OPINIÓN En los escándalos de tierras, los acusados pasan a ser acusadores para frenar los procesos e investigaciones en su contra.
Columnista: Jhenifer Mojica Flórez
El 20 de julio de 1969, el senador José Ignacio Vives Echavarría, más conocido como “Nacho Vives”, le montó un escandaloso debate a Enrique Peñalosa Camargo – padre de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá-, quien entonces se desempeñaba como Ministro de Agricultura de Carlos Lleras Restrepo.
El argumento de Vives era que Peñalosa, siendo gerente del INCORA, supuestamente cometió actos de corrupción en la compra de tierras que favorecieron económicamente a la sociedad que tenía con Miguel Fadul. Afirmó que Peñalosa jamás había liquidado esta sociedad y que ejercía sus funciones a favor de dicha empresa [1]. El debate pasó a la historia como el más largo, acalorado y mediático de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, dando lugar a la renuncia del ministro Peñalosa [2].
No obstante, este debate fue la cortina de humo que Nacho Vives, con la astucia de político costeño, tendió para ocultar el verdadero lío de tierras que había: Vives, siendo delegado ante la Junta Directiva del INCORA, había ejercido un tráfico de influencias para hacer que dicha entidad le comprara a un alto precio una hacienda en Córdoba al latifundista Manuel Ospina Vásquez– padre de Juan Manuel Ospina Restrepo, ex gerente del Incoder (2010-2012) [3]. Este acto de corrupción, que implicaba la presión realizada por Vives para hacer el negocio, había sido denunciado por Peñalosa ante la Procuraduría y, para defenderse, Nacho Vives montó el debate contra su acusador.
La jugada de Vives consistió en defenderse de sus líos judiciales, ocultando su corrupción, con un debate político a otro corrupto. Y logró ganar, ya que a la historia pasó como un congresista ejemplar que denunció la corrupción del ministro Peñalosa, y no como quien ejerció su cargo para presionar la compra de un predio que lo benefició a él y a sus amigos.
Parece ser una costumbre histórica que en los escándalos de tierras los acusados monten debates contra los acusadores para frenar los procesos e investigaciones en su contra, lograr decisiones políticas que los favorezcan y, absurdamente, ganar legitimidad.
Así como Vives lo hizo en el 69 para burlar la investigación de sus actos de corrupción, lo quieren hacer hoy contra la Ley de Restitución de Tierras los despojadores y quienes se beneficiaron del despojo por el conflicto armado. Así funcionan estrategias como la de la alianza Lafaurie, Cabal y Ordoñez, mediante la discusión de los ocupantes secundarios, o como lo intentan hacer empresas como Argos, mediante la constitución de fundaciones sociales.
Otros que quieren hacer una jugada política para evadir el debate son los de Riopaila Castilla. En el 2013, esta tradicional empresa valluna dedicada principalmente a la producción agroindustrial de caña y comercialización de azúcar, miel y alcohol carburante, con su proyecto Veracruz en la Altillanura (región que comprende los llanos orientales entre los departamentos del Meta y el Vichada), protagonizó el escándalo de tierras más grande en el país, por los artificios jurídicos que se utilizaron para ocultar el acaparamiento de más de 42 mil hectáreas con violación de la ley 160 de 1994 [4].
La ley 160 establece que nadie en Colombia puede acumular más de un predio adjudicable de la Nación, es decir, un predio baldío. Esa restricción existe con el fin de garantizar la función social de la propiedad, la dotación de tierras a población campesina y la redistribución de los recursos agrícolas, que permitan un mejoramiento de la posibilidad de vida para todos.
La trampa que utilizó Riopaila, creada por la firma de abogados Brigard y Urrutia – cuyo socio fundador es Carlos Urrutia, quien para la época en que estalló el escándalo era embajador de Colombia en Washington [5]-, consistió en burlar esa prohibición legal de acumular baldíos, mediante la creación de 27 empresas fachada, algunas en paraísos fiscales (en España y Luxemburgo), que sirvieron de testaferros para comprar más de 40 fincas, cuando la ley prohíbe comprar más de una [6].
Se trataba de tierras baldías que, estando destinadas a la reforma agraria para campesinos, según la Constitución, fueron indebidamente concentradas por este grupo agroindustrial que violó más de 39 veces la ley.
Tras las denuncias de un socio de Riopaila que destapó el torcido [7]; los debates de control político que en el Congreso adelantaron Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo; el escándalo que dio lugar a la renuncia del embajador Urrutia, y las denuncias ante Fiscalía, Contraloría y Superintendencia de Industria y Comercio sobre este caso, estallaron también los escándalos de otros casos similares como el de Cargill (Ver: Divide y comprarás, una nueva forma de concentrar tierras baldías en Colombia, OXFAM), Poligrow [8] (Ver: Reconquista y despojo en la Altillanura, INDEPAZ SOMO), Corficolombiana [9], del grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacific Rubiales [10], y de políticos como Francisco Santos Calderón, los exministros María Fernanda Campo, Rubén Darío Lizarralde y familiares del actual Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia [11], quienes también violaron la ley acumulando tierras.
Replicando la fórmula de evadir el debate de Nacho Vives, Gobierno y empresas dieron un giro de 180° grados al escándalo y propusieron la reforma legal que finalmente se concretó con la ley 1776/16 que creó las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social). Las Zidres son la autorización del Gobierno a todas estas empresas para que acumulen tierras sin límite de extensión, una especie de patente de corso para avalar la violación de la ley y desconocer el deber constitucional del Estado de garantizar la redistribución de las tierras.
Con esa ley, además de extinguir el debate del acaparamiento ilegal de tierras, porque con el aval de Zidres puede legalizarse cualquiera de estos escándalos, quieren maniatar entes de vigilancia y control que adelantan investigaciones penales y disciplinarias contra los autores y funcionarios implicados en las ilegalidades. De paso, sus creadores ganan popularidad y fama al posar de adalides del desarrollo del campo colombiano, unos gestores de la productividad necesaria para el “postconflicto”
Hoy Riopaila, Cargill, Poligrow, Corficolombiana, Indupalma, Pacific Rubiales, y todos los agroindustriales que acumularon tierras, lograron boicotear el debate y salieron triunfantes como Nacho Vives, tras el debate a Peñalosa. Hoy tienen una ley que los favorece y está próxima a legitimarles sus negocios. Ya no son los que hicieron artimañas para violar la ley, sino los impulsores del desarrollo rural en la Altillanura, replicando discursos de progreso y seguridad jurídica de sus inversiones. La ecuación entre tierras, poder político y poder económico, es clara.
Posdata
Hace un par de semanas en una escuela de formación sobre políticas agrarias y Zidres promovida por OXFAM para líderes campesinos de la Altillanura, realizado en Santa Rosalía (Vichada), importantes funcionarios de Riopaila asistieron para continuar con su jugarreta jurídica y política: mintieron afirmando que no tenían tierras y que las que usaban las alquilaban a 30 mil pesos por hectárea anual. De paso, aprovecharon para ofrecerse como gestores del desarrollo y la modernidad en esa región tan olvidada, a través del progreso social e inversión privada.
Mentiras que los incrédulos líderes campesinos asistentes al evento cuestionaron por la realidad que viven y conocen en terreno de un proyecto excluyente que acaparó tierras, que no involucra a trabajadores de la región y que no ha implicado inversión alguna a favor de la comunidad.
Al día siguiente, la Universidad de Los Andes y la Gobernación del Vichada hicieron un evento sobre las Zidres allá mismo en Santa Rosalía, donde el máximo expositor pro Zidres fue nada más y nada menos que el exministro Lizarralde, el mismo involucrado en el ilegal negocio de concentración de baldíos…
[1] El Mundo, Debates históricos, columna de opinión de Pedro Manuel Hernandez Gutierrez, del 8 de febrero de 2007.
[2] El Espectador, El día en que Peñalosa empezó a ser lo que es, columna de opinión de Patricia Lara Salive, del 17 de mayo de 2014.
[3] Ayala Diago, Cesar Augusto. El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970. La Carreta Editores, Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 2006. Pág: 87.
[4] Semana, La ley es (casi) para todos, columna de opinión de Daniel Coronell, del 15 de junio de 2013.
[5] Las dos orillas, El escándalo de las tierras de Riopaila que involucra al embajador Carlos Urrutia llega al Wall Street Journal, artículo publicado el 9 de julio de 2013.
[6] Dinero, Riopaila: La verdadera historia, investigación publicada el 28 de noviembre de 2014.
[7] El Espectador, No puedo quedarme callado, entrevista de Cecilia Orozco Tascón a Rafael Gonzalez Ulloa, del 3 de agosto de 2013.
[8] La silla vacía, El negocio ‘baldío’ de Poligrow, artículo de Andrés Bermúdez del 18 de julio de 2013.
[9] W radio, Corficolombiana defiende adquisición de tierras en los llanos Orientales, el 12 de junio de 2013.
[10] El Espectador, Pacific Rubiales desmiente apropiación ilegal de baldíos, artículo del 12 de noviembre de 2013.
[11] Las dos orillas, Sarmiento Angulo, su hijo y sus baldíos, columna de opinión de Wilson Arias del 14 de octubre de 2014.
