En el Acuerdo de Paz, el gobierno colombiano y las Farc propusieron un modelo que privilegiara el desarrollo social y productivo de las zonas donde se cultiva coca.
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Por: Andrés Bermúdez Liévano
Desde los años 70 y hasta hace apenas un par de años, la política de drogas global tenía una meta común: lograr un mundo libre de drogas. Eso comenzó a cambiar en 2016, cuando en la asamblea especial de Naciones Unidas sobre drogas, se empezó a romper ese consenso y varios países pidieron un enfoque más práctico. Es utópico pensar que habrá un mundo libre de drogas, argumentaron.
Lo que deberíamos tener, propusieron, es un mundo libre de abusos de drogas. Ese pequeño giro en el lenguaje demostró, por fin, que el consenso mundial en torno al prohibicionismo de las drogas está roto y que hay cada vez más países dispuestos a pensar en nuevas maneras de enfrentar el problema que puedan tener mayor eficacia.
Esta visión entendió que existe una demanda de drogas y que ésta es satisfecha por mercados ilegales controlados por organizaciones criminales. Por eso, quizás valdría la pena repensar el esquema y considerar si no es mejor que sean los Estados los que lo controlan, pensando en el bienestar de sus ciudadanos.
Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Global de Política de Drogas, un grupo de 25 ex presidentes, primeros ministros y conocidos diplomáticos de todo el mundo (entre ellos César Gaviria) que se ha convertido en una de las voces más importantes en pedir darle un giro a la ‘guerra contra las drogas’ que lanzó Richard Nixon en 1971 y a la mirada punitiva que a la larga ha resultado más contraproducente que útil para resolverlo.
En los informes que hacen cada año, este grupo de ‘viejos sabios’ –desde el recientemente fallecido Kofi Annan o el Nobel de Paz José Ramos Horta hasta los latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, Mario Vargas Llosa y Ricardo Lagos- han venido insistiendo en luchar menos contra los consumidores y más contra el crimen organizado, en pensar cómo pueden los gobiernos regular los mercados de drogas como la marihuana para reducir los daños, en tratar el consumo como un problema de salud pública o –hace un año– en qué lenguaje usar (y no usar) al hablar de consumo de drogas.
Este año se centraron en por qué convendría pensar en la regulación poco a poco de los mercados de drogas. Estas son 5 razones potentes para considerarlo:
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Se trata de quitarle el negocio al crimen organizado
Uno de los riesgos asociados a las drogas está en las redes criminales que controlan el negocio, que no solo se quedan con sus ganancias sino que con frecuencia están detrás de la violencia y la corrupción alrededor de la cadena. Quitarles ese monopolio ayudaría a reducir el impacto de esas drogas sobre la salud pública.
“¿Quién debería asumir el control de estas sustancias que conllevan riesgos graves para la salud: el Estado o el crimen organizado? Estamos convencidos de que la única respuesta responsable es regular el mercado, establecer regulaciones adaptadas a la peligrosidad de cada droga y monitorear y hacer cumplir estas regulaciones”, escribe la ex presidenta suiza, Ruth Dreifuss.
La regulación es, argumenta la Comisión, “una forma responsable de administración del riesgo por parte de los gobiernos” y puede ayudar a que el control de las drogas pase de manos de mercados criminales no regulados a agencias gubernamentales especializadas en el tema.
El tamaño de esa industria ilegal es uno de los indicadores del fracaso de las políticas antidrogas en los últimos 40 años: Unodc, el brazo en temas de drogas de la ONU, calculaba en 2005 que equivalía a $320 mil millones a nivel minorista — o todo el comercio de textiles en el mundo—.
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Los Estados ya saben regular y, en muchos casos, regulan bien
Se puede tomar cerveza, pero no manejar un carro después de tomarla. Ya no se puede vender pólvora a cualquier persona en muchas ciudades colombianas. Hay ciertos medicamentos que solo se pueden comprar con la receta de un médico. La promoción de una marca de ropa o la etiqueta de unas papas fritas no pueden ser engañosas. Las cervezas y los cigarrillos ya no pueden patrocinar eventos deportivos en muchos países.
Estos son apenas cinco ejemplos de cómo el Estado ya regula productos y comportamientos que, dependiendo de cómo se asumen, son riesgosos para más personas. Una persona o una empresa que no cumpla, puede ser sancionada por la Policía, la SIC o la Superintendencia de salud según el caso.
De hecho, todos los días el Estado regula decenas de comportamientos. Decenas, menos las drogas. Como dice la Comisión, “la regulación aborda la realidad del riesgo de una situación o producto, en nuestras vidas y comunidades”.
Eso implica establecer reglas de juego basadas en la evidencia científica de qué funciona y qué no, además de asegurar su cumplimiento, aplicar sanciones a quienes no las siguen y monitorear en el tiempo que efectivamente se están implementando correctamente. También implica una lista de parámetros muy estrictos sobre lo que no debe suceder, como la venta a menores de edad o el monitoreo de la información en el empaquetado.
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Entre más dura la prohibición, más fuertes las sustancias
Una de las lecciones de las distintas iniciativas de prohibición es que entre más dura ésta, más duras también las sustancias que circulan en el mercado negro.
¿Por qué sucede esto? Al endurecer la ley, e incrementar el costo de la ilegalidad, los grupos que controlan esas redes optan por buscar sustancias que sean más fáciles de esconder y de mover. Eso significa no solo sustancias más pequeñas y concentradas, sino –con frecuencia- más potentes y riesgosas.
De ahí que, como ha contado Proyecto Coca, hayan surgido proyectos en varios países —incluido Colombia— de hacer análisis gratuitos de sustancias en lugares de fiesta, para poder advertir a los consumidores que lo que recibieron no es lo que esperaban o que es una sustancia inusualmente peligrosa. Quien asume ahí el costo es el sistema de salud, que se ve recargado por tener que asumir las consecuencias de consumos más riesgosos que terminan en un mayor número de problemas médicos.
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No hay una fórmula mágica, sino que se debe diseñar caso por caso
Decidir regular los mercados de drogas no significaría meterlas a todas en la misma canasta. De hecho, todo lo contrario: hacerlo bien requiere diferenciar entre cada una y gradualmente diseñar reglas de juego que permitan entender dónde están los riesgos y cómo se mitigan, así como tener la capacidad de ir evaluando sobre la marcha qué está funcionando y qué no.
En esa escala, las sustancias más riesgosas —como la heroína inyectable— deberían tener controles muchísimo más estrictos en términos de prescripciones médicas que las menos riesgosas, como la marihuana. En otras palabras, plantea la Comisión, la disponibilidad de drogas se debería restringir más en la medida en que aumentan sus riesgos y en todo caso debe haber controles estrictos, por ejemplo, en la no venta a menores de edad. Por eso, la Comisión recomienda comenzar con esquemas de regulación de esas drogas de menor riesgo.
El énfasis en la regulación debería estar, insiste la Comisión, ligado estrechamente a una inversión igualmente importante en educación. Para Kofi Annan, el recientemente fallecido secretario general de Naciones Unidas y Premio Nobel de Paz, el mejor ejemplo de esto se ha logrado con el tabaco.
“Los pasos tomados con éxito para reducir el consumo de tabaco, una adicción muy poderosa y dañina, muestran lo que se puede lograr. Es la regulación y la educación, no la amenaza de prisión, lo que ha reducido el número de fumadores en muchos países. Los impuestos más altos, las restricciones de venta y las campañas antitabaco eficaces han dado los resultados apropiados”, decía Annan.
Hay varias maneras de regular la oferta y demanda de las drogas, propone la Comisión, que se usan a diario en otros productos. Una es la prescripción médica, en que profesionales de salud certificados pueden prescribir drogas a personas que tengan dependencia, para ayudarles a reducir los riesgos en el consumo (por ejemplo, las jeringas usadas) y evitar riesgos de sobredosis (comunes en personas que dejan la heroína de manera inmediata), como sucede en Suiza y sus clínicas que proporcionan heroína médica. Otra son farmacias especializadas y con licencia, con profesionales certificados para la venta minorista de drogas menos riesgosas, como ocurre en Uruguay con el mercado de cannabis. Una más es la venta minorista con licencia, como las que Canadá está impulsando para la venta de cannabis.
A su vez, toda regulación debería ir acompañada por un monitoreo y una evaluación científica que permitan medir con claridad si está siendo efectiva y tener en cuenta cualquier impacto negativo que surja.
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Poner a la gente más vulnerable en la parte alta de prioridades
De la mano de quitarle los mercados al crimen organizado, viene la necesidad de enfocarse en las poblaciones más vulnerables que ocupan el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico como los campesinos que cultivan coca en Colombia, que no se lucran con el negocio y que con frecuencia llegan a éste forzados por la falta de oportunidades y la marginalidad.
En el fondo, propone la Comisión, se necesita que las políticas de drogas estén alineadas por la política de desarrollo social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que tomen en cuenta factores como el acceso a salud y a educación. Esta no es una estrategia novedosa, sino que ha sido puesta sobre la mesa por muchos países, incluido Colombia.
La Comisión también propone que dejemos de hablar de “desarrollo alternativo”, que es la palabra con la que se venía hablando de sustitución de cultivos como la coca —y que el presidente Duque usa con frecuencia—porque se queda corta como solución al problema. Más bien, deberíamos hablar de conceptos más integrales que den cuenta de la importancia de que no solo haya un remplazo de la coca por otra actividad que sí sea lícita, sino que exista realmente un cambio en las condiciones de vida y las oportunidades de la gente.
Por eso propone pensar en conceptos alternos como “medios de subsistencia sostenibles”, el “desarrollo rural en ambientes de drogas” o el “desarrollo alternativo de medios de subsistencia sostenibles”.
En últimas, una ruta parecida a la del Acuerdo de paz, que propone que para salir de la coca se necesita pensar en el desarrollo social y productivo de las zonas donde se ha cultivado, con inversión del Estado en bienes y servicios públicos como carreteras, agrónomos, electricidad, educación y cadenas de comercialización, y no apenas con semillas de uno u otro cultivo sustituto.
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Comisión Global de Política de Drogas. Regulación: el control responsable de las drogas (2018).
