¿Un guerrillero llevaría la "dignidad" de magistrado? | ¡PACIFISTA!
¿Un guerrillero llevaría la “dignidad” de magistrado?
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¿Un guerrillero llevaría la “dignidad” de magistrado?

Staff ¡Pacifista! - Noviembre 12, 2015

Las Farc presentaron sus condiciones para ser movimiento político. Insisten en la asignación de curules directas y piden asiento en el Consejo Nacional Electoral.

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El negociador guerrillero “Benkos Biohó” fue el encargado de la lectura del comunicado. Foto delegación de paz de las Farc.

 

La delegación de paz de las Farc presentó el miércoles los detalles de lo que, a juicio de esa guerrilla, sería indispensable para el paso de sus combatientes de la selva y los fusiles a la política. Ese aspecto hace parte de su cuarta propuesta para abordar el punto sobre el fin del conflicto que ya se discute en La Habana.

Entre las ocho “condiciones” que pone la guerrilla está que se garantice de forma indefinida la personería jurídica del movimiento político que surja de las Farc, eso significa, en otros términos, que esa organización pueda existir legalmente, contar con el aval para tener candidatos y participar en elecciones sin importar el número de votos que obtengan o si ellos son suficientes para contar con representantes en el Congreso.

Además, las Farc solicitan participación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un número no especificado de curules asignadas en la Cámara de Representantes, el Senado y otros órganos de representación de manera directa. Es decir, sin pasar por elecciones.

Un exguerrillero sería magistrado 

Aunque la polémica se ha centrado en las curules directas, la mayor novedad en este nuevo pronunciamiento está en la solicitud de que se le asigne a la guerrilla “asiento para el Consejo Nacional Electoral”. Es decir, un representante del movimiento político que se cree en virtud del desmonte de las Farc llegaría a ese organismo y recibiría el título de magistrado.

Allí asumiría, junto a las demás personas que integran el CNE, la función de regular  la actividad electoral de movimientos, partidos y candidatos. Ese órgano tiente también la tarea de vigilar  todo el sistema electoral para garantizar que se cumplan las garantías necesarias en elecciones.

Entonces, que un integrante de ese nuevo movimiento llegue a esa corporación no parece una posibilidad tan descabellada si se tiene en cuenta que los nueve magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República, de listas conformadas por los mismos partidos y movimientos que cuentan con senadores y representantes a la Cámara. Eso, en términos prácticos, supone la exclusión del Consejo de los sectores minoritarios.

Ya algunos dicen que, de aceptarse la propuesta de las Farc de obtener curules en el Congreso sin pasar por las urnas, existiría la posibilidad de que logren tener un representante en el CNE sin que se les abra una silla ‘a dedo’ o, incluso, que en una alianza con otros partidos de izquierda lleven a uno de sus miembros al Consejo Electoral.

¿Congresistas sin pasar por elecciones? 

En lo que se refiere a las curules, cuyo número, dice el comunicado de las Farc, deberá ser pactado por las partes en la mesa de conversaciones, las Farc señalan la necesidad de “suministrar los arreglos institucionales, constitucionales y legales, requeridos para poner en marcha una ‘Circunscripción especial de paz’”. Y ahí es donde empieza el lío.

El tema de esa circunscripción se ha tratado desde noviembre de 2013, momento en que se logró el acuerdo de participación política. De acuerdo con el comunicado conjunto publicado entonces, las curules serían solo en Cámara y no para las Farc, sino para las regiones:  “Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias”.

Poco después del anuncio, el Gobierno explicó sus alcances e insistió en que esa fórmula sería de carácter transitorio y que no consistiría en la entrega de escaños a la guerrilla. “Serán a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan representantes adicionales. Algunos dijeron que son circunscripciones para las Farc. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación en nombre de movimientos u organizaciones. Eso sí, diferentes a los partidos ordinarios”, dijo el jefe negociador Humberto de la Calle.

Entonces, se trataría de una competencia democrática abierta entre movimientos políticos y sociales de esas regiones —que podrían incluir a un partido conformado por antiguos integrantes de las Farc—. La garantía para el éxito de esa propuesta, según se dijo, es que esa participación en ningún caso podría estar mediada por presiones armadas y que, por tanto, solo se haría efectiva luego de la entrega definitiva del arsenal guerrillero.

Eso, sin embargo, se distancia de lo solicitado ahora por las Farc, pues su interpretación de una circunscripción especial de paz no implica su participación en igualdad de condiciones en unas elecciones democráticas, sino su llegada exprés al Congreso de la República y, eventualmente, a concejos distritales y municipales, y a las asambleas departamentales.

Con la propuesta publicada este miércoles las Farc le dieron desarrollo a la idea que ya habían dado a conocer el pasado 7 de noviembre. En esa oportunidad el comunicado de la guerrilla especificó que esas curules de asignación directa deberían mantenerse durante por los menos dos periodos y que su participación en concejos y asambleas se daría “en lugares de comprobada presencia e influencia” guerrillera.

El debate de fondo, más allá de si estas nuevas condiciones se acoplan a lo acordado en el punto de participación política, se encuentra en el precio que estaría dispuesta a pagar la sociedad colombiana y, en particular la clase política, a cambio de la firma de un acuerdo final. Es esa clase política la que, por medio del ejercicio libre y democrático de la política, o muchas veces por medio del clientelismo y la corrupción, ha ocupado la mayor parte de los organismos de representación.

Que irrumpa un nuevo actor, con unas reglas de juego distintas, plantea un reto importante no solo para garantizar la vigencia de los proyectos políticos de las minorías, sino a la hora de que quienes representan modelos distintos de país puedan gestionar sus diferencias desde sus curules, con incidencia real, y no desde un lugar marginal o por medio de la violencia.