Justo cuando se empieza a decidir sobre el regreso de la fumigación con glifosato en Colombia, la Coccam lanza una campaña para visibilizar nuevamente las problemáticas de quienes viven de cultivar hoja de coca.
Hace unas semanas, en Proyecto Coca les contamos que la fuerza pública esta aprovechando la cuarentena por la emergencia del Covid-19 para erradicar forzadamente cultivos de coca, lo que ha provocado enfrentamientos con campesinos y familias que están en proceso de sustitución o que aún viven de la hoja de esa planta. Nos llegaron reportes de Putumayo, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, entre otros departamentos.
Sumado a esto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viene adelantado reuniones informativas virtuales sobre el futuro del uso del glifosato en Colombia para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Aunque solo son informativas, pues la audiencia clave sobre este tema fue agendada para el próximo 27 de mayo, las organizaciones de cultivadores de coca señalan que se está vulnerando el derecho a la participación de las comunidades en la toma de una decisión tan importante como es el regreso de la aspersión aérea con glifosato. De hecho, armaron una petición para suspender la audiencia, que también es virtual (si la quieren firmarla, aquí le dejamos el enlace).
Por lo visto, el Gobierno Nacional quiere solucionar el problema del narcotráfico solo, sin las comunidades o las familias de los territorios en donde se siembra coca, pese a la existencia de un programa integral de sustitución —El PNIS, que surge del Acuerdo de paz con las Farc—. Son ellas el primer eslabón de la cadena de un negocio que puede representar hasta 19 billones de pesos en la economía colombiana, pero del que les corresponde una pequeña porción de las ganancias. Además, sobre ellas pesan estigmatizaciones y prejuicios.
Ahora bien, ¿cómo respaldar a esas comunidades y familias que se dedican al cultivo de hoja de coca? Lo primero es entender sus realidades. Ese es el objetivo de la campaña ‘Rostro que siembran’, liderada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
La Coccam, con apoyo de otras organizaciones, adelantó una investigación para evidenciar el panorama actual de quienes viven de esa labor. Al menos 230.000 familias campesinas, afro e indígenas de 17 departamentos tienen como único ingreso económico el cultivo de hoja de coca. ”Estos territorios hace años fueron marginados del desarrollo del país y sufren el abandono histórico del Estado. Esto se puede evidenciar en que la inversión social y las políticas para fortalecer el campo allí son nulas. Una de las repercusiones es que hoy por hoy no haya otras oportunidades económicas”, dice Arnobi Zapata, delegado nacional de la Coccam.
Dedicarse a la coca ha permitido a esas familias tener cierta sostenibilidad económica en medio del conflicto armado. Esta información no es nueva —en repetidas ocasiones hemos hablado de esto en Proyecto Coca—, pero vale la pena recordarla en momentos donde el Gobierno Nacional plantea como solución al narcotráfico y a los cultivos de uso ilícito la erradicación forzada y el regreso de la aspersión aérea con glifosato, en vez de invertir más recursos en educación, salud e infraestructura.
Incluso, y a falta de apoyo estatal, las familias destinan una parte de los ingresos que les llega por la coca para iniciativas comunitarias, como el arreglos de vías terciarias o mejoras en escuelas.
“El trabajo con cultivos de hoja de coca en sí mismo es un proceso de resiliencia de las comunidades en un contexto de guerra, que ha permitido un avance social y, particularmente, mayor inclusión de las mujeres y los jóvenes en dicha economía”, se lee en la investigación.
Frente a esta realidad, ¿dónde queda el PNIS? Como lo hemos explicado en Proyecto Coca, este programa integral de sustitución se planteó como la ruta para que las familias dedicadas a la hoja de coca cambien hacia una economía lícita. Sin embargo, el camino ha sido complicado. “La implementación del Acuerdo no avanza y las esperanzas de cambio de las familias que ingresaron en el proceso (es decir, el PNIS) quedaron truncadas: se quedaron sin sostén económico pues aún no llegan alternativas productivas”, señala Zapata. Las denuncias de incumplimiento del programa, como la que hace el delegado nacional de la Coccam, son recurrentes.
Ese camino hacia una economía legal se hace más complejo si le sumamos el asesinato de 58 miembros de la Coccam hasta marzo de este año. ¿Los responsables? En su mayoría, grupos armados que se benefician del negocio del narcotráfico y se oponen a la sustitución de cultivos ilícitos.
‘Rostro que siembran’ quiere convertirse en una reflexión acerca de las soluciones que se requieren para superar el problema de los cultivos de uso ilícito y para mejorar la calidad de vida de las familias cocaleras en Colombia. A su vez, quiere aportar en la construcción de paz. Por eso desde Proyecto Coca y Pacifista! nos unimos a la campaña.
Esperen en los próximos días otros contenidos relacionados a ‘Rostros que siembran’.
