#OPINIÓN | Lo más frustrante es que la pandemia afecta con más fuerza a quienes históricamente han sufrido el abandono del Estado. Saber que se necesita de una crisis como esta para darnos cuenta de tal encrucijada es traumático.
Por: Julián Gutiérrez y Randy Perez*
Existe un dicho del Caribe colombiano, muy popular entre la población de la alta Guajira, que remite a las consecuencias terribles de un suceso natural o inesperado que barre con todo a su paso: hacer barrejobo. Por estos días, a propósito de la crisis mundial que enfrentamos por cuenta del Covid-19, se suele decir entre los pobladores que: “Si el virus ese llega por aquí, seguro hace barrejobo”. Y es que tras dos años de haberse proferido la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declara un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la violación sistemática de los derechos a la salud, alimentación y agua potable del pueblo Wayúu, la situación de las comunidades indígenas sigue siendo crítica.
Los wayúu, el pueblo indígena más numeroso de nuestro país, han vivido de cerca los impactos de la desigualdad, el abandono del Estado y los estragos de varios brotes de cólera, dengue y carbunco. Por eso, tanto las comunidades como varias organizaciones que conforman la veeduría para la implementación del ECI[1], se han movilizado para exigir respuestas inmediatas ante la crisis sanitaria, atravesada por una deuda histórica del Estado con las comunidades. Tres problemas estructurales preocupan especialmente: acceso a comida, agua y atención en salud.
La alimentación es una cuestión que entre los wayúu pareciera reducirse al simple hecho de tener una ración diaria de subsistencia y no a la garantía de un derecho, situación que afecta principalmente a los niños y niñas. Según cifras entregadas a la Corte Constitucional, entre 2010 y 2018 más de 4.770 niños fallecieron por causas asociadas a la malnutrición. Es por esto que la atención a los menores no da espera: el Programa de Alimentación Escolar (PAE)-aunque desde su implementación ha tenido problemas de cobertura, cantidad, calidad y administración- debe seguir siendo garantizado en tiempos del Covid-19, ya que en ocasiones es la única comida diaria a la que tienen acceso los niños y niñas indígenas. Aunque el Gobierno Nacional asegura que el PAE seguirá llegando hasta sus casas, la veeduría ya ha denunciado irregularidades.
Además, la alimentación en el marco de la pandemia es un problema de toda la comunidad: el aislamiento les impide a los indígenas el comercio de artesanías, una de las principales actividades económicas que usan los wayúu para acceder al sustento. Las comunidades dispersas se encuentran a varias horas ‘a pie’ para conseguir alimento en los centros poblados. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación de manera suficiente, nutricionalmente adecuada y culturalmente aceptable para toda la población, como una política articulada ante la pandemia y no mediante ayudas aisladas.
Otro problema está relacionado con el acceso al agua. Como en estas zonas marginadas pareciera que el Estado colombiano no quiere llegar, no cuentan con un suministro permanente de agua potable. Según cifras del DANE, para 2018 el 71,6 por ciento de las familias rurales de La Guajira no contaban con acceso a acueducto. [2] Por eso, su principal fuente de aprovisionamiento son los pozos y jagüeyes, agua no tratada o los carrotanques que a veces envía la Gobernación. El acceso a este líquido es vital para que las comunidades cocinen y puedan incluso implementar medidas sanitarias como el lavado constante de manos. Varias acciones se han anunciado desde el Gobierno, como la destinación de 750.000 litros de agua del río Ranchería para distribuir entre la población dispersa. Esto es una buena señal. Sin embargo, tras varios días desde el anuncio presidencial, la implementación no ha comenzado.
Finalmente, el acceso a servicios de salud es un problema viejo y madurado. Es sorprendente que a pesar de la crisis humanitaria, junto a los demás brotes epidémicos, en La Guajira solo hayan 75 camas de cuidados intensivos (37 de ellas en uso) y 40 ventiladores para una población cercana a las 900.000 personas. Además, los profesionales de la salud denuncian una falta importante de equipos de bioseguridad e insumos básicos hospitalarios. En el Hospital de Maicao se instalaron 25 nuevas camas donadas por Acnur para la atención de posibles casos de Covid-19, de la misma forma que han llegado donaciones privadas de algunos insumos. No obstante, el Gobierno Nacional no parece tener una respuesta clara ante la crisis.
Ante esta situación, ¿qué opciones existen? En estos tres sectores debiera existir una política enmarcada en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Sin embargo, los avances son pocos. Aunque el Gobierno estableció unos lineamientos generales, no hay una estrategia clara dirigida a garantizar el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, aún cuando la Procuraduría ha hecho un llamado para construir un plan especial de salvaguarda al pueblo Wayúu. La veeduría ciudadana del ECI ha propuesto alternativas para garantizar sus derechos durante la crisis: (1) un plan de acción para garantizar servicios básicos esenciales; (2) continuidad en la prestación del PAE; (3) mercados básicos y culturalmente apropiados; y (4) acceso permanente a agua potable y a la salud con enfoque diferencial, entre otros. Asimismo, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se han construido unas orientaciones sobre salud tradicional e intercultural que pueden ser de utilidad.
Lo más frustrante es que la pandemia afecta con más fuerza a quienes históricamente han sufrido el abandono del Estado. Saber que se necesita de una crisis como esta para darnos cuenta de tal encrucijada es traumático. Desde sus tradiciones ancestrales y espirituales, los indígenas Wayúu buscan hacer frente al avance del virus. Sin embargo, se necesita de un plan especial e inmediato por parte del Gobierno Nacional que esté coordinado y concertado con los médicos y las autoridades tradicionales. Que sea coherente con el ECI y el contexto cultural de las comunidades, ya que nos enfrentamos, nada más y nada menos, que a la pervivencia del pueblo, porque en esta situación de vulnerabilidad y sin respuestas del Estado, llegará el virus y seguramente sí hará barrejobo.
[1] La veeduría está compuesta por la experta Omaira Orduz Rodríguez, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI).
[2] Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV).
*Gutiérrez y Perez son investigadores de Dejusticia.
