En esta región del país están registrados más de 2.300 cuerpos sin identificar.
Desde 1960 hasta 2018, en Colombia desaparecieron entre 80 y 86 mil personas en medio del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es difícil dimensionar esta cifra, pero tengamos en cuenta que duplica el número de desaparecidos en Guatemala —segundo país de América con más desaparecidos— y un número muy por encima de las cifras de las dictaduras de Argentina o Chile.
Según Naciones Unidas, la desaparición forzada se usa como una estrategia para infundir terror en los ciudadanos; desde los familiares de los desaparecidos hasta las comunidades en las que habitaban. En Colombia, tanto la guerrilla como el Ejército y los paramilitares han desaparecido personas.
La región de los Llanos Orientales es una de las zonas que ha vivido este flagelo. El colectivo jurídico Orlando Fals Borda —organización de Derechos Humanos— presentó un informe hoy en Villavicencio sobre cuerpos de personas desaparecidas en esta región del país y se lo entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que lo tengan en cuenta en los procesos que se vienen de justicia transicional.
“Esto es muy importante porque el país todavía no conoce todo lo que ha pasado en la guerra. Es por esta razón que algunas personas piensan que es mejor vivir en guerra, sin saber lo importante que es la no repetición y la paz en los territorios”, nos dijo Naya Parra, una de las autoras del informe. Según ella, son por lo menos 2.304 cuerpos de personas no identificadas en los cementerios de Villavicencio, San José del Guaviare, La Macarena, Granada y Vista Hermosa.
“Hay personas que siguen esperando a sus hijos, hermanos, amigos, conocidos…”, explica Parra. El hallazgo más relevante y nefasto de este informe es que de los 2.304 cuerpos encontrados se estima que alrededor de 1.700 pertenecen a personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”: personas, en su mayoría jóvenes, que sin tener que ver con el conflicto o con alguno de los bandos fueron asesinados por el Estado o por paramilitares para ser presentados como bajas militares.
Una persona sin vínculos con la guerrilla desaparecía de su casa, y a los meses o incluso días aparecía en otro pueblo vestida como guerrillera, muerta, y presentada como un trofeo de guerra.
Sobre este hallazgo nos habló Ramiro Orjuela, abogado de víctimas de desapariciones: “En esta región de los Llanos Orientales operó el Bloque Central de la guerrilla de las Farc y su secretariado. Con el pretexto de perseguirlos, porque eran el componente más fuerte de esta guerrilla, se cometieron toda clase de violaciones de Derechos Humanos, desplazamientos y asesinatos por parte del Estado y del paramilitarismo”.
Naya Parra, autora del informe, nos dijo que a partir de la presencia guerrillera en esta zona, y de la política combativa del Estado, surgió un fenómeno de “todo vale” para combatir a las guerrillas. Entre más “bajas” presentaba un soldado o una unidad del Ejército, más beneficios tenían, como compensaciones económicos o permisos. Con el afán de mostrar resultados, muchas personas inocentes perdieron la vida.
A esto se le suma, de acuerdo el abogado Orjuela, el hecho de que en los Llanos Orientales tienen una gran producción de petróleo y de comida. Cuando los grupos armados quisieron controlar el territorio, el conflicto se desencadenó con desplazamientos y desapariciones. Incluso, existen evidencias de alianzas entre grupos al margen de la Ley con empresas del sector privado.
Quedan muchas verdades por conocer
Naya Parra cuenta que los números que aparecen en el informe no representan la totalidad de los desaparecidos. Los cuerpos de los cementerios pueden ser una suerte de cifra “oficial”, pero según ella y Ramiro Orjuela, existen otros casos que nunca se documentaron porque corresponden a cuerpos de personas escondidos en fosas comunes, o que fueron lanzados a ríos, lagunas, incinerados o incluso mutilados. También, a nivel nacional, hay personas que apenas ahora están denunciando a sus desaparecidos, por lo que el subregistro puede ser mayor.
Hasta ahora, muchos de los casos ya conocidos se han llevado a la justicia ordinaria, pero por este camino han aparecido obstáculos judiciales y lentitud en las investigaciones. También, en los casos en los que se han hallado culpables, ha sido difícil que entidades como el Ministerio de Defensa reconozca responsabilidades y esté dispuesto a reparar a las víctimas de manera integral.
Por esta razón, el informe sobre la situación de cuerpos encontrados en los Llanos fue entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, un organismo que pertenece a la JEP y que se creó en 2015 en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc con el fin de hallar el rastro de las miles de personas que desaparecieron durante el conflicto armado.
El colectivo Orlando Fals Borda y el Movimiento de Víctimas del Estado (Movice) le están exigiendo a la JEP que implemente medidas cautelares sobre los lugares donde se presume que hay más cuerpos de desaparecidos, como lo son los mencionados cementeriso de los Llanos o el sector de La Escombrera en Medellín.
El problema que enfrenta la JEP es que en este momento, casi tres años después de que se formulara la creación de la Unidad de Búsqueda, y casi dos desde la firma del Acuerdo, esta entidad no ha empezado a funcionar del todo, y todavía se encuentra en una etapa inicial de recopilación de información de los desapecidos. Luz Marina Monzón, directora de esta entidad, dice que los 56 mil millones de pesos necesarios para el funcionamiento de la unidad no han sido desembolsados por parte del gobierno.
