Cra. 40 # 35 – 22 Barzal Alto
- Barrancabermeja: Cll. 56 # 21 – 93 Barrio Galán
- Sincelejo: Cll. 27 # 11 – 59 Barrio Rita Arrázola
- Puerto asís: Cra. 25 # 14 – 30 Barrio el Recreo
- Rionegro: Cll. 51 # 47 – 11
- Barranquilla: Cra. 44 # 53 – 87 Barrio Boston
- Sede principal: Bogotá Av. Calle 40a # 13 – 09
En septiembre, la Unidad espera aumentar la presencia en más territorios, alcanzando 17 sedes.
