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Se abrió la puerta a la implementación: la Cámara también refrendó el Acuerdo
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Se abrió la puerta a la implementación: la Cámara también refrendó el Acuerdo

Staff ¡Pacifista! - noviembre 30, 2016

Con 130 votos, la corporación respaldó los acuerdos de La Habana.

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Luego de más de 11 horas de debate, la Cámara de Representantes refrendó el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Fueron 130 votos a favor contra cero, que se sumaron a los 75 votos favorables que recibió el Acuerdo este martes en el Senado.

Vea también: Los 10 momentos de la aprobación en el Senado del nuevo acuerdo de paz

El triunfo del Sí en el Congreso le abre la puerta a la implementación de lo pactado en La Habana a través de leyes y actos legislativos que deberán pasar por esa corporación, y que podrían aprobarse rápidamente si la Corte Constitucional deja en firme el procedimiento de fast track contemplado en acto legislativo para la paz. Paradójicamente, mientras transcurría el debate, el Gobierno anunció que los ya infructuosos diálogos de paz con el ELN se suspenderán hasta enero de 2017.

La discusión en la Cámara, que arrancó con las intervenciones del jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, y del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se encendió rápidamente cuando pasó al micrófono el exprocurador Alejandro Ordóñez en representación del No. Tan pronto empezó la intervención, los representantes por el Partido Verde alzaron una pancarta que decía “Ordóñez anulado por corrupto”, en alusión a la sentencia del Consejo de Estado que destituyó a ese exfuncionario en septiembre pasado. En medio del alboroto que generó la protesta, el presidente de la corporación, Miguel Ángel Pinto, logró que los verdes bajaran la pancarta y que los congresistas del Centro Democrático (CD) retiraran sus carteles de “no al conejo”.

Mientras eso sucedía en el recinto, en la Plaza de Bolívar también se caldeaban los ánimos. Hacia el medio día, decenas de manifestantes por el No, que también protestaban contra la reforma tributaria, se plantaron frente al Capitolio y enfrentaron a los jóvenes por el Sí que le hacían veeduría al proceso de refrendación. Hubo discusiones acaloradas, y el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) declaró que desconocidos sabotearon su sistema de sonido. La tensión creció con la presencia del candidato presidencial por el CD Óscar Iván Zuluaga, que respaldó a los del No. Más tarde, el grupo abandonó la Plaza.

La discusión en la Cámara volvió a salirse de tono cuando el representante del Partido Verde Inti Asprilla denunció que su colega del CD Álvaro Prada “insultó” al también congresista Óscar Ospina. Asprilla dijo que “aquí no caben actitudes de paramilitares”, mientras Prada le contestó que “cuando se quedan sin argumentos nos acusan de paramilitares” y que “esa es la gana que tienen de paz”. A la discusión se sumó el representante Jorge Tamayo, que visiblemente alterado gritó: “vamos a ver cómo es la cosa, porque aquí la gente no puede venir amenazando”. Minutos antes, Eduard Rodríguez, del CD, les había pedido a los promotores del Sí que no centraran el debate en el expresidente y senador Álvaro Uribe.

Tal como ocurrió en el Senado, los representantes de la llamada coalición por la paz intervinieron en defensa del acuerdo,  a la par que los del CD insistieron en que el Congreso no es el escenario adecuado para refrendar lo pactado. En medio del debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que el Consejo de Estado emitió un concepto según el cual el Congreso sí puede aprobar o rechazar el Acuerdo.

Hacia las 6:30 de la tarde, cuando ya habían transcurrido más de nueve horas de debate, algunos representantes manifestaron que ya había “suficiente ilustración”. La proposición fue sometida a votación, pero fue derrotada, por lo que la discusión se prolongó otras dos horas. Entre tanto, Federico Hoyos, uno de los congresistas más jóvenes del CD, cuestionó que representantes de departamentos donde ganó el No defendieran el Sí y dijo que las Farc eran una minoría que debían acomodarse a las reglas de la mayoría. Congresistas de departamentos afectados por el conflicto, como Chocó y Nariño, defendieron los acuerdos y dijeron que sus pueblos les habían dado un mandato por la paz.

Pasadas las 8 p. m., y agotada la discusión, la representante por el partido Liberal Clara Rojas dio las palabras finales. Rojas, que duró seis años secuestrada por las Farc, dijo que ya había perdonado a sus victimarios e invitó a sus colegas a votar por el Sí para impedir que surgieran más víctimas. Los representantes del CD, como hicieron sus pares del Senado, se retiraron del recinto y se abstuvieron de votar con el argumento de que no pueden apoyar “la ilegalidad para refrendar los nuevos acuerdos”.

Como el quórum se mantuvo, la votación se hizo y ganó el Sí, desatando aplausos y abrazos entre los delegados del Gobierno y los congresistas de la coalición por la paz, que sostenían velas.

Con esa decisión, sumada a la del Senado, el Gobierno tiene las puertas abiertas para tramitar las reformas y las nuevas leyes que se requieren para la implementación. Según consta en el acuerdo del Teatro Colón, los primeros proyectos que el Ejecutivo le presentará al Congreso son la ley de amnistía e indulto, el acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Constitución y la ley de creación de la unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos.

Para tramitar los proyectos de una forma más expedita, el Gobierno está a la espera de que la Corte Constitucional le dé la venia al fast track. Esta semana se conoció una ponencia de la magistrada María Victoria Calle que avala ese procedimiento abreviado, aunque lo supedita a la refrendación popular. En distintas ocasiones, Cristo ha dicho que el Congreso es el representante del pueblo y que puede refrendar el Acuerdo a su nombre. Los miedos de los congresistas, sobre quienes pesaba el fantasma de una demanda por prevaricato, fueron disipados por el Consejo de Estado.

Así las cosas, y según el Acuerdo, este jueves arrancaría el día D, que es el primero de un procedimiento que dura 180 días y que contempla la concentración y el desarme de las Farc. En una ceremonia de ascensos del Ejército, el presidente Juan Manuel Santos declaró que “mañana comienza el día D” y que “antes de finalizar el año, el 30 de diciembre, todos los excombatientes deben estar concentrados en estas zonas veredales”. No obstante, las Farc han dicho públicamente que el proceso de desarme sólo empezará a correr cuando el Congreso apruebe la ley de amnistía, que les da seguridad jurídica a los combatientes que no serán procesados por crímenes graves.

La paz con el ELN, en veremos

Luego de un largo tire y afloje por la liberación del excongresista Odín Sánchez —condenado por “parapolítica”—, y por el indulto de dos guerrilleros, el Gobierno anunció que la negociación con el ELN se suspenderá hasta el 10 de enero de 2017. La razón es que esa guerrilla se irá “a consultas internas” hasta esa fecha, cuando se retomarán las reuniones para definir si, finalmente, es posible instalar la fase pública de diálogos.

El Gobierno declaró que “es categórico ante la opinión pública sobre los indultos a dos de los militantes de ésta guerrilla que fueron acordados el 6 de octubre en Caracas: Los casos que serían objeto de este procedimiento deben cumplir estrictamente con las condiciones que dispone la ley vigente”. Eso significa que el Gobierno no podrá indultar a las dos personas que el ELN pide poner en libertad en virtud de esa acuerdo humanitario. La razón es que ambos, cuyos nombres se desconocen, están condenados por otros delitos además de los políticos.

Aunque las leyes colombianas no lo contemplan, el ELN dijo en un comunicado emitido este martes que los indultos deberían regirse por el Derecho Internacional Humanitario y que, por esa vía, el Gobierno puede sacar de la cárcel a personas condenadas por “dar muerte en combate a un combatiente” y “tomar prisioneros como producto de combates”; es decir, por homicidio y secuestro.

Mientras transcurren esas discusiones, a las partes se les acaba el tiempo para poner en marcha la negociación, que incluye una agenda abierta con amplia participación de la sociedad civil.