En la mayoría de los países de América Latina aumentaron las denuncias por violencia de género (principalmente violencia contra la mujer) durante el aislamiento obligatorio por la emergencia del Covid-19.
Por: Nicole Martin y Carlos Mayorga*
Hemos acordado, en su mayoría, habitar casas. Pequeñas, de dos plantas, con ventanas amplias o de baños viejos. La casa, como diría el filósofo Gastón Bachelard, es un ser privilegiado en su unidad y complejidad. Pero hoy la casa es una fortaleza. Un resguardo contra una amenaza microscópica. Y así, los rincones de la casa se transformaron. Se volvieron un mundo más complejo. Laboral, deportivo y social; pero también donde se manifiestan nuestras únicas relaciones emocionales no virtuales. Y estos modos de habitar con otros pueden llegar a ser difíciles. Violentos. De puertas para dentro la casa puede ser un espacio peligroso para varios, en especial, para varias.
Por supuesto, la violencia contra la mujer por motivos de género es un asunto anterior a la Covid-19, pero las alarmas se encienden cuando la pandemia por la que atraviesa el mundo tiene ocupados a los Estados y sitiadas a las mujeres junto a sus agresores e incluso posibles feminicidas.
La Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes se preguntó —y preocupó— por un posible aumento en los casos de violencia de género desde que en marzo empezó a implementarse el aislamiento social en América Latina a causa de la pandemia.
Este trabajo hecho por 30 periodistas de 19 países ilustra cómo la violencia de género, la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar se presentan en la región y qué soluciones reales y estructurales se están gestando en Latinoamérica.
Así se concibe la violencia de género en la región
‘Violencia de género’ es un término en construcción con diferentes definiciones según la autora que se aborde. La doctora en sociología salvadoreña Laura Aguirre afirma que el concepto refiere a un tipo de violencia específica que se ejerce sobre determinados grupos de personas debido a su identidad de género, todo en el marco de relaciones de poder históricas, las cuales ubican a los hombres en un lugar de superioridad sobre el resto de las identidades.
“La violencia de género no es exclusiva contra las mujeres. La violencia de género contra las mujeres es la que se ejerce por la razón de ser mujer, en términos concretos o en términos simbólicos. También abarca a otras identidades de género. Todas las identidades de género que hay dentro de la comunidad LGBTIQ+ también son sujetas de violencia de género por las razones específicas que puedan tener”, afirma Aguirre.
Al trabajar en esta investigación, el equipo de periodistas de Distintas Latitudes se focalizó en los datos sobre violencia de género en Latinoamérica. Sin embargo, es necesario aclarar que las legislaciones latinoamericanas que trabajamos en este proyecto sintetizan violencia de género en violencia contra la mujer y no incluyen a otras identidades de género, como la población LGTBIQ+. Por lo tanto, muchas de las cifras que rinden son de violencia contra la mujer y de violencia doméstica general en tiempos de COVID-19, sin necesariamente tener en cuenta la identidad de género de la víctima.
No obstante, en el marco del aislamiento social, la Secretaría de la Mujer de Bogotá y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú encontraron que, principalmente, han sido mujeres las que han referenciado hechos de violencia. Mujeres agredidas por hombres (muchos de ellos sus parejas o exparejas); mujeres que dependen económicamente de otras personas; mujeres expulsadas a las calles, solas o con sus hijos e hijas; mujeres a las que sus exparejas amenazan con llevarse a los hijos; mujeres que salen a la calle, algunas con sus hijos e hijas, porque la casa ha dejado de ser un lugar seguro o tal vez porque nunca lo fue. Estas y otras violencias físicas, sexuales, psicológicas y económicas se propagan y se alojan, al igual que el virus, en otras casas de más países en Latinoamérica.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) alertó sobre el esperado aumento en los casos de violencia contra mujeres, niños y niñas. “El aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus victimarios”, se lee en el comunicado emitido en marzo.
En la mayoría de países de América Latina, a excepción de Cuba y Haití, los Estados consideran esta problemática como un eje a combatir. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, solo 13 países latinoamericanos poseen leyes de protección integral frente a la violencia contra las mujeres y 18 países tipifican el feminicidio. En general, las políticas se enfocan en líneas de ayuda y asesoramiento, atención en comisarías y casas de la mujer con perspectiva de género o tipificaciones como ‘femicidio’ y ‘feminicidio’ que ayudan a identificar —y por lo tanto, a hacer notar que existen— los homicidios a mujeres por el hecho de ser mujeres.
Llamadas por violencia: Latinoamérica entre alzas y bajas
A excepción de Nicaragua, donde hasta el 30 de abril el Gobierno aún no ha adoptado ninguna restricción a la movilidad ni medidas de distanciamiento social, todos los países de Latinoamérica abarcados en esta investigación decretaron aislamiento o estrategias para reducir el contacto social como medida preventiva frente a la pandemia. En marzo y abril, casi todos los países han registrado un aumento en las llamadas por violencia en lo que va de la cuarentena decretada por la pandemia.
En Colombia, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, las llamadas a la línea 155 han aumentado un 163 por cierto desde que empezó la cuarentena hasta el 23 de abril. Mientras que en Argentina, aunque en un porcentaje menor, las llamadas a la línea nacional 144 por violencia de género aumentaron un 39 por ciento a partir del aislamiento obligatorio y hasta el final de marzo. En el Caribe, en República Dominicana, en marzo se registró un pico de 916 llamadas a la línea mujer *212, frente a las 343 llamadas de febrero.
En Paraguay, el Ministerio de la Mujer confirmó un aumento del 50 por ciento en las llamadas sobre hechos de violencia de marzo de 2020, en comparación al mismo mes del año anterior. En Bolivia, al llamar al número 800 14 0348, un asesor reconoció un aumento en las llamadas a la línea de atención y, aunque aún no tiene consolidados, aseguró que se registran “unas 30 —llamadas— por día desde marzo”. En Chile, la línea 1455 registró un alza en el número de llamadas de febrero a marzo de 2020 del 67 por ciento, cerrando este último mes con 2.197 llamadas. Por su parte, Brasil experimentó un incremento en las llamadas y denuncias a la línea 180 —la línea de atención a violencia doméstica—, el promedio diario entre los días 1 y 16 de marzo fue de 3.045 llamadas y 829 denuncias, ante 3.303 llamadas y 978 denuncias que se presentaron en la segunda mitad del mes de marzo (del día 17 al 25 del mes); revelando así un incremento del 9 por ciento en las llamadas y del 18 en las denuncias.
Sin embargo, no todos los países cuentan con una línea nacional, lo cual dificulta ilustrar el panorama. México, por ejemplo, el país donde hay más de dos feminicidios por día, tiene números telefónicos y datos regados en cada Estado, sumado a que la línea mujer 075 funciona solo en cinco estados. En este país se registraron 983 feminicidios en 2019, según el conteo gubernamental. Sin embargo, María Salguero, activista feminista, detectó en medios periodísticos un total de 1.774 feminicidios, casi el doble que los registrados por el Estado. A pesar de ello, hasta el momento no hubo una estrategia concreta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a esta situación durante el aislamiento.
Por su parte, al intentar llamar a la línea 126, que recibe denuncias y ofrece atención gratuita a mujeres violentadas en El Salvador, parece desconectada. Situación que dificultó la obtención de datos en ese país centroamericano.
En algunos países, el aislamiento significó una baja de las denuncias. En Argentina, en la primera semana de aislamiento obligatorio (del 20 al 27 de marzo), la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió un total de 26 denuncias, cuando antes de la cuarentena el promedio era de 50 por día. Hasta el 21 de abril, FUNDAMUJER de Venezuela asegura que en el mes de marzo y abril apoyaron respectivamente a 15 y 16 mujeres víctimas de violencia, cifras inferiores al promedio de 32 personas en los meses anteriores. En otros casos, la cantidad de denuncias telefónicas no ha presentado ningún aumento, como ocurre en Costa Rica.
Entre el 9 y el 22 de marzo Uruguay registró 1.557 denuncias por violencia doméstica, un 7 por ciento menos de lo que registró en mismo periodo en 2019. Según los medios de Ecuador, Puerto Rico y Guatemala, el número de denuncias también disminuyó en marzo. La Secretaría de la Mujer del Ministerio Público de Guatemala declaró al medio Prensa Libre que las autoridades tienen claro que el círculo de violencia no ha disminuido, sino que la restricción a la movilidad y el toque de queda dificultan la denuncia. La presidenta de la Red de Albergues para Víctimas de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Vilmarie Rivera Sierra, coincidió en este punto.
Acciones y estrategias de los países
Frente a la alerta propagada por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales que daba cuenta de que la violencia contra la mujer por motivos de género podía e iba a aumentar en aislamiento, las organizaciones Women’s Link Worldwide, Amnistía Internacional y la International Planned Parenthood Federation generaron una guía para que los Estados implementen durante el aislamiento. En esta se promueve garantizar el derecho a vivir sin violencia ni tortura por motivos de género, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia y los derechos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y en riesgo de apátrida.
En cuanto a la mitigación de la violencia de género padecida por la mujer, la guía propone adelantar acciones como prórrogas de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, funcionamiento de casas de acogida para mujeres y sus familias, servicios de consejería, líneas y rutas de atención; que se sigan realizando investigaciones judiciales por violencia de género e intrafamiliar; que las mujeres puedan salir a denunciar sin ser penalizadas por incumplir el aislamiento; y una divulgación constante sobre los mecanismos de denuncia durante la emergencia sanitaria.
Sobre este punto, Nicole Kramm, vocera del 8M en Chile, hace énfasis en que los temas sobre equidad y violencia de género deberían ser obligatorios en las agendas de todos los partidos políticos para trabajar y solucionar la problemática de forma estructural. “Para erradicar la violencia machista se debe buscar el empoderamiento de la mujer a través de la participación y toma de decisiones en todos los espacios”, sostuvo la documentalista y referente feminista, una de las víctimas oculares de la represión del gobierno de Sebastián Piñera a la movilización popular.
Durante los aislamientos, varios estados han adelantado algunas de las recomendaciones. Ecuador, Argentina, Guatemala, Colombia, Uruguay, Puerto Rico y otros países impulsaron campañas en redes sociales para incentivar a las mujeres a denunciar situaciones de violencia de género. En Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró una cartilla informativa para orientar sobre violencia hacia las mujeres y violencia doméstica. En Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lanzaron la campaña #Amor= para “fomentar el amor y la sana convivencia en el hogar”.
Sin embargo, orientar puede no ser suficiente. Según la organización Intersocial Feminista de Uruguay, también son necesarios espacios de alojamiento de emergencia para mujeres, niños y niñas que estén escapando de la violencia, así como servicios de transporte que les trasladen a destino.
Cuba es uno de los países que no considera el concepto de ‘violencia contra la mujer por cuestiones de género’ en su legislación. A raíz de la inexistencia de canales gubernamentales para denunciar, organizaciones de la sociedad civil, previendo el riesgo de las mujeres en la isla durante el aislamiento, han promovido canales independientes en redes sociales y correo electrónico para atender y brindar asesoría psicológica a mujeres víctimas de violencia.
Desde que comenzó la cuarentena hasta el final de marzo, 25 mujeres en Perú, algunas acompañadas de sus hijos, fueron llevadas a refugios temporales. En México aumentaron las solicitudes de mujeres de asilo en la Red Nacional de Refugios, pero no se ha incrementado el presupuesto para dar atención a las víctimas. En Argentina, se brindó asistencia particular a las 3.810 mujeres que se comunicaron con la línea nacional de ayuda. Además, los gobiernos de las provincias, organizados por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad argentino, avanzan lentamente en la formulación del Plan Nacional Contra las Violencias por Razones de Género.
Feminicidios en aislamiento
Aunque el asesoramiento es importante y necesario para las mujeres que están en situación de violencia de género, la justicia es un actor fundamental que puede evitar la peor de las formas de la violencia: el feminicidio. Sin embargo, en algunos países como Uruguay y Argentina, los organismos correspondientes están en pausa judicial. Incluso en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou declaró en conferencia de prensa que “los feminicidios son un efecto colateral” de la cuarentena. Días después, tras la presión social, se decretó la extensión automática de las medidas cautelares judiciales hasta el fin del aislamiento.
En muchos países como México, República Dominicana, Venezuela, Chile y Nicaragua los feminicidios han aumentado en marzo, a menor o mayor grado. En Guatemala y Colombia disminuyeron. En El Salvador las publicaciones en redes sociales del Fiscal de la República afirman una disminución durante el aislamiento, mientras la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) ha recolectado cifras que no retoma la Fiscalía, contabilizando 8 feminicidios hasta el 29 de abril. En Argentina y Honduras las cifras no denotan un aumento, sin embargo, tampoco disminuyeron. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres en Argentina, destacó este factor a la prensa. En el país donde es funcionaria, el Ministerio de Seguridad registró una baja del 90 por ciento en los delitos en marzo. Los ‘femicidios’ -como le dicen en Argentina- se mantuvieron en uno cada 29 horas, según la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALÁ).
Este observatorio identifica a tres niñas asesinadas junto a sus madres en el registro de los femicidios de marzo. Ese es un factor común en estos crímenes. Los hijos se quedan huérfanos o son asesinados junto con la madre. En algunos casos, quedan bajo la tutela del femicida. O incluso son asesinados en venganza a la madre. Según MUMALÁ, 3.295 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre entre 2010 y 2019 producto de 2.749 femicidios en Argentina.
Además de los feminicidios, en América Latina son masivos los ataques a las personas LGBTIQ+. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado su preocupación por los actos de violencia y discriminación hacia la comunidad. Sin embargo, en el territorio que abarca desde el Caribe hasta la Patagonia no hay leyes que consideren el travesticidio o transfemicidio.
En un reporte publicado a principios del 2020, las activistas Alejandra Collette Spinetti (Uruguay), Bruna Benevides (Brasil) y Sayonara Nogueira (Argentina) recogieron datos de todo el mundo y descubrieron que América Latina y el Caribe es una de las regiones con más personas trans víctimas de violación y homicidio. En 2019, hubo 225 transfemicidios, según este estudio, que destacó la importancia de tipificar el delito.
Brasil es el país con más travesticidios de América Latina, con un total de 123 casos. Uruguay y Argentina se muestran como países un poco más avanzados con leyes de identidad de género, pero tampoco mencionan el término “travesticidio” o “transfemicidio” en sus legislaciones. Solo Argentina, en un documento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, define lineamientos para medición de transfemicidios y travesticidios.
Hacia soluciones estructucturales
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, junto a las farmacias del país, están brindando un mecanismo en clave para denunciar violencias contra la mujer y la comunidad LGBTIQ+ al pedir un “barbijo rojo” como código de alerta en las farmacias. En Colombia, desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá se implementó un sistema de denuncias presenciales en establecimientos de cadena; y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, desde el 25 de abril, implementó una nueva medida para denunciar casos de violencia de género en farmacias por medio de la palabra clave “Mascarilla 19”. En muchos otros países se han expandido los canales de comunicación o se han habilitado nuevos.
Sin embargo, Rita Segato, antropóloga argentina, marca la diferencia entre estas respuestas de emergencia y las que podrían ser estructurales. En diálogo con el equipo de Distintas Latitudes diferenció tres niveles: medidas emergenciales, medidas de auxilio permanentes de Estado (legislación y servicios) y medidas estructurales. Aunque las dos primeras formas se incrementen, no plantean una solución estructural porque no transforman las relaciones de género.
“Medidas que aspiren al cambio estructural tienen que basarse en la indagación, conocimiento y comprensión de la variedad de situaciones que resultan en la violencia de género: regiones del país, localidades, instituciones diversas, generaciones, clases, razas y pueblos étnicos. Un gran mapa es indispensable para pasar a la formulación de una intervención que alcance al epicentro del problema desde la diversidad de sus manifestaciones y pueda transformarlo”, aclaró Segato.
Además, la antropóloga enfatiza en la importancia de estudiar el comportamiento de los varones. Las masculinidades son, según el doctor en filosofía cubano Ramón Rivero Pino: “Significaciones y prácticas asociadas a las distintas formas de ser hombre”. Son formas instituidas por el sistema educativo, económico, cultural y social. El trabajo de Rita Segato se interesa en los mecanismos de la masculinidad y explicó que, en una situación de encierro y amenaza, donde hay limitaciones de otras actividades por fuera de la casa, el hombre, según el mandato de la masculinidad, puede sentirse ‘emasculado’ (extirpación de los genitales masculinos). Es decir, menos hombre. Según el estudio de Segato, la situación de ‘emasculación’ se restaura con violencia.
En muchos países de América Latina se aborda a los varones que han sido violentos de manera pedagógica. En Cuba existe un programa iniciativa del gobierno llamado Masculinidades responsables. En México hay una línea telefónica de atención para hombres que están a punto de cometer violencia. En República Dominicana existe el Centro de Intervención Conductual para Hombres, el cual imparte programas psicológicos y terapéuticos a hombres que han sido sometidos a la justicia por casos de violencia de género. En Costa Rica, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se está elaborando una campaña dirigida a hombres sobre el manejo del enojo y control. En Uruguay, un colectivo llamado ‘Traidores de papá’ organiza encuentros y talleres para cuestionar el mandato de ‘ser machos’.
Desde Bolivia, Adriana Guzmán, referente del Movimiento Feminista Comunitario Antipatriarcal y de la red Feministas de Abya Yala (América Latina en lengua originaria kuna) aporta que, en la búsqueda de una solución estructural a la violencia de género, se debe trabajar en que los casos de agresión no queden impunes. “Hay menos índices de violencia de género y de feminicidios en las comunidades donde trabajamos porque los agresores tienen menos impunidad. No se puede matar a la pareja y quedarse viviendo en la comunidad”.
En línea con una justicia comunitaria, los casos de violencia son tratados con medidas que enseñen al resto de las personas y no de una forma punitiva, a pesar de que haya una medida de castigo, tal como la expulsión de la comunidad. El mensaje en las ciudades, donde hay impunidad, enfatiza Guzmán, es que una persona puede agredir a las mujeres sin que pase nada.
Guzmán agregó que no son suficientes las políticas de los Estados, pero que hay que tener la certeza de que no será el Estado quien termine con la violencia, sino que es el actor que la administra. “Es el Estado con sus líneas que casi nunca funcionan, con su policía que llega tarde sin ninguna solución, con su incapacidad en los centros de refugio, el que gestiona para que quede un mensaje claro. Si no hacemos lo que debemos en un mundo patriarcal, nos van a golpear, nos pueden matar”.
En un contexto de emergencia, la posición debe ser de escucha, afirmó Segato. Indagar en lo que está sucediendo en América Latina, analizar y actuar en consecuencia es crucial para dar respuesta a las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Que por la desigualdad de género, son ellas quienes más sufren la tormenta que significa esta crisis mundial.
*Nicole es argentina y Carlos es colombiano. Ambos son periodistas.
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Este reportaje fue producido por la cuarta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y dos periodistas aliadas. Hace parte del especial Violentadas en cuarentena, una investigación colaborativa y regional hecha en 19 países de América Latina sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la Covid-19.
